Marcela Vega González
Expediente 725/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Aquino Melo
- José Luis Aquino Melo y Otros.
- Marcela Vega González
Actuaciones
- Principal
TRIBUNAL COLEGIADO ADMITE RECURSO DE QUEJA. Por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad capital, por medio del cual notifica el proveído de tres de agosto de la presente anualidad, dictado en el recurso de queja ********************, informando que se admitió el medio de impugnación interpuesto, por la parte inconforme. NOTIFÍQUESE.
- Principal
OFICIO INFORME
- Principal
Agréguese a los autos un escrito a través del cual la parte quejosa interpone recurso queja en contra del proveído de veintitrés de junio del año en curso, dictado en el presente juicio, por tanto, se acuerda: Se tiene a la parte quejosa promoviendo recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo; Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, para que esta la turne al órgano jurisdiccional que corresponda, las siguientes constancias: Informe sobre la materia de la queja; Original del escrito de agravios firmado electrónicamente; y, Original del expediente en que se actúa.
- Principal
NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA VÍA ELECTRÓNICA. Vista la demanda de amparo promovida, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: De todas las autoridades responsables: Omisión de adoptar medidas para preservar condiciones económicas necesarias para el crecimiento adecuado del número de asegurados en pólizas con cobertura de gastos médicos en México. Omisión de velar por la defensa y protección de los derechos de los consumidores del sector financiero, particularmente aquellos que utilizan el contrato de seguro con cobertura de gastos médicos mayores, al generar políticas públicas tendientes a dificultar y/o impedir su acceso; Incumplimiento de las directrices de la Organización de la Naciones Unidas para la protección del consumidor, de nueve de abril de 1985, contenidas en la resolución 39/248, al no establecer ni fomentar las políticas para la regulación y la aplicación efectiva de las normas en el ámbito de la protección del consumidor de servicios financieros; La omisión de velar por el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales de los quejosos al no establecer las acciones necesarias para paragntizar el acceso a los quejosos al sistema financiero, particularmente a la contratación permanente de un contrato de seguro con una cobertura de gastos médicos mayores, vulnerando nuestros derechos como consumidores; Omisión de garantizar el derecho a la salud; Omisión de cumplir con su obligación de velar por la estabilidad del sistema financiero para generar condiciones favorables para el crecimiento económico de los quejosos; Incumplimiento de velar por el desarrollo económico nacional, al menoscabar el sector financiero y perjudicar con sus actos y omisiones a los suscritos quejosos; Omisión de garantizar la protección del derecho a la familia en su carácter de responsables de los derechos de los consumidores, procurando la excesiva e ilegal recaudación de impuestos a nivel federal, con base en criterios notoriamente injustificados para reencausarlos a proyectos de fortalecimiento del ejército y otros; Las consecuencias directas e indirectas, mediatas o inmediatas de todo lo anterior; Del Secretario de Gobernación; Omisión de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, particularmente del Servicio de Administración Tributaria; Omisión de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; Omisión de adecuar los programas de desarrollo económico a las necesidades de la población, particularmente para promover la utilización y el acceso continuo a un contrato de seguro con cobertura de gastos médicos mayores de manera asequible como el que proporciona AXA; Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: Omisión de velar por la defensa de los consumidores del sector financiero, particularmente los que utilizan el contrato de seguro con cobertura de gastos médicos mayores, al permitir al SAT el financiamiento arbitrario de créditos fiscales a AXA, lo cual resentimos los suscritos quejosos en nuestro patrimonio; El Incumplimiento a su obligación de asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; Omisión de cumplir con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que se obligó a no realizar incrementos de impuestos en términos reales; Omisión de garantizar el derecho de acceso a la salud, en su carácter de responsable de la recaudación de impuestos, en especial del impuesto al valor agregado, cuyo acreditamiento pretende impedir a las empresas del sector financiero del área de seguros, como AXA. Omisión de cumplir con el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2020-2024, al dificultar la inclusión financiera, en tanto que no promueve el acceso y el uso de los servicios financieros, particularmente del contrato de seguro y no garantiza esquema de protección al consumidor; Omisión de cumplir con el deber de implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad; Omisión de impulsar la generación de un ambiete de negocios propicios para la creación, operación y crecimiento de un sector privados productivo y competitivo en el ámbito empresarial; Omisión de cumplir con su obligación de ejercer las atribuciones para procurar un desarrollo equilibrado del sistema asegurador, así como una competencia sana entre las instituciones que lo integran; De la Secretaría de Economía:-Omisión de regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor; Del Secretario del Bienestar: Omisión de cumplir con su deber de fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos, de las políticas de: a) Combate efectivo a la pobreza; b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y c) Atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. Omisión de cumplir con su obligación de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza. Incumplimiento a su deber de coordinador las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fermentando un mejor nivel de vida. Omisión de cumplir con su obligación de formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía. Omisión del Secretario del Bienestar de garantizar a los quejosos la protección del derecho a la familia, en su carácter de responsable de la recaudación de impuestos a nivel federal. Del Secretario de Salud; Omisión de cumplir con su deber de elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud, en nuestro carácter de consumidores del sector privado. Omisión de cumplir con su deber de promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud. Del Jefe, Administrador General de Grandes Contribuyentes, Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, Administrador General de Recaudación, Administrador de Fiscalización al Sector Financiero dela Administración General de Grandes Contribuyentes, todos del Sistema de Administración Tributaria: Orden, emisión, materialización y/o cualquier acto de implementación y/o imposición del criterio fiscal a través del cual impiden a AXA acreditar el Impuesto al Valor Agregado ("IVA") que dicha aseguradora paga a terceros que prestan servicios de salud u hospitalarios con motivo de los siniestros que sus asegurados de seguros de gastos médicos mayores sufren, contra el IVA que dicha compañía de seguros cobra a través de las primas de dichos seguros (en lo sucesivo, el "Criterio fiscal") que afecta directamente a los suscritos consumidores de dicha clase de seguro. La imposición a AXA del Criterio Fiscal cuya legalidad se controvierte dentro del Juicio de Nulidad cuyo número de expediente desconocemos, radicado ante la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovido por AXA en contra de actos del ADMINISTRADOR DE FISCALIZACIÓN AL SECTOR FINANCIERO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. De la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; -Omisión de procurador un desarrollo equilibrado de los sistemas asegurador y afianzador, tomando en consideración el principio de proporcionalidad en atención a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos que asuman las Instituciones y sociedad Mutualistas. De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; -Omisión de garantizar la tutela de los derechos de los suscritos quejosos, como consumidores y usuarios de los servicios financieros, no obstante, de ser el órgano ad hoc creado por el Estado mexicano para tal efecto. De la procuraduría Federal del Consumidor; -Omisión de proteger la vida, la salud y la seguridad de los quejosos consumidores, contra las prácticas y omisiones nocivas en el abastecimiento del servicios de seguro de gastos médicos mayores que se reclaman a todas las Autoridades Responsables, las cuales restringen, dificultan y obstaculizan el acceso a los quejosos a la protección que dicho seguro brinda. De Axa; -El que intente restringir, dificultad u obstaculizar por cualquier circunstancia, incluyendo sin limitar cualquiera que derive directa o indirectamente de los actos que se les reclama a las demás Autoridades Responsables, el acceso a los quejosos a un contrato de seguro de gastos médicos mayores continuo y asequible, mediante el incremento de la prima del seguro o la variación perjudicial injustificada de sus condiciones en cualquiera de las renovaciones de la póliza de la que actualmente gozamos los quejosos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. se impone desechar de plano la demanda. Se le tiene señalando como dirección electrónica para recibir notificaciones en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la cuenta con el nombre de usuario ********************. Se tiene sus autorizados. Se habilitan días y horas inhábiles para que la actuaria judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto y de los subsecuentes proveídos que así se ordenen. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. Se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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