Marcela Soto Serrato

Expediente 1165/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1165/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Marcela Soto Serrato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VISTOS; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del citado manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del nombrado Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio No. +++, firmado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Familiares, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de enero de los cursantes, remite la información requerida en el mismo. Bien, de la información proporcionada por la responsable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ****, por conducto de su representante legal, reclamó del Fiscal General del Estado y otras autoridades lo siguiente: "V. Acto reclamado: El acto que reclamo es que el Ministerio Público. Lic. **** emitió, sin que éste funde y motive debidamente la Medida de Protección de fecha 11 de Septiembre del año 2021, girada en contra de la quejosa a causa de ilegal el procedimiento al que se pretende someterme, como lo exige el artículo 16 del Pacto Federal dentro de la Carpeta de Investigación No. ***por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR presuntamente cometido en perjuicio de la C. **** y presentada el día 03 de Septiembre del año 2021 en LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FAMILIARES Y SEXUALES DE LA VICEFISCALIA DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN, DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, y se ordene mi arresto si no cumplo con las siguientes medidas de protección para LA DENUNCIANTE ****, la contenida en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción V, VII, VIII en los siguientes términos: V.- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestias a la víctima u ofendido o sus personas relacionadas con ellos. VII.- Protección Policial de la víctima u ofendido. VIII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiacas al domicilio en donde se localice o se encuentre la victima u ofendido en el momento de solicitarlo; y que sea por el periodo de sesenta días a partir de que sea notificada la suscrita quejosa la medida de protección en comento que me fuera notificada y entregada el día 13 de Septiembre del año en curso; por elementos de la Policía Investigadora de los Delitos de la fiscalía general en el Estado, sin identificarse que nada mas iban a apercibirme de no acercarme a la supuesta víctima si no sería detenida. Me causa agravio ser detenida fuera de procedimiento judicial por las autoridades que hoy me duelo" En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso, la promovente de amparo señaló como acto reclamado, las medidas de protección emitidas el once de septiembre de dos mil veintiuno, librada en su contra en los autos de la carpeta de investigación ***, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de ***; y en caso de incumplir con las mismas, el arresto que derive por dicho incumplimiento. Del oficio de cuenta, la autoridad responsable informó lo siguiente: "., le informo a usted que las medidas de protección decretadas en favor de ANA ***, emitidas el once de septiembre de dos mil veintiuno, ya no se encuentran vigentes, esto en virtud que únicamente fueron libradas por un término de 60 días, y NO han sido prorrogadas por 30 días tal y como se establece en el artículo 139 del código nacional de procedimientos penales. [.]" En ese orden, se advierte que las medidas de protección reclamadas por la quejosa, a la fecha en que se emite la presente resolución, no se encuentran vigentes, toda vez que las mismas no fueron prorrogadas por treinta días más de conformidad con lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que a la fecha, las medidas de protección reprochadas ya no tienen vigencia; en consecuencia, el apercibimiento de arresto en caso de incumplir con las mismas, tampoco se encuentra vigente, dado que es una consecuencia al incumplimiento de dichas medidas, las cuales como ya se precisó, no fueron prorrogadas. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y en razón de que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de garantías, se advierte que no obra constancia que acredite que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Familiares, haya recibido el oficio ****, mediante el cual se le requirió a fin de que en un término de tres días computado legalmente, informe a este órgano jurisdiccional si obran resolución en que haya determinado que las medidas de protección decretadas en favor de Ana ***, ya no se encuentran vigentes y, de ser el caso, remita copia certificada de dichas constancias, toda vez que pudiera desprenderse una causal de improcedencia. En tal virtud, no se está en aptitud de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio MM/458/21 que remite la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Familiares y téngase dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. Ahora bien, toda vez que de las manifestaciones contenidas en el oficio de cuenta pudiera desprenderse una causal de improcedencia, requiérase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Familiares, a fin de que en un término de tres días computado legalmente, informe a este órgano jurisdiccional si obran resolución en que haya determinado que las medidas de protección decretadas en favor de ****, ya no se encuentran vigentes y, de ser el caso, remita copia certificada de dichas constancias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término indicado, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, y de conformidad con el sexto párrafo, apartado b, del artículo 26 de la Constitución, suma que acorde con el prudente arbitrio judicial, se estima suficiente para compeler la desobediencia en que en su caso, pueda incurrir la citada autoridad, de dar cumplimiento a una determinación judicial. Notifíquese.

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