Marcela Montejo Ponce

Expediente 853/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
853/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Marcela Montejo Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual remite copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de cuatro de los actuales, dictada en el expediente 656/2007 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Marcela Montejo Ponce; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Dicte la resolución interlocutoria de liquidación que en derecho corresponda, en el juicio laboral 656/2007, de su índice. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que la autoridad jurisdiccional se encuentra gozando de su periodo vacacional, tal y como se desprende del aviso que en su momento remitió a este Juzgado; en esas condiciones, considerando que esta determinación no es de carácter urgente, déjese bajo resguardo del Actuario Judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que la autoridad responsable reanude sus labores. Lo anterior, no se contrapone a lo establecido en la jurisprudencia con registro 2024510, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE; lo anterior, es así toda vez que del aviso citado no se desprende que la responsable, haya establecido guardia durante ese periodo para recibir oficios o requerimientos. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Marcela Montejo Ponce, mediante el cual solicita que se le requiera a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia dictada el veintinueve de junio del presente año. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, transcurre para el Fiscal del Ministerio Público adscrito a este Juzgado y para la parte quejosa del cuatro al quince de julio de la presente anualidad, con exclusión de los días inhábiles que dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, dígase a la parte quejosa que una vez fenecido el termino de diez días mencionado en el párrafo se antecede se procederá a proveer lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 853/2022-10, promovido por *********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el uno de junio siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dos posterior, *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de resolver el incidente de liquidación en el juicio laboral 656/2007. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de tres de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el expediente 853/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia 5 de 16 constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado.: 6 de 16 Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de resolver el incidente de liquidación en el juicio laboral 656/2007, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió de la audiencia 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 7 de 16 incidental de liquidación de uno de marzo de dos mil veintidós. 3 Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. En esencia, la parte quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de liquidación en el juicio laboral 656/2007, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, aduce que la autoridad responsable vulnera, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho de acceso a la justicia. 3 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 4 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 8 de 16 Al respecto, esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, 5 es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.7 5 En virtud de que el quejoso tiene el carácter de trabajador y el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, instituye ese beneficio a su favor: Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo.. 6 Artículo 17. .... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.. 7 Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional 9 de 16 La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 10 de 16 OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. En consonancia con lo anterior, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco prevé en el 11 de 16 artículo 121,8 que los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia del tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano. Sin embargo, esos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que la responsable, hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta de mayo de dos mil veintidós), no había resuelto el incidente de liquidación de laudo planteado por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral 656/2007, de su índice, no obstante que en actuación de uno de marzo de dos mil veintidós, llevó a cabo la audiencia relativa, habiendo transcurrido desde entonces más de tres meses. Lo anterior incumple lo previsto por el numeral 121 del ordenamiento jurídico precitado, que establece que los incidentes que se promuevan por otros motivos, supuesto en el que se encuentra el relativo al incidente de liquidación de laudo, deben resolverse de plano, esto es, en el mismo acto de la audiencia correspondiente. En congruencia con ello, el artículo 1069 de la ley de referencia, prevé que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor 8 Artículo 121.- Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano. 9 Artículo 106.- El procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato; y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso. 12 de 16 economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso. Asimismo, el numeral 13010 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes En esa tesitura, es evidente que se transgrede el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, con motivo de la dilación injustificada para resolver el incidente en cuestión, ya que la audiencia relativa data del uno de marzo de dos mil veintidós. Violación que incide en la esfera jurídica de la particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del incidente de referencia, contraviniendo así lo establecido en los citados preceptos legales. No pasa inadvertido que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas. Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir dictar la resolución en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 10 Artículo 130.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. 13 de 16 la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas actividades esenciales. Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. En ese contexto, a efecto de no hacer nugatorio el derecho fundamental de la quejosa a tener acceso a la justicia y a que ésta se le imparta de manera pronta y expedita, la autoridad responsable debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de que, salvaguardando la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), dicte la resolución incidental de mérito. Ello, tomando en cuenta que a la fecha se encuentra laborando, lo que le permite cumplir con el mandato constitucional previsto en el artículo En las relatadas circunstancias, se concede a la quejosa el amparo y protección de la justifica federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Dicte la resolución interlocutoria de liquidación que en derecho corresponda, en el juicio laboral 656/2007, de su índice. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando PRIMERO; por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

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