Marcela Hidalgo Morales
Expediente 444/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marcela Hidalgo Morales
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de julio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, y visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que al haberse sobreseído fuera de audiencia, sin decidir el juicio en lo principal, se dio por concluido el expediente en que se actúa. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral **, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y de la siguiente autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,." "V.- ACTOS RECLAMADOS: La violación constante y reiterada de los derechos humanos de la quejosa en el desahogo de los juicios laborales números *** y la omisión de dictar los autos emisarios de prueba..." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que ****, por propio derecho, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, la omisión de dictar el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral *** Entonces, analizado lo anterior se tiene que dicho acto reclamado es inexistente. Lo anterior, dado que debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, y." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral *** dicto el correspondiente auto admisorio de pruebas. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (tres de mayo de dos mil veintidós), la autoridad responsable laboral ya había dictado el correspondiente auto admisorio de pruebas en el juicio laboral ***. En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; atento a su contenido y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma, a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de agendar una cita con la finalidad de que se le expidan las reproducción referidas; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por Marcela Hidalgo Morales, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 444/2022 y fórmese expediente físico y electrónico. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la presente demanda, se advierte que la promovente reclama actos emanados de procedimientos diversos, los cuales, aún y cuando son de la misma naturaleza (dilación procesal), son desvinculados entre sí, ya que los actos reclamados provienen de diversos procedimientos que no tienen relación directa entre sí. Ante tales circunstancias dichos actos se encuentran totalmente desvinculados, lo que obliga a decretar de oficio la separación de los autos, por las razones y fundamentos que a continuación se expresaran, no obstante que la Ley de Amparo no prevea la figura de la separación de autos. En principio, es de tomarse en cuenta el contenido de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente en relación con el numeral 2, segundo párrafo, de la legislación citada en último término, que a letra dicen: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental." De lo anterior, podemos advertir que en el caso que nos ocupa, la quejosa señala como autoridad responsable la siguiente 1.- ".H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." Asimismo, señala como actos reclamados textualmente los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La violación constante y reiterada de los derechos humanos de la quejosa en el desahogo de los juicios laborales números 504/2017 y 208/2019 y la omisión de dictar los autos admisorios de prueba." De lo anterior se advierte que, la parte quejosa reclama las omisiones de dictar los autos admisorios de prueba, una derivada del juicio laboral 504/2017 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y la otra omisión derivada del diverso juicio laboral 208/2019, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, lo que es claro que se trata de procedimientos diversos, totalmente desvinculados entre sí, por lo cual no encuadra dentro de los supuestos de la acumulación. Al caso se cita la Jurisprudencia P/J.76/97, visible en la página 118, de la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Septiembre de 1997, que a la letra dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". De igual manera tiene aplicación la Tesis Aislada I. 3o.C.72K (10ª), visible en la página 2356, de la Décima Época, Libro 18, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Mayo de 2015, que a la letra dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí." Por lo cual, al tratarse de procedimientos diferentes, lo procedente es decretar la separación del procedimiento en el presente juicio, ya que no resulta válido que en un solo juicio de amparo puedan ser analizados y resueltos actos reclamados pertenecientes a procedimientos autónomos e independientes entre sí. En esa virtud, se decreta la separación de juicios, bajo los siguientes lineamientos: 1. El presente juicio de amparo 444/2022, deberá continuarse únicamente por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de dictar el auto admisorio de prueba en el juicio laboral 504/2017 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Por lo que se refiere al acto reclamado por la quejosa consistente omisión de dictar el auto admisorio de prueba en el juicio laboral 208/2019, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y su ejecución; obténgase por separados por cada juicio de origen y envíense copias debidamente certificadas de las constancias necesarias para su integración, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que sean turnados como un nuevo asunto, y asimismo, se provea sobre la admisión, debiéndose realizar la compensación respectiva. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia P./J.78/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 117, que refiere: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno de ellos corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." En consecuencia, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en cuanto hace al acto reclamado en el juicio laboral 504/2017, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada fuera del plazo que establece la ley de la materia; sin embargo, dicha circunstancia se debe a la carga de trabajo y a la limitación de personal horarios con los cuales este órgano jurisdiccional se encuentra laborando, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, reformado con relación al periodo. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Se hace saber a las partes que deberán manifestar cuando cesen los efectos del acto reclamado o cuando se actualicen causas notorias de sobreseimiento; de igual manera, solicítese a la autoridad responsable informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a la Secretaría de Educación Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, téngase a al promovente por señalado los correos electrónicos y números celular, como medios alternativos de comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. AUTORIZADOS. Dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde el promovente no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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