Marcela Monserrat Espinoza Rodríguez

Expediente 1019/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1019/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Marcela Monserrat Espinoza Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a través del cual remite el escrito firmado por Gerardo Castillo Cabrera, quien fue señalado como tercero interesado por la quejosa Monserrat Espinoza Rodríguez y mediante el cual realiza manifestaciones. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en razón de que dicha demanda fue desechada en proveído de diez de agosto de dos mil veintidós y causó estado en el diverso de veintitrés del mismo mes y año.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del auto de diez de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Marcela Monserrat Espinoza Rodríguez, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Pénjamo, Guanajuato. se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  3. Principal

    gréguese el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Marcela Monserrat Espinoza Rodríguez, informe justificado de la autoridad responsable, cuatro códigos QR con acceso digital a audiencia, constancia de emplazamiento al tercero interesado, un sobre cerrado y los autos originales del juicio F175/2018, del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en Pénjamo, Guanajuato. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo dictado por la oficiante, el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el amparo directo civil 630/2022, ese Tribunal Colegiado declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, fórmese el expediente de amparo indirecto correspondiente. Aceptación de competencia declinada. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 1019/2022-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase del conocimiento de la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo citado, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Del análisis integro de la demanda de amparo, permite advertir que el acto reclamado lo es la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en ejecución de sentencia en el expediente F175/2018 del índice de la responsable Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar con residencia en Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual se negó a la quejosa continuar con la fase de remate del bien embargado en ese juicio, toda vez que, al momento de ser embargado, ya había salido del patrimonio del demandado. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, párrafo primero y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] [Énfasis añadido] El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo -plazo de quince días-; asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en los casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En ese contexto, se tiene que el promovente no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender sus derechos que aduce lesionados, en el término de quince días, pues el auto que pretende combatir, se publicó en las listas de la autoridad responsable, el veinte de mayo de dos mil veintidós. Ello según se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en la que se advierte que dicho acuerdo fue publicado en listas el veinte de mayo de dos mil veintidós Luego, en la demanda de amparo se advierte que fue recibido en la Oficialía de Partes de los juzgados familiares de Pénjamo, Guanajuato el cuatro de julio de dos mil veintidós, por lo que su presentación es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, en virtud de que el plazo con que contaba la quejosa para promover el juicio de amparo, trascurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintidós, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese período, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la parte quejosa dejó transcurrir en demasía el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto de los actos reclamados en esta instancia. De igual forma, de las constancias que remitió la responsable, consistente en los autos originales del juicio F175/2018, se advierte que el seis de junio del presente año, la quejosa interpuso recurso de apelación en contra del mismo auto combatido -diecinueve de mayo de dos mil veintidós-, lo que inclusive, si se tomara como fecha de conocimiento del acto reclamado para promover la demanda de amparo, el término hubiera fenecido el veintisiete de junio de dos mil veintidós. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Agréguese el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Marcela Monserrat Espinoza Rodríguez, informe justificado de la autoridad responsable, cuatro códigos QR con acceso digital a audiencia, constancia de emplazamiento al tercero interesado, un sobre cerrado y los autos originales del juicio F175/2018, del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en Pénjamo, Guanajuato. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo dictado por la oficiante, el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el amparo directo civil 630/2022, ese Tribunal Colegiado declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, fórmese el expediente de amparo indirecto correspondiente. En consecuencia, hágase del conocimiento de la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo citado, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Del análisis integro de la demanda de amparo, permite advertir que el acto reclamado lo es la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en ejecución de sentencia en el expediente F175/2018 del índice de la responsable Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar con residencia en Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual se negó a la quejosa continuar con la fase de remate del bien embargado en ese juicio, toda vez que, al momento de ser embargado, ya había salido del patrimonio del demandado. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, párrafo primero y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: ... El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo -plazo de quince días-; asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en los casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En ese contexto, se tiene que el promovente no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender sus derechos que aduce lesionados, en el término de quince días, pues el auto que pretende combatir, se publicó en las listas de la autoridad responsable, el veinte de mayo de dos mil veintidós. Ello según se desprende de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en la que se advierte que dicho acuerdo fue publicado en listas el veinte de mayo de dos mil veintidós Luego, en la demanda de amparo se advierte que fue recibido en la Oficialía de Partes de los juzgados familiares de Pénjamo, Guanajuato el cuatro de julio de dos mil veintidós, por lo que su presentación es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, en virtud de que el plazo con que contaba la quejosa para promover el juicio de amparo, trascurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintidós, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese período, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la parte quejosa dejó transcurrir en demasía el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto de los actos reclamados en esta instancia. De igual forma, de las constancias que remitió la responsable, consistente en los autos originales del juicio F175/2018, se advierte que el seis de junio del presente año, la quejosa interpuso recurso de apelación en contra del mismo auto combatido -diecinueve de mayo de dos mil veintidós-, lo que inclusive, si se tomara como fecha de conocimiento del acto reclamado para promover la demanda de amparo, el término hubiera fenecido el veintisiete de junio de dos mil veintidós. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo..."

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