Marcela Solano Tomas
Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marcela Solano Tomas
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que obran documentos que se estiman de interés para la parte quejosa, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recogerlos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidos junto con el presente expediente. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintiséis de enero del año en curso, proporciona la información que le fue requerida y remite copia certificada de diversas constancias del expediente 1201/2022, relativo al juicio sumario de usucapión, de su índice. Por tanto, se provee lo relativo a la demanda de amparo presentada por Marcela Solano Tomas, quien solicita el amparo y protección de la Justica Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán, Estado de México. Ejecutora adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán, Estado de México Acto reclamado La ejecución de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en juicio de usucapión 1201/2022, promovido por Lilia Ana Mondragón Alva, en contra de Marco Antonio Alva Soria y sucesión a bienes de Juan Hilario Alva Miranda, a través de su albacea Ma. Guadalupe Soria Cruz, respecto del inmueble ubicado en el lote uno del predio de común repartimiento, sin nombre, barrio San Bartolo, Teoloyucan, Estado de México. Desechamiento de la demanda No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, párrafo primero, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento, de forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, en el caso concreto vinculada con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción I, párrafo primero, de la propia ley, en cuanto dispone que la norma, acto u omisión que reclame la quejosa debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, a contrario sensu, el juicio de amparo resulta improcedente en contra norma, acto u omisión que no produzca una afectación real y actual en la esfera de derechos del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En la especie, la parte quejosa reclama el siguiente acto: La ejecución de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en juicio de usucapión 1201/2022, promovido por Lilia Ana Mondragón Alva, en contra de Marco Antonio Alva Soria y sucesión a bienes de Juan Hilario Alva Miranda, a través de su albacea Ma. Guadalupe Soria Cruz, respecto del inmueble ubicado en el lote uno del predio de común repartimiento, sin nombre, barrio San Bartolo, Teoloyucan, Estado de México. Sin embargo, dicho acto no produce una afectación actual, real y directa en contra del impetrante del amparo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que la sentencia que declara la prescripción positiva del inmueble que por esta vía defiende no contiene mandato de ejecución sobre los bienes de la quejosa, ni declara la nulidad del título con el que se ostenta como tercera extraña. Cabe señalar, que las sentencias declarativas, como su propio nombre lo indica, resuelven únicamente sobre la declaración de un hecho, un derecho o un deber relacionado con determinada situación jurídica, la cual es anterior a la existencia del procedimiento, por lo que el objeto de la resolución es confirmar o rechazar aquéllas. En ese sentido, la acción de prescripción adquisitiva o positiva tiene una naturaleza meramente declarativa, razón por la cual es necesario que la prescripción ya esté consumada al tiempo de ejercitarse la acción, puesto que quien la deduce afirma que se ha convertido en propietario del bien controvertido, por haberlo poseído por el tiempo y con todos los requisitos exigidos por la ley para prescribir. Por tal razón, dicha sentencia tiene carácter declarativo, sin que sus efectos impliquen una condena o ejecución. En lo conducente, resulta aplicable la tesis VII.2o.C.2 K (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉSTE EL TERCERO EXTRAÑO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA DE UN INMUEBLE, PORQUE NO CONTIENE MANDATO DE EJECUCIÓN SOBRE SUS BIENES, NI DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO CON EL QUE SE OSTENTA CON DICHA CALIDAD. Hechos: Los terceros extraños promovieron juicio de amparo para reclamar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil sobre prescripción positiva respecto a un inmueble, en el que se determinó procedente la acción. El Juez de Distrito sobreseyó, porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico de los quejosos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sentencia que declara la prescripción positiva de un inmueble no contiene mandato de ejecución sobre los bienes del quejoso, ni declara la nulidad del título con el que se ostenta como tercero extraño, por lo que no afecta sus derechos y, por ende, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en su contra. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias declarativas, como su propio nombre lo indica, resuelven únicamente sobre la declaración de un hecho, un derecho o un deber relacionado con determinada situación jurídica, la cual es anterior a la existencia del procedimiento, por lo que el objeto de la resolución es confirmar o rechazar aquéllas. En ese sentido, la acción de prescripción adquisitiva o positiva tiene una naturaleza meramente declarativa, razón por la cual es necesario que la prescripción ya esté consumada al tiempo de ejercitarse la acción, puesto que quien la deduce afirma que se ha convertido en propietario del bien controvertido, por haberlo poseído por el tiempo y con todos los requisitos exigidos por la ley para prescribir. Por tal razón, dicha sentencia tiene carácter declarativo, sin que sus efectos impliquen una condena o ejecución. Además, la acción presupone el reconocimiento de la posesión invocada por la parte actora, ya que es ésta quien señala tenerla y no el demandado, por lo que en caso de acreditarse dicho requisito en conjunción con los demás señalados por la ley, la consecuencia jurídica es generar la propiedad. Precisamente, por esa circunstancia, debido a que la posesión constituye un elemento de la acción y al acreditar que el demandado no la posee, la sentencia no tiene el alcance jurídico de ordenar el lanzamiento, entrega de la posesión del inmueble por parte del demandado o que se ordene poner en posesión a los actores que obtuvieron la declaración de haber adquirido la propiedad del bien en disputa por prescripción positiva; por ello, no existe ejecución alguna derivada de la resolución. En ese tenor, la quejosa tiene a salvo sus derechos para controvertir lo actuado en el juicio de usucapión de origen, en la vía ordinaria y a través de la acción que estime pertinente. En lo conducente, resulta aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido: "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO DE PRESCRIPCION POSITIVA. EL TERCERO EXTRAÑO A LAS PARTES QUE ALEGA POSESION DEBE PROBAR ESTE DERECHO REAL. Si se intenta por un tercero extraño la nulidad de un juicio concluido de prescripción positiva promovido por diversa persona en contra de quien aparecía como propietario en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y para tal efecto el promovente del juicio de nulidad aduce la posesión en calidad de propietario del predio materia de la usucapión, para ello es menester que de una manera presuntiva por lo menos, se demuestre la posesión de su parte en el concepto indicado, pues de ahí se debe partir para establecer el derecho a estar legitimado como parte en el juicio concluido y pretender su nulidad." Asimismo, la tesis VI.4o.10 C del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido: "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO DE USUCAPIÓN. LA DECLARACIÓN RESPECTIVA, POR PROCESO FRAUDULENTO, NO PRODUCE COMO EFECTO LA REIVINDICACIÓN DE LA COSA A FAVOR DEL DUEÑO QUE NO FUE EMPLAZADO. Cuando se ejercita y resuelve favorablemente la nulidad de juicio concluido de usucapión, por proceso fraudulento, al haberse omitido emplazar al propietario del inmueble, la declaración de nulidad produce la ineficacia de la cosa juzgada, para el efecto principal de que el dueño que aparece como tal en el Registro Público de la Propiedad, sea llamado al juicio de que se trata; incluso, si el artículo 1942 del Código Civil del Estado de Puebla señala que es nula la transmisión de derechos reales sobre un inmueble, por una persona que fue su propietaria aparente en virtud de un acto anulado, y el diverso 1924 dice que si la sentencia declara la nulidad absoluta, los efectos que el acto haya producido se destruyen retroactivamente, no cabe duda que en el caso la nulidad se extiende no sólo al título de propiedad que la parte actora obtuvo mediante la usucapión, sino también al de la escritura posterior a través de la cual transmitió ese derecho real. Sin embargo, la nulidad de que se trata no tiene como efecto reivindicar el inmueble a favor del dueño, dado que la posesión respectiva no se recibió en virtud o por consecuencia del juicio anulado, ni tampoco puede estudiarse en el mismo juicio de nulidad, por haberse intentado de manera autónoma la procedencia de la acción reivindicatoria, pues si el artículo 1943 del mismo ordenamiento establece que los bienes a que se refiere el diverso 1942 pueden ser reclamados directamente del poseedor actual, mientras no se cumpla la usucapión, resulta que no es factible examinar esa acción real al margen de la usucapión, que quedaría pendiente de decidir por virtud de la nulidad del juicio, y debe tenerse presente que aun cuando la acción reivindicatoria es imprescriptible, desaparece cuando ha prosperado la usucapión, de allí la necesidad de que ambas se resuelvan en una misma sentencia." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
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