Marcela María Valenzuela Calderón

Expediente 659/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Marcela María Valenzuela Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformó en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONSENTIDA la determinación aludida. Devolución constancias a parte quejosa Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte...Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado actual de autos, del que se advierte que la parte quejosa Marcela María Valenzuela Calderón, realizó manifestaciones en relación con la vista que se le dio por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en el testimonio de ejecutoria dictado en el toca 425/2021 por el Tribunal de Alzada, en la que confirmó la sentencia recurrida, mismo que se tuvo por recepcionado en auto de diecisiete de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la ejecutoria dictada por este juzgado y confirmada por el Tribunal de Alzada, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Marcela María Valenzuela Calderón, para el efecto de que las autoridades responsables, procedieran de la siguiente manera: "Otorguen respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud que le formuló la parte quejosa, en su escrito de veintitrés de abril y diecinueve de mayo, ambos de dos mil veintiuno, la cual puede ser en cualquier sentido, tomando en cuenta que el fin perseguido por el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de que las autoridades aseguren una respuesta al gobernado, y no de que se acuerde favorablemente la petición relativa. ? Notifique legalmente dicha respuesta, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto. Lo anterior, dado que no basta que se haya emitido la determinación correspondiente, sino que es menester que le sea notificada a la parte quejosa para satisfacer tal garantía constitucional, porque lo mismo sería que no se haya dictado tal contestación, a que sí se haya dictado pero no se le haya comunicado a la parte quejosa, pues en ambos casos se le coloca en una situación de incertidumbre respecto a las determinaciones emitidas, en detrimento de la garantía individual en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XXXIV/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable a página 81, tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, de Semanario Judicial de la Federación, registro digital 206849, de rubro y texto: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 183/2006, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, localizable a tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, pagina 207, de Semanario Judicial de la Federación, registro digital 173716, de rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." Por su parte, mediante oficio agregado a los presentes autos en diecisiete de enero del año que transcurre, el Delegado de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, al cual anexó oficio dirigido a la aquí quejosa mediante el cual le notificó a la autorizada de la quejosa de referencia el contenido del oficio de trece de enero del año en curso, por medio del cual dio respuesta a su petición. Ahora bien, en aras de armonizar lo anterior, cabe traer a contexto los lineamientos expuestos en la jurisprudencia PC.XV. J/6 A (11a.), decretada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, en el que se determinó el criterio jurídico siguiente: "El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Por tanto, ante lo manifestado por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta localidad, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como se colige del oficio DGPJ/687/2021, [véase folio 15122], y por otro lado, la parte quejosa se limitó a referir que las autoridades han respondido que se encuentran en vías de cumplimiento del fallo sin que hayan otorgado la solicitud de pensión de la peticionaria de amparo, lo cierto es que el Pleno de este circuito, en la referida ejecutoria, expuso lo siguiente: "Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Consecuentemente, acorde los lineamientos del fallo protector delimitados, así como lo sostenido por el Pleno del Decimoquinto Circuito, es procedente decretar por cumplida sin exceso, ni defecto la sentencia de amparo pronunciada en el presente expediente. Por lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuentan con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo y notifíquese a las partes en el juicio la presente determinación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado vía electrónica por Andrea Mariel Soto Romero, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual hace manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, y atento a su contenido, téngase por formuladas las manifestaciones que hace alusión, las cuales se relacionarán en el momento procesal oportuno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Notificación electrónica parte quejosa

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