Marcela QUilantan Vazquez y Otros.

Expediente 424/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
424/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Marcela QUilantan Vazquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 4301, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, por medio del cual informa que aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, al no existir diligencia pendiente por proveer, se ordena el archivo del cuaderno que nos ocupa, como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Marcela Quilantan Vázquez, contra actos del Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 424/2019-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este órgano jurisdiccional, tiene competencia o no, para conocer del presente asunto. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del numeral que antecede, se colige que prevé tres supuestos para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. La primera se refiere a que será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; la segunda, alude a la hipótesis en que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso es juez competente aquél ante el cual se presente la demanda; y, la tercera, versa sobre la hipótesis de que el acto reclamado no requiera ejecución material, evento en el que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, radica en que en esta última, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que para que operen las otras, es necesaria esa ejecución. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la resolución número veinticuatro, de tres de abril de dos mil diecinueve, dictada dentro de la carpeta de apelación 13/2019, en la cual el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, confirmó el auto de vinculación a proceso, de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado en contra de la parte quejosa, dentro de la carpeta procesal CP/197/2018, del índice del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Cuarta Región en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, por el delito de despojo de cosa inmueble. Acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la resolución reclamada se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. En efecto, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 176365, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.". Bajo esa lógica, el suscrito juzgador estima carecer de competencia para conocer del presente asunto, pues resulta evidente que la resolución materia del presente juicio si es ejecutable, y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del numeral 37 de la Ley de Amparo. En tal virtud, tomando en consideración que la ejecución material corre a cargo del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Cuarta Región en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, es que se considera que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer del presente juicio en cuestión, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución, como se indicó, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que resulta competente para conocer por razón de territorio, el Juez de Distrito en turno el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, por estar ubicada la autoridad que habrá de continuar la secuela de la carpeta procesal del que deriva el acto combatido, dentro del territorio donde ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.". En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se ordena remitir la demanda con sus copias por mensajería acelerada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, a fin de que esta a su vez, la turne al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda y esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada. Asimismo, de la manera más atenta se solicita al Juzgado de Distrito, se sirva acusar el recibo correspondiente e informar dentro del término legal para ello si acepta o no la determinación adoptada. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martín Alvarado García, David Carmona Quintero y Alejandro López Zárate, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gilberto Lara Libreros y César Uriel Grijalva Hernández, en virtud de no haber acreditado estar autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige la primera parte del último párrafo del citado artículo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal

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