Marcela Sánchez Fernández

Expediente 400/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
400/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Marcela Sánchez Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Marco Antonio Campech Martínez, Delegado de las autoridades señaladas como responsables, por el cual solicita se dé vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado con las afirmaciones de la quejosa en su demanda de amparo; atento a lo anterior, debe tomarse en consideración que el veintitrés de junio del año en curso causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, acuerdo que le fue notificado al fiscal federal adscrito, cuya intervención en el presente asunto se ordenó en el auto admisorio de la demanda; por consiguiente, es claro que la representación social federal está enterada de las actuaciones de este sumario constitucional. Por tanto, dígase al promovente que quedan expeditos sus derechos para que presente ante el Agente del Ministerio Público correspondiente la denuncia pertinente a los hechos que considera delictuosos, para que éste proceda conforme a sus atribuciones legales. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), del mismo ordenamiento, contra de la sentencia de seis de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes, realizará la destrucción correspondiente y concluida la misma, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente juicio de amparo y el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, obran documentos originales y no originales que exhibieron las partes durante la tramitación del juicio, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo soliciten, en el entendido que de no formular su petición para los efectos indicados dentro del término de noventa días hábiles, se procederá a la destrucción de dichos documentos con el presente expediente. Por otra parte, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y los proveídos mediante los cuales se concedieron las suspensiones provisional y definitiva. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y se deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, signado por Oswaldo Daniel Ibarra Martínez, representante legal de la tercera interesada "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", por medio del cual formula alegatos, sin que resulte procedente emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de seis de junio del presente año se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 400/2022-VIII, promovido por Marcela Sánchez Fernández, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- el escrito de demanda de amparo presentada por Marcela Sánchez Fernández; 2.- auto admisorio de siete de abril de dos mil veintidós; 3.- informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas; Jefe de la Oficina de Relaciones Laborales; Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Director de Administración y Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos, por sí y en representación del Secretario de Salud y Director General, todos del Organismo Público Descentralizado Secretaría de Salud de Tlaxcala; 4.- escritos por los que se apersonó a juicio, ofreció pruebas y formuló alegatos, la parte tercera interesada "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable", por conducto de su apoderada legal Ángela Romero Hernández y 5.- escrito a través del cual se apersonó a juicio y formuló alegatos la tercera interesada "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", por conducto de su representante legal Oswaldo Daniel Ibarra Martínez.. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que las terceras interesadas "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", se encuentran debidamente emplazados. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las terceras interesadas. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció con su escrito inicial de la demanda de amparo las siguientes: 1.- copia simple de su credencial de elector; 2.- copia simple de la credencial expedida por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a nombre de Marcela Sánchez Fernández, que la acredita como Auxiliar de Enfermería del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras; 3.- copia simple del comprobante de percepciones y descuentos a nombre de la aquí quejosa correspondiente a la quincena 03; 4.- copia simple del recibo expedido por "Teléfonos de México" donde consta el domicilio de la quejosa; 5.- original del acuse del escrito de denuncia presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, recibido el veintidós de febrero de dos mil veintidós; 6.- copia simple del oficio número 587/2022 de catorce de marzo de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral, por el cual solicita información al Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala y 7.- copia autentificada de la carpeta de investigación A.I. CHIAUT/193/2022 formada con motivo de la denuncia formulada por la quejosa Marcela Sánchez Fernández. Por su parte, las autoridades responsables ofrecieron como pruebas las siguientes: 1.- copia certificada del convenio de colaboración de quince de diciembre de dos diecisiete, celebrado entre el Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala y la financiera "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable"; 2.- copia certificada del convenio modificatorio de diez de diciembre de dos mil diecinueve, celebrado entre el Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala y la financiera "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable"; 3.- copia certificada del oficio de cuatro de octubre de dos mi veintiuno, suscrito por Sandra López Pérez, Supervisor de Operación Institucional de la financiera "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable", por el cual informó a la responsable sobre el alta de descuentos a su personal, por haber obtenido un crédito en la citada financiera, documento en el cual aparece el nombre de la quejosa Marcela Sánchez Fernández, a fin de retenerle de manera quincenal la cantidad de $5,072.34 (cinco mil setenta y dos pesos con treinta y cuatro centavos moneda nacional); 4.- copia certificada del convenio de coordinación administrativa para efectuar retenciones salariales vía nómina por concepto de pago de créditos financieros individuales contratados de forma voluntaria por trabajadores de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado denominado Salud Tlaxcala de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, celebrado entre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y la financiera "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable; 5.- copia certificada del oficio de cinco de enero de dos mil veintidós, suscrito por Alejandro Vidal Vizcaya Pardo, Administrador de Cartera DXN, de la financiera "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", por medio del cual informó a la Secretaría de Salud de Tlaxcala sobre el alta de descuentos a personal regularizado por haber obtenido un crédito en dicha financiera, documento en el cual aparece el nombre de la quejosa Marcela Sánchez Fernández, a fin de retenerle de manera quincenal la cantidad de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos cero centavos moneda nacional) y 6.- las documentales que exhibió la quejosa a su escrito de demanda. A su vez, la parte tercera interesada, "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable", por conducto de su apoderada legal, ofreció como pruebas las siguientes: 1.- legajo de veintitrés copias certificadas por el licenciado César Álvarez Flores, Notario Público número ochenta y siete de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo del licenciado Gonzalo Manuel Ortiz Blanco, Notario Público noventa y ocho de la Ciudad de México, con fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, las cuales cuentan con firma electrónica notarial, el cual se integra por: a.- solicitud de crédito de ocho de septiembre de dos mi veintiuno; b.- carátula de contrato de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; c.- contrato de crédito institucional de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; d.- autorización para aplicar pagos adelantados que contiene un pagaré de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; e.- mandato irrevocable de autorización pago a tercero de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; f.- formato para solicitar domiciliación a nombre de Marcela Sánchez Fernández de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; g.- formato protocolo de excepción biométrica, mediante el cual Marcela Sánchez Fernández reconoce que se le realizó la toma biométrica dos veces y en ambas fue rechazada; h.- documento de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual la quejosa declara que está adquiriendo un crédito personal por la cantidad de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100); i.- contrato de prestación de servicios digitales de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; j.- aviso de privacidad relacionado con los datos recabados por "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable"; k.- copia cotejada de la identificación de Marcela Sánchez Fernández; l.- copia cotejada del estado de la solicitud - contrato de personas físicas a nombre de Marcela Sánchez Fernández emitido por "HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC", m.- comprobante de domicilio emitido por la Comisión Federal de Electricidad de Marcela Sánchez Fernández y n.- copia cotejada del recibo de nómina a nombre de Marcela Sánchez Fernández de trece de septiembre de dos mil veintiuno. De igual forma, la referida tercera interesada, "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable", ofreció como pruebas las siguientes: 1.- fotografía de la quejosa tomada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno al momento de firmar el contrato de apertura de crédito simple; 2.- original de comprobante de transferencia y comprobante electrónico de pago, expedidos por "Consubanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple" y Banco de México de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y dieciséis de mayo de dos mil veintidós; 3.- original del estado de cuenta de crédito simple de once de mayo de dos mil veintidós, respecto del crédito 7689985 por un importe de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional); y 4.- copia simple de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, en el toca de revisión 17/2021 dictado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, correspondiente al amparo promovido por Rigoberto Robles Valenzuela, a fin de que sea considerada como precedente. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que únicamente las partes terceras interesadas, "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable" formularon alegatos; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de las terceras interesadas. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia y enseguida se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 400/2022-VIII, promovido por Marcela Sánchez Fernández, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado en de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, el cinco de abril de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional el día seis siguiente, Marcela Sánchez Fernández, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Director General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Director de Administración del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Jefe de la Oficina de Relaciones Laborales del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: Los oficios, requisitorias o cualquier otro, a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado cualquier solicitud o requerimiento a autoridades y jefes de departamento, tendentes al bloqueo, descuento, cargo, retención o aseguramiento de la nómina salarial de la quejosa, de las cuales no fue notificada ni otorgó su autorización o consentimiento para realizar descuentos o retenciones a su nómina salarial, misma que corre a cargo del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. El incumplimiento de la obligación de notificar a sus trabajadores de manera puntual, fundada y motivada, cualquier acto tendente al bloqueo, descuento, cargo, retención o aseguramiento de la nómina salarial del quejoso, respecto del cual posee un derecho exclusivo de uso, derivado de unas solicitudes de créditos personales, los cuales no solicitó ni firmó con empresas externas a la Secretaría de Salud de Tlaxcala. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de siete de abril de dos mil veintidós se radicó el juicio de amparo; se admitió a trámite el mismo y se requirió informe justificado a las autoridades responsables. Además, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento; asimismo, las partes terceras interesadas, "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", fueron emplazadas a juicio, las cuales se apersonaron por conducto de su respectivos representantes legales. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso Acuerdo General 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quienes se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Jugado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Los oficios, requisitorias o cualquier otro, a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado cualquier solicitud o requerimiento a autoridades y jefes de departamento, tendentes al bloqueo, descuento, cargo, retención o aseguramiento de la nómina salarial de la quejosa, de las cuales no fue notificada ni otorgó su autorización o consentimiento para realizar descuentos o retenciones a su nómina salarial, misma que corre a cargo del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. El incumplimiento de la obligación de notificar a sus trabajadores cualquier acto tendente al bloqueo, descuento, cargo, retención o aseguramiento de la nómina salarial de la quejosa, respecto del cual posee un derecho exclusivo de uso, derivado de unas solicitudes de créditos personales, los cuales no solicitó ni firmó con empresas externas a la Secretaría de Salud de Tlaxcala. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Jefa del Departamento de Planeación y Finanzas del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, por lo que se determina que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a la citada autoridad responsable. Además, tampoco son ciertos los actos reclamados al resto de las autoridades responsables, Director General; Director de Administración; Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Jefe de la Oficina de Relaciones Laborales del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con excepción del acto reclamado consistente en los descuentos al salario de la quejosa Marcela Sánchez Fernández que obedecen a dos créditos por descuento vía nómina que la citada impetrante solicitó a las financieras "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable". Así, al no haber aportado la quejosa prueba idónea en contrario que desvirtúe las negativas de las autoridades señaladas como responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia VI.2o.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte - 2, julio - diciembre de 1989, página 627, materia común, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Así también es aplicable, por las razones que informa, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, página 903, materia común de rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." No es obstáculo a la conclusión alcanzada la circunstancia de que la quejosa hubiera exhibido como pruebas al presente juicio de amparo las siguientes: 1.- Copia simple de su credencial de elector. 2.- Copia simple de la credencial expedida por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a nombre de Marcela Sánchez Fernández, que la acredita como Auxiliar de Enfermería del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. 3.- Copia simple del comprobante de percepciones y descuentos a nombre de la aquí quejosa correspondiente a la quincena 03. 4.- Copia simple del recibo expedido por "Teléfonos de México" donde consta el domicilio de la quejosa. 5.- Original del acuse del escrito de denuncia presentado ante el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, recibido el veintidós de febrero de dos mil veintidós. 6.- Copia simple del oficio número 587/2022 de catorce de marzo de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral, por el cual solicita información al Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala y, 7.- Copia autentificada de la carpeta de investigación A.I. CHIAUT/193/2022 formada con motivo de la denuncia formulada por la quejosa Marcela Sánchez Fernández. Ya que si bien la suscrita les otorga valor probatorio, con ninguna de éstas se acredita la existencia de los actos reclamados, pues en su caso lo que demostraría sería que presentó una denuncia y las diversas diligencias que se han desahogado dentro de la carpeta de investigación, su domicilio y que se encuentra en las listas de aplicación de pagos de créditos otorgados. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en los descuentos al salario de la quejosa Marcela Sánchez Fernández, que obedecen a dos créditos por descuento vía nómina que la citada impetrante solicitó a las financieras "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", los cuales se realizan por conducto del Director General; Director de Administración; Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Jefe de la Oficina de Relaciones Laborales, todos del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, porque así lo manifestaron dichas autoridades y así se advierte de las constancias que obran en autos. QUINTO. Causal de improcedencia del juicio. En el caso, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del diverso artículo 5º, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada a contrario sensu, pues no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos mencionados, disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que ello resulte de alguna disposición de la ley; asimismo, que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, para abordar este punto debemos precisar que el juicio de amparo procede única y exclusivamente contra actos de autoridad, por lo que, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y uno entre particulares. Por tal motivo, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 49/2001, de rubro: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que describió las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Respecto a las relaciones de coordinación, refirió que son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. En este tipo de relaciones las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios a fin de que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por otra parte, estableció que las relaciones de subordinación son las que nacen entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Este tipo de relaciones se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Cabe enfatizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a.CCIV/2001, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las cuales son: a.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. b.- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c.- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d.- Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Así, en este punto, la quejosa Marcela Sánchez Fernández reclama de las autoridades señaladas como responsables del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, los descuentos vía nómina a su salario que obedecen a dos créditos que la citada impetrante solicitó a las financieras "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable". Por tanto, es claro que, en la especie, tal dependencia no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la aquí quejosa como trabajadora y las señaladas como responsables en su carácter del organismo que se encarga del pago de su salario, particularmente el descuento o deducción que aplica a su pago mensual. En tal virtud, los entes que fueron señalados como responsables, sólo actúan en función del pago que realizan a la quejosa de su salario, y por ello se encuentran en un plano de igualdad con ella, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral como lo refieren las autoridades señaladas como responsables al rendir sus informes con justificación. Además, de los citados informes, se advierte el convenio de colaboración que celebraron la Secretaría de Salud en el Estado y Organismo Público Descentralizado Secretaría de Salud de Tlaxcala, con la persona moral "La Tenda", dentro de las cuales se advierten entre otras cláusulas las siguientes: "PRIMERA. Acuerdan las partes que el objeto de este convenio es la colaboración entre las mismas con la finalidad de que "LA TENDA" ofrezca créditos a los trabajadores de "LA SECRETARÍA" y que este último aplique el descuento correspondiente en el salario de los beneficiarios respecto de las cantidades pactadas entre éstos y "LA TENDA" para el pago de las amortizaciones a su cargo y a favor de "LA TENDA". "QUINTA. "LA SECRETARÍA" puede descontar de los beneficiarios la cantidad que se haya convenido entre estos y "LA TENDA" en el tiempo y bajo las condiciones que se contengan en la instrucción de pago, identificando dicha retención en el concepto de deducción" De igual forma, se advierte el diverso convenio de coordinación administrativa que celebraron la Secretaría de Salud en el Estado y Organismo Público Descentralizado Secretaría de Salud de Tlaxcala, con la persona moral "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable", dentro de las cuales se advierten entre otras cláusulas las siguientes: "PRIMERA. EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE "LAS PARTES" A EFECTO DE QUE "LA FINANCIERA" CONCEDA A LOS TRABAJADORES DE "SALUD DE TLAXCALA", QUE REÚNAN CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO, EL PRÉSTAMO FINANCIERO QUE ESTE SOLICITE". "SEXTA. "SALUD DE TLAXCALA", SE OBLIGA A RETENER DEL SALARIO DE LOS BENEFICIARIOS - TRABAJADORES LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS ABONOS DE CAPITAL E INTERESES QUE SEAN APLICABLES, LOS CUALES HAYAN SIDO CONVENIDOS ENTRE ESTOS Y LA "FINANCIERA", EN EL TIEMPO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE CONTENGA LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO, CANTIDADES LAS CUALES "SALUD DE TLAXCALA", SE OBLIGA A ENTERAR POR CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS A LA "FINANCIERA" CONJUNTAMENTE CON UNA RELACIÓN QUE IDENTIFIQUE PLENAMENTE LAS CANTIDADES PAGADAS POR CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS". Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime que la parte tercera interesada, "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable", por conducto de su apoderado legal, ofreció los siguientes medios de convicción, consistentes en: 1.- Legajo de veintitrés copias certificadas por el licenciado Cesar Álvarez Flores, Notario Público número ochenta y siete de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo del licenciado Gonzalo Manuel Ortiz Blanco, Notario Público noventa y ocho de la Ciudad de México, con fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, las cuales cuentan con firma electrónica notarial, el cual se integra por: a.- Solicitud de crédito de ocho de septiembre de dos mi veintiuno. b.- Carátula de contrato de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. c.- Contrato de crédito institucional de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. d.- Autorización para aplicar pagos adelantados que contiene un pagaré de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. e.- Mandato irrevocable de autorización pago a tercero de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. f.- Formato para solicitar domiciliación a nombre de Marcela Sánchez Fernández de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. g.- Formato protocolo de excepción biométrica, mediante el cual Marcela Sánchez Fernández reconoce que se le realizó la toma biométrica dos veces y en ambas fue rechazada. h.- Documento de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual la quejosa declara que está adquiriendo un crédito personal por la cantidad de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos 00/100). i.- Contrato de prestación de servicios digitales de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. j.- Aviso de privacidad relacionado con los datos recabados por "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable". k.- Copia cotejada de la identificación de Marcela Sánchez Fernández; l.- copia cotejada del estado de la solicitud - contrato de personas físicas a nombre de Marcela Sánchez Fernández emitido por "HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC". m.- comprobante de domicilio emitido por la Comisión Federal de Electricidad de Marcela Sánchez Fernández n.- copia cotejada del recibo de nómina a nombre de Marcela Sánchez Fernández de trece de septiembre de dos mil veintiuno. De igual forma, la referida tercera interesada, "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable", ofreció como pruebas las siguientes: 1.- fotografía de la quejosa tomada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno al momento de firmar el contrato de apertura de crédito simple. 2.- Original de comprobante de transferencia y comprobante electrónico de pago, expedidos por "Consubanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple" y Banco de México de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 3.- Original del estado de cuenta de crédito simple de once de mayo de dos mil veintidós, respecto del crédito 7689985 por un importe de $225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos cero centavos moneda nacional). A dichas documentales la suscrita también les otorga valor probatorio por tratarse de documentales públicas y privadas, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cuales queda demostrado que la hoy quejosa fue quien celebró un crédito con la persona moral "La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable" y en atención a ello, las autoridades señaladas como responsables, derivado del convenio de colaboración que tienen celebrado, está aplicando el descuento a su nómina. Aunado a que dichos medios de convicción no fueron objetados por las partes; de ahí que la suscrita les haya otorgado pleno valor probatorio. Por ello, debe decirse que dichas autoridades señaladas como responsables no actuaron en forma unilateral o por vía de consecuencia y no ejecutaron actos de imperio, pues no impuso su decisión al margen de la voluntad de la quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de las autoridades señaladas como responsables sea coercitivo, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad de la trabajadora a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Así los descuentos realizados a la nómina de la quejosa, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en el salario de la solicitante de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada. No se desatiende que el derecho a percibir su salario es irrenunciable y, por tanto, imprescriptible; sin embargo, en el caso no se está ante alguno de los supuestos de renuncia o pérdida de derecho a percibir su salario, sino sólo ante el consentimiento expreso al ser la propia quejosa quien dio la instrucción para la realización del cobro. Sin que la causal de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la quejosa para la realización de los descuentos cuestionados. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación, dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la quejosa porque tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo a los pagos requeridos, en donde podrá solicitar a la empresa con quien contrajo el crédito o la deuda, reestructurar o renegociar los pagos, a fin de que los mismos no resulten excesivos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario alegando exceso en ello. Y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, combatirlo a través del juicio de amparo respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis aislada I.8o.C.74 C (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2020618, Décima Época, publicada en el Libro 70, septiembre de dos mil diecinueve, Tomo III, página 1807, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente". No se desatiende que el diverso descuento que se le aplica a la quejosa, por parte de "Vigua Servicios Patrimoniales, Sociedad Anónima de Capital Variable" quedó acreditado únicamente con la documental ofrecida por las autoridades señaladas como responsables, consistente en copia certificada del archivo de instalación de créditos correspondientes a la quincena 0-2022, correspondiente a altas de descuento a clientes regularizados emitido por dicha persona moral, dentro de la cual aparece el nombre de la quejosa, pues que al final de cuentas, se estaría en presencia de un ilegal descuento del salario, por parte del patrón a la trabajadora(hoy quejosa), en atención al vínculo laboral que tienen ambos; de ahí que dicho descuento tampoco sería un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, no se considera necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante del amparo, pues al actualizarse la causal de sobreseimiento invocada con motivo de la improcedencia del juicio de amparo, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 61, 63 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marcela Sánchez Fernández, contra actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz que autoriza y da fe.

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