Marcela Reséndiz Pérez
Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marcela Reséndiz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, por medio del cual informa el estado procesal que guardan las providencias precautorias ******************** de su índice; en consecuencia, el oficio de cuenta se ordena agregar a sus autos para que obre como corresponda lo anterior tomando en consideración que por auto de catorce de marzo del año en curso, se proveyó lo conducente en relación a la demanda de amparo y en diverso auto de treinta de marzo del año en curso, se ordenó el archivo por tratarse de un asunto concluido, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, sin que pase desapercibido para esta juzgadora el hecho de que en el oficio que se provee lo signe la Juez Sexagésimo Sexto Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, dado que del membrete y de la certificación de las constancias remitidas se advierte que la juez correcta lo es Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XVIII, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Décimo Sexto Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, por medio del cual informa el estado procesal que guarda las providencias precautorias ******************** de su índice; en consecuencia, el oficio de cuenta se ordena agregar a sus autos para que obre como corresponda lo anterior tomando en consideración que por auto de catorce del mes y año en curso, se proveyó lo conducente en relación a la demanda de amparo y en párrafos que antecede causo estado dicha determinación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de la misma se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede la Ley de Amparo en su artículo 86, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos lo hayan hecho valer las partes en contra de la sentencia definitiva autorizada el once de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la resolución de mérito. Devuélvase al Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que acompañó a su respetivo informe con justificación; solicitándole en el término de veinticuatro horas el acuse de recibo respectivo; apercibido que en caso de no hacerlo así y dentro del término que para tal efecto se le concede, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del veintiocho siguiente, de conformidad con lo previsto por los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia definitiva autorizada el once de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y dicha resolución causó ejecutoria en líneas que anteceden; en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción; siendo que además, para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, y resolución interlocutoria de quince de julio del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a), del acuerdo general antes aludido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, se reservó acordar los oficios 594 y 358/2023, por la secretaria de acuerdos del Juzgado Décimo Sexto y Juez Décimo Séptimo, ambos de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia se acuerda lo conducente. Ténganse por recibidos los oficios signados por las autoridades antes precisadas, por medio de los cuales desahogan el requerimiento que les fue formulado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, informando la primera el estado procesal de las providencias precautorias 796/2022 de su índice, en tanto la segunda informó que ante dicho órgano no se tramita expediente alguno en el que la quejosa sea parte. Por otro lado, visto el escrito signado por Marcela Reséndiz Pérez, por propio derecho, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se provee respecto de la demanda de amparo como sigue. Vista la demanda de amparo promovida por Marcela Reséndiz Pérez, por propio derecho, contra actos de los Jueces Décimo Sexto y/o Décimo Séptimo, ambos de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y actuarios de su adscripción. Ahora bien, del estudio íntegro del escrito inicial y aclaratorio de la demanda de amparo, así como del informe rendido por la secretaria de acuerdos del Juzgado Décimo Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." En efecto, la fracción invocada en líneas que anteceden, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En el caso a estudio, la peticionaria de amparo señala esencialmente como acto reclamado la sustanciación de las providencias precautorias, retención de bienes promovidas por CREDIS de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada en contra de la aquí quejosa y otros, decretadas en el expediente 796/2022 del índice del Juzgado Décimo Sexto Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En ese contexto, respecto de los actos de los que se duele la parte quejosa, precisados en el párrafo anterior, el Código de Comercio prevé que procede el recurso de apelación de conformidad con los artículos 1183, 1184 y 1185 del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. Artículo 1184.- Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se sustanciará por cuaderno separado y conforme a los artículos siguientes. Artículo 1185.- El tercero que reclame una providencia, deberá hacerlo mediante escrito en el que ofrezca las pruebas respectivas. El juez correrá traslado al promovente de la precautoria, y a la persona contra quien se ordenó la medida para que la contesten dentro del término de cinco días y ofrezcan las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y señalará fecha para su desahogo dentro de los diez días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo ameriten." Así tenemos que el Código de Comercio, por disposición expresa de su artículo 1183, establece que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV y 1345 Bis 1, del código en comento; lo que denota el principio de impugnabilidad previsto en dicho ordenamiento contra las resoluciones que decretan medidas cautelares en juicios de naturaleza mercantil. Por tanto, resulta claro que no existe duda en cuanto a la procedencia del recurso de apelación contra las medidas precautorias decretadas en un procedimiento mercantil, pues su procedencia deriva de reglas claras previstas tanto en la propia legislación mercantil, como en la jurisprudencia que en seguida se transcribe. Es aplicable a la consideración anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/40 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, en noviembre de 2016, libro 36, tomo III, página 1840, que a la que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE LAS DECRETAN PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE AL RESPECTO NO OPERA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA). Ante la disposición expresa del artículo 1183 del Código de Comercio, en el sentido de que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1, del indicado ordenamiento, se desprende el principio de impugnabilidad previsto por el referido cuerpo normativo contra las resoluciones que decretan medidas cautelares en juicios de naturaleza mercantil, sin que exista supletoriedad en materia de recursos respecto del Código de Comercio, al tratarse de un ordenamiento completo en esa materia, como lo definió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 816 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo V, Civil, Volumen 1, Primer Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sección, Mercantil, Subsección 2 Adjetivo, página 896, de rubro: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL."; así como por el hecho de que no sería procedente la aplicación supletoria de la regla contenida en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece la improcedencia de recurso alguno en contra de las resoluciones que concedan una medida de aseguramiento de las previstas en dicho artículo, por contraponerse con el artículo invocado en primer término. En esas condiciones, no existe duda en cuanto a la procedencia del recurso de apelación contra las medidas precautorias decretadas en un juicio mercantil, pues ello deriva de reglas claras señaladas tanto en la propia legislación mercantil, como en la jurisprudencia definida y vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad prevista por el artículo 61, fracción XVIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que no se requiere de interpretación adicional ni el fundamento aplicable resulta insuficiente para tener la certeza de su procedencia." Asimismo, sirve de apoyo a lo determinado, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, cuyo texto es: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También, es aplicable la jurisprudencia VI 2º. J/52, visible a foja 401, tomo VI, Segunda Parte-1, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Por consiguiente, al no haber agotado la parte quejosa el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al ser parte en el procedimiento de origen, estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario que se alude, y con ello obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados; y si no lo agotó antes de acudir al amparo, dichos actos carecen de definitividad, motivo por el cual se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el diverso 113 de la invocada ley, procede desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese por lista al promovente, atento a lo ordenado el dos de marzo del año en curso.
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