Marcela Teresita Pérez Sánchez

Expediente 2343/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2343/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic
  • Marcela Teresita Pérez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo que se concedió a la parte quejosa mediante proveído datado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit con residencia en Tepic. Luego, tomando en consideración que mediante sentencia dictada en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MARCELA TERESITA PÉREZ SÁNCHEZ, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos, hasta su modificación. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devolviera a la parte quejosa la cantidad que resultara a su favor por la inscripción de documento público o privado, así como por el crédito hipotecario, que ampara el documento exhibido en este juicio, en el entendido de que tal restitución sólo implicaría que la quejosa dejara de pagar la tarifa que le fue aplicada, es decir, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final del artículo 22, fracción I, y la cuota mínima que prevea la fracción XVIII del indicado numeral, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado. En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; informó respecto del cumplimiento efectuado al fallo protector y para tal efecto anexó a ese oficio, copia de la constancia relativa a la transferencia bancaria de veintinueve de enero del año en curso, a cargo del Banco Mercantil del Norte, a la cuenta bancaria de MARCELA TERESITA PÉREZ, realizada por la cantidad de $19,932.32 (diecinueve mil novecientos treinta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional). Por su parte, el Jefe de la Unidad Jurídica y representante del Congreso del Estado de Nayarit, así como el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, mediante oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este juzgado los días veinte y veintiuno de octubre de dos mil veinte, informaron lo propio. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, visto su contenido y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo que se concedió a la parte quejosa mediante proveído datado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit con residencia en Tepic. Luego, tomando en consideración que mediante sentencia dictada en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MARCELA TERESITA PÉREZ SÁNCHEZ, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos, hasta su modificación. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devolviera a la parte quejosa la cantidad que resultara a su favor por la inscripción de documento público o privado, así como por el crédito hipotecario, que ampara el documento exhibido en este juicio, en el entendido de que tal restitución sólo implicaría que la quejosa dejara de pagar la tarifa que le fue aplicada, es decir, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final del artículo 22, fracción I, y la cuota mínima que prevea la fracción XVIII del indicado numeral, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado. En cumplimiento a ello, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; informó respecto del cumplimiento efectuado al fallo protector y para tal efecto anexó a ese oficio, copia de la constancia relativa a la transferencia bancaria de veintinueve de enero del año en curso, a cargo del Banco Mercantil del Norte, a la cuenta bancaria de MARCELA TERESITA PÉREZ, realizada por la cantidad de $19,932.32 (diecinueve mil novecientos treinta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional). Por su parte, el Jefe de la Unidad Jurídica y representante del Congreso del Estado de Nayarit, así como el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, mediante oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este juzgado los días veinte y veintiuno de octubre de dos mil veinte, informaron lo propio. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, visto su contenido y en atención a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación de la autoridad responsable Recaudador de Rentas, y de dicha Secretaría, con residencia en Tepic, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio. Luego, tomando en consideración que de autos se advierte que mediante sentencia terminada de engrosar el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, entre otras cosas: ".El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte a su favor por la inscripción de documento público o privado, así como por el crédito hipotecario, que ampara el documento exhibido en este juicio, en el entendido de que tal restitución sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, es decir, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que prevé la parte final del artículo 22, fracción I, y la cuota mínima que prevea la fracción XVIII del indicado numeral, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Cantidad sobre la cual dicha autoridad deberá recalcular las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit y en el mismo sentido devolver a la quejosa la suma que resulte a su favor. Inconforme con ese fallo, el veintiuno de enero de dos mil veinte, se tuvo al Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación legal del Recaudador de Rentas, interponiendo recurso de revisión en contra del mismo. Luego, por auto de quince de octubre de ese año, se recibió oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión en materia administrativa 297/2020 por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Director Jurídico contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de la misma Secretaría; por las consideraciones expresadas en el considerando tercero de esta ejecutoria." En ese mismo auto se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quedaran legalmente notificadas del citado proveído, procedieran a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se harían acreedoras a una multa por la cantidad de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva. Así, por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de las autoridades responsables, Secretario y Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad de Tepic, manifestaron que a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento al fallo se requiriera a la parte quejosa para que proporcionara a la citada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLABE EXPEDIDA POR EL SAT, CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, COPIA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR y COMPROBANTE DE SU DOMICILIO. Posteriormente, por auto de trece de noviembre de dos mil veinte se tuvo a Ricardo Humberto García Ibarra autorizado de la quejosa Marcela Teresita Pérez Sánchez; informando que ya había proporcionado los datos que le fueron solicitados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, lo que justificó con la documental que acompañó su ocurso. Atento a lo anterior, se requirió nuevamente al Titular y al Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quedaran legalmente notificados del citado proveído, procedieran a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en juicio de amparo en que se actúa; para lo cual se le remitió copia simple del escrito y anexo que adjunto y se apercibió que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harían acreedores a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización. Después a través de los proveídos de veinticuatro de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, se requirió nuevamente al Recaudador de Rentas y al Director General de Ingresos, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quedaran legalmente notificados de los citados proveídos, procedieran a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio y se les apercibió que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les aplicaría multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Con fecha tres de diciembre de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación de las autoridades responsables Secretario y Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en Tepic, informó las facultades y atribuciones con las que contaba la Dirección General Jurídica, Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, Dirección General de Tesorería y la Dirección General de Ingresos todas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit. Después, en proveídos de ocho y catorce de diciembre de dos mil veinte, trece y veintiuno de enero de dos mil veintiuno el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación de ésta y del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en Tepic, informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento al fallo. No obstante lo anterior, en esas mismas fechas se les requirió nuevamente al Recaudador de Rentas y la Secretaria de Administración y Finanzas, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el presente sumario y se les apercibió nuevamente que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se haría acreedores a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización. Por tanto de lo antes narrado, debe decirse que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables Recaudador de Rentas y Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, han incurrido en una conducta evasiva en el cumplimiento de la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento de que fueron objeto el Recaudador de Rentas y la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic en los proveídos de quince de octubre, trece y veinticuatro de noviembre, uno, tres, ocho, y catorce de diciembre de dos mil veinte, trece y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, los cuales les fueron notificados, tal como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos, y se impone a cada una de las personas que ostenten dichos cargos una multa de cien Unidades de Medida y Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dicho efecto gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de las referidas multas. Asimismo, requiérase a la citada autoridad recaudadora, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en el párrafo que antecede. En la inteligencia que visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierten más datos de identificación de los funcionarios públicos sancionados; sin embargo, la falta de información de dichos datos no puede ser impedimento para hacer efectivas las multas. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a las autoridades responsables Recaudador de Rentas y Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que dentro del término improrrogable de cinco días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en autos. Apercibidos que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa por la cantidad de DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el 1 "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico de las referidas autoridades, para que ordene tanto al Recaudador de Rentas, como a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a dicho superior jerárquico, que de no hacerlo sin causa justificada dentro del plazo que se les indica, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación de la autoridad responsable Recaudador de Rentas, y de dicha Secretaría, con residencia en Tepic, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio. No obstante lo anterior, por ultima ocasión antes de proceder a hacer efectivos los procedimientos respectivos, requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente proveído, procedan a dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos; apercibidos que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedores a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano