Marcela Ramírez Muñoz

Expediente 975/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
975/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Marcela Ramírez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    -CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA - Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa que es quien podría resentir afectación con lo resuelto, sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. - Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 975/2020-III

  2. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos a la quejosa Marcela Ramírez Muñoz en términos del proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno que dice: Autoridad responsable cumple requerimiento Visto el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y sus anexos, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciocho de enero del presente año. -Pruebas - Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable al oficio de cuenta. -Sobreseimiento fuera de audiencia- Ahora de autos se advierte lo siguiente: a) El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, Marcela Ramírez Muñoz, presentó demanda de amparo contra la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente 143/2019 de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 975/2020-III; en auto de veintisiete de noviembre del año en curso, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable se emplazó mediante oficio a la autoridad tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El quince de enero del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado el informe justificado de la autoridad, del que se desprende que el cuatro de enero de dos mil veintiuno dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral ........... Asimismo, al diverso oficio de cuenta acompañó la notificación correspondiente a la parte quejosa de dicha determinación; de esta guisa, se tiene que la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan lo antes expuesto, de las que emerge que aun cuando a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, subsistía la omisión reclamada, esta ha cesado en sus efectos; documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. En efecto, de las actuaciones relacionadas que acompaña a su informe la autoridad ordenadora, se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En tal sentido, procede citar la Contradicción de tesis número 26/2002-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo tanto, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el ............................................................................................................................................................constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, mediante la emisión del laudo que ya se ha verificado en los términos expuestos en párrafo precedente, al igual que practicar la notificación condigna a la peticionaria, lo que derivaría en lo innecesario de obligar a la autoridad a que obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ............................................................................................................................................................Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el complemento del informe justificado de la responsable de cuenta, fue recibido el quince de enero, anterior a la fecha de este proveído, sin que haya transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe y al oficio de cuenta las copias certificadas con las que se acredita fehacientemente que la omisión reclamada por la quejosa quedó sin efectos, al haberse decretado el laudo definitivo, el cual fue debidamente notificado a la quejosa; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable y mediante lista al resto de las partes...

  3. Principal

    -Autoridad responsable cumple requerimiento- Visto el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y sus anexos, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciocho de enero del presente año. -Pruebas - Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable al oficio de cuenta. -Sobreseimiento fuera de audiencia- Ahora de autos se advierte lo siguiente: a) El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, Marcela Ramírez Muñoz, presentó demanda de amparo contra la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que reclamó la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente 143/2019 de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 975/2020-III; en auto de veintisiete de noviembre del año en curso, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable se emplazó mediante oficio a la autoridad tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El quince de enero del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado el informe justificado de la autoridad, del que se desprende que el cuatro de enero de dos mil veintiuno dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral ........... Asimismo, al diverso oficio de cuenta acompañó la notificación correspondiente a la parte quejosa de dicha determinación; de esta guisa, se tiene que la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan lo antes expuesto, de las que emerge que aun cuando a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, subsistía la omisión reclamada, esta ha cesado en sus efectos; documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. En efecto, de las actuaciones relacionadas que acompaña a su informe la autoridad ordenadora, se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En tal sentido, procede citar la Contradicción de tesis número 26/2002-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo tanto, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el ............................................................................................................................................................constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, mediante la emisión del laudo que ya se ha verificado en los términos expuestos en párrafo precedente, al igual que practicar la notificación condigna a la peticionaria, lo que derivaría en lo innecesario de obligar a la autoridad a que obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."3 Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."4 ............................................................................................................................................................Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el complemento del informe justificado de la responsable de cuenta, fue recibido el quince de enero, anterior a la fecha de este proveído, sin que haya transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que la autoridad responsable acompañó a su informe y al oficio de cuenta las copias certificadas con las que se acredita fehacientemente que la omisión reclamada por la quejosa quedó sin efectos, al haberse decretado el laudo definitivo, el cual fue debidamente notificado a la quejosa; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la autoridad responsable y mediante lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdo General 25/2020 y 37/2020.....975/2020-III.

  4. Principal

    Visto el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -PRUEBAS- En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que la responsable acompañó a su informe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Sin embargo, toda vez que la mencionada autoridad responsable no acompañó la constancia de notificación personal hecha a la parte quejosa, de la resolución de cuatro de enero del presente año, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al en que se le notifique el presente proveído, remita a este Juzgado dicha constancia, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. -Apercibimiento-Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $.....(............moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del año próximo anterior; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $......... (...............moneda nacional). Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y mediante lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020....975/2020-III.

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