Marcela Villaseñor Saavedra
Expediente 228/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcela Villaseñor Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de catorce de febrero del año en curso (fojas 485 a 488), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión, en donde, por una parte, se concedió la suspensión definitiva; y por otra, se negó dicha medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ley de Transparencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca; en atención a su contenido y al estado que guardan los autos, procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Al respecto, cabe decir, en lo que en la especie interesa que, por sentencia engrosada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARCELA VILLASEÑOR SAAVEDRA, literalmente, para los siguientes efectos: ".para el efecto de restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales afectados, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá dejarse insubsistente el acto de aplicación reclamado, además, no se le deberá aplicar dicho artículo por parte de la autoridad responsable, FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, Sociedad Anónima de Capital Variable. Así también, para el efecto de que el Tesorero Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, le reintegre a la quejosa la cantidad total de $909.03 (novecientos nueve pesos 03/100 M.N.), correspondiente al DESOTUR, que pagó el veintidós de mayo de dos mil diecisiete. De igual forma, para que, en su caso, le restituya los subsecuentes pagos que hubiera efectuado únicamente respecto del aludido Impuesto para el Desarrollo Ecológico, Social y Turístico. (SIC)" (fojas 199 vuelta y 200). Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, misma que tocó conocer al entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el cual fue radicado con el número 27/2018, quien por ejecutoria de trece de noviembre de dos mil dieciocho, modificó la sentencia recurrida, para los efectos siguientes: "a). Para que a la quejosa MARCELA VILLASEÑOR SAAVEDRA, no se le apliquen los artículos 117 y 118 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; b) Para que el Ayuntamiento del Municipal lo de Santa María Huatulco, Oaxaca, a través de la Tesorería Municipal, devuelva a la quejosa las cantidades que haya enterado por concepto de derecho de Impuesto de Desarrollo Ecológico Social y Turístico, y que correspondan al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, única y exclusivamente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que ampara el cobro de la cantidad de $909,03 (novecientos nueve pesos 03/100 moneda nacional), a nombre de MARCELA VILLASEÑOR SAAVEDRA, correspondiente a Impuesto para el Desarrollo Ecológico, Social y Turístico (DESOTUR), que pagó el veintidós de mayo de dos mil diecisiete; y c). Que para el caso que la quejosa ya hubiese pagado alguna otra cantidad por el concepto ya indicado, con motivo de la aplicación de las normas controvertidas (de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete), por las que se otorgó la protección constitucional, deberá restituírsele la misma; sin que la sentencia protectora vincule a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dichas normas, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de las leyes cuestionadas, ni las priva de eficacia general." (foja 437). Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (foja 440), se requirió al Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, por conducto del Tesorero Municipal, para que diera cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Mediante oficio número SMH/AIVA/056/2019, signado por la Síndico Municipal, en representación del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, remitió copia certificada de sesión de cabildo y de un cheque que ampara la cantidad de $909.03 (novecientos nueve pesos con 03/100 moneda nacional), agregando que la quejosa sólo efectuó un pago que realizó el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, por lo que ya no se le siguió aplicando los artículos 117 y 118 de la Ley de Ingresos de dicho municipio, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete (fojas 459 a 477); lo anterior, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, de las copias certificadas de las constancias de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que la autoridad responsable, cumplió con la sentencia ejecutoriada. Ello es así, en primer lugar, porque devolvió a la quejosa la cantidad de $909.03 (novecientos nueve pesos, con 03/100 moneda nacional), lo cual justifica con la copia certificada de la póliza de cheque firmado por la aquí quejosa MARCELA VILLASEÑOR SAAVEDRA (foja 475). En segundo lugar, porque a la quejosa no se le siguió aplicando los artículos 117 y 118 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca (foja 459). Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó a la parte quejosa, el pleno goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declarar cumplida la sentencia en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese; por lista de acuerdos en cumplimiento al auto de treinta de junio de dos mil diecisiete. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada de sesión de cabildo y de un cheque que ampara la cantidad de $909.03, en cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable, Tesorero Municipal, residente en Santa María Huatulco, Oaxaca, a la fecha no ha cumplido con la sentencia ejecutoriada, no obstante el requerimiento formulado según oficio número 2125 recibido el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 453); consecuentemente, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente por conducto de su superior jerárquico, que lo es el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a su legal notificación, la conmine a cumplir sin demora con dicha sentencia. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. II-A
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