Marcela Guadalupe Reyes Barba

Expediente 1793/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1793/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Marcela Guadalupe Reyes Barba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia dictada en autos HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales... ...en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido, el cual ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Visto los escritos de cuenta, los cuales se desahogarán en dinstinto orden de recepción por resultar conveniente y por lo que se se proveen así: téngase al Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad remitiendo las constancias mediante las cuales informa y acredita la forma en que ha cumplido la suspensión de plano, destacando el pago del periodo comprendido del trece de julio al once de noviembre de dos mi veinte. Asimismo, se da cuenta con la promoción suscrita por el autorizado de la parte quejosa, por el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la suspensión definitiva dictada en autos; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y se ordena darle vista a dicha parte con lo informado por la autoridad, para que dentro del término de res días, manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho lapso, este Órgano Jurisdiccional lo tendrá como conforme.

  3. Principal

    Visto el estado de autos de los que se aprecia, que por proveído de cinco de septiembre de los corrientes, se tuvo al Titular del órgano Técnico de Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, informando que la primera semana de septiembre de dos mil veintidós, se llevaría a cabo el análisis, discusión y votación a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del proyecto, en relación al oficio INFOLEJ 7808/LVIII, sin que a la fecha hubiera informado lo conducente. Ahora bien, es un hecho notorio para éste Juzgador, la circunstancia que en diversos juicios de garantías del índice de éste órgano jurisdiccional, el Titular del Órgano Técnico de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, ha informado que en la Sexta Sesión Ordinaria, en la que se aprobó el Acuerdo Legislativo por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Jalisco, concluyeron que el Congreso del Estado de Jalisco, no cuenta con facultades para modificar presupuestos municipales, ya que únicamente inciden en la aprobación de leyes de ingresos más no en el presupuesto de egresos municipal, siendo ésta última una facultad exclusiva de los Municipios, y para lo cual, ellos deben realizar las acciones y previsiones pertinentes de los recursos que les permitan sufragar las erogaciones solicitadas por las autoridades judiciales. En tales condiciones, es inconcuso que ante la falta de potestad del Congreso del Estado de Jalisco, el Tribunal responsable debe realizar las acciones tendentes a requerir a las autoridades competentes en la materia para que realicen la adecuación o integración del presupuesto de egresos del Ayuntamiento Constitucional de Huejuquilla, Jalisco, a fin de que esté en posibilidad de pagar el laudo dictado en el procedimiento de origen y a su vez, dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo en que se actúa. En esa medida, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, además de las medidas de apremio previstas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuenta con una diversa gama de herramientas para hacer cumplir sus resoluciones, en términos de los artículos 140, 141, 142 y 143 de dicho ordenamiento. Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrá hacer efectiva otra medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. Al respecto, no pasa inadvertido que en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no está establecida la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, también lo es que no son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de este imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 133/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 227, Registro digital: 168880, cuyo rubro y texto dice: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa.". Es importante destacar, que al requerir el cumplimiento de un laudo que corresponda cumplir a un Ayuntamiento, debe requerir a sus integrantes, así como a los funcionarios que corresponda, bajo la precisión expresa de que deben adoptar las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer sus obligaciones y, de ser necesario, incorporar la sentencia en el siguiente presupuesto de egresos, a efecto de que sea cumplida, bajo el apercibimiento de multa y, además, haciendo hincapié en que de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público por la comisión del delito de desacato. Para lo cual, en este último supuesto, el procedimiento a realizar deberá ser el mismo que cuando se solicita la suspensión en el cargo de un funcionario público; esto es, remitir copias certificadas de aquellas constancias necesarias del expediente de origen, a fin de solicitar se comprometa el presupuesto del ejercicio fiscal venidero y en su caso, comparecer el Secretario a ratificar dicha solicitud. Por ende, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco el cual se encuentra conformado por ***, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días, realicen lo siguiente: Requerir al Ayuntamiento de Huejuquilla, que es la autoridad directamente responsable de la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto, que debe tener conocimiento de la existencia de un laudo que afectará el patrimonio de la entidad que representa, para que éste en su carácter de superior jerárquico, ordene expresamente a la oficina encargada de la Hacienda Municipal, el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo. Asimismo, requerir a la Secretaria General del Ayuntamiento y a su superior jerárquico, el presidente municipal, para que autoricen el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; Al tesorero municipal del Ayuntamiento, y a su superior jerárquico, el presidente municipal, para que una vez que reciba la orden expresa de éste, realice el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; al ser la responsable de la partida presupuestal respectiva. Lo anterior, a fin de que realicen las gestiones que estimen necesarias a fin de que se realice modificación o ampliación del presupuesto que corresponda y pueda pagarse al quejoso el importe condenado y liquidado en el juicio de origen. Cobra relevancia la Jurisprudencia P./J. 67/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 914, Registro Digital 178013, cuyo rubro y texto dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE NAYARIT INVADE LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN AL ORDENARLE, MEDIANTE UN ACUERDO PARLAMENTARIO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ÉSTE CON SUS TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. La Legislatura del Estado de Nayarit invade la esfera de facultades constitucionales del Municipio de Tuxpan y, con ello, su autonomía gubernativa, cuando mediante un acuerdo parlamentario ordena a su presidente municipal el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y la liquidación íntegra de los salarios y prestaciones que legalmente correspondan a los trabajadores sindicalizados, al ser las relaciones laborales del Municipio y sus trabajadores un aspecto de competencia exclusiva de éste, en el que la legislatura carece de injerencia, pues sus atribuciones constitucionales se limitan a expedir la ley que regula tales relaciones con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, por lo que el Congreso del Estado no está facultado para intervenir en los conflictos suscitados entre un Municipio y sus trabajadores, y mucho menos para ejercer funciones jurisdiccionales ajenas al Poder Legislativo, decidiendo si aquél ha dado o no cumplimiento a los compromisos adquiridos, ya que para solucionar ese tipo de controversias el propio Congreso Local estableció en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal el órgano jurisdiccional encargado de ello, que de acuerdo con sus artículos 127 y 133, fracciones I y II, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.". (Lo resaltado es propio) Es aplicable por analogía la tesis: III.4o.T.49 L (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2695, Registro digital: 2017532, cuyo rubro y texto dice: "EJECUCIÓN DEL LAUDO. PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR A LAS AUTORIDADES QUE ADMINISTRAN EL PRESUPUESTO EN UN MUNICIPIO Y QUE ESTÁN VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En términos de los artículos 197 de la Ley de Amparo y 140 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando se reclame el incumplimiento de un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en contra del Ayuntamiento de Guadalajara, una vez que el actor solicitó la ejecución en el juicio, se exigirá a las autoridades responsables y a las vinculadas con el cumplimiento lo siguiente: el tribunal burocrático debe, en primer término, requerir al demandado para que cumpla el laudo en el término de 30 días, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondrá una multa que puede ir de 10 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, hacerla efectiva e, incluso, ordenar la suspensión y requerir el auxilio de otras autoridades; empero, si no obstante ello, persiste la actitud contumaz de dar cumplimiento al amparo, debe procederse como sigue: 1) requerir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y a su superior jerárquico, el gobernador del Estado de Jalisco, para verificar el cobro de las multas que imponga el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por incumplir el laudo; 2) al Congreso del Estado de Jalisco, una vez que lo solicite el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, quien deberá instar el procedimiento administrativo de suspensión del cargo por quince días del servidor público de elección popular que no ha dado cumplimiento al laudo; 3) al Ayuntamiento de Guadalajara, que es la autoridad directamente responsable de la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto, que debe tener conocimiento de la existencia de un laudo que afectará el patrimonio de la entidad que representa; 4) al presidente municipal del Ayuntamiento, y su superior jerárquico, el Ayuntamiento de Guadalajara, que debe ordenar expresamente a la oficina encargada de la Hacienda Municipal, el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; 5) a la Secretaría General del Ayuntamiento y a su superior jerárquico, el presidente municipal, que deberá autorizar el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; 6) al tesorero municipal del Ayuntamiento, y a su superior jerárquico, el presidente municipal, para que una vez que reciba la orden expresa de éste, realice el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; y, 7) a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento y su superior jerárquico, el coordinador general de Administración e Innovación Gubernamental, que deberá girar las órdenes correspondientes para la entrega y pago de las cantidades debidas, por ser la Unidad Administradora responsable de la partida presupuestal respectiva. Lo anterior, de conformidad con los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 14, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 224 al 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 37, fracción XI, 47, fracción XI, 80 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 63, 66, fracción XLIII, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y al Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara aplicable para el ejercicio fiscal en que se actúe.". Apoya lo anterior, por los motivos que la contienen, la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2011, del Pleno del Máximo Tribunal, registro digital 162469, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.". Igualmente, resulta aplicable en lo conducente y por analogía la tesis VI.2o.T.20 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, registro digital 2020529 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. FORMA DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A REALIZAR TODAS LAS ACCIONES TENDENTES A LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO QUE INVOLUCRA EL PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO, Y ALGUNA DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS MANIFIESTA ESTAR IMPOSIBILITADA POR FALTA DE FONDOS EN LAS ARCAS PÚBLICAS. De las jurisprudencias P./J. 5/2011 y P./J. 6/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las diversas 1a./J. 57/2007 y 2a./J. 47/98, de la Primera y Segunda Salas, respectivamente, se concluye que tratándose de una sentencia en la que se concedió el amparo a un trabajador al servicio de un Ayuntamiento del Estado de Puebla, para que la autoridad responsable realice todas las acciones tendentes a la ejecución de un laudo que involucra el pago de una cantidad de dinero, si alguna de las autoridades condenadas al cumplimiento afirma su imposibilidad por falta de fondos en las arcas públicas, debe requerirse al director general de la Secretaría de Finanzas del Estado para que, en uso de las facultades que le concede el artículo 35, fracción XLVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla (actualmente abrogada), apruebe las respectivas adecuaciones presupuestarias que permitan contar con los recursos necesarios para que se dé cumplimiento al laudo.". De igual forma, deberán informar a éste Juzgador, de todas aquellas acciones administrativas que lleven a cabo con tal fin, en el entendido de que no es aceptable ni constituye una justificación el que se limiten a informar que carecen de recursos económicos y que no cuenta con suficiencia presupuestal, ni ninguna alguna otra expresión análoga o similar. Lo anterior se debe, a que las referidas autoridades están obligadas a demostrar, en el ámbito de sus respectivas competencias, que están realizando actos concretos encaminados al eficaz cumplimiento del fallo protector y que no han incurrido en actitudes evasivas ni en la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en su ejecución o que han incumplido de manera inexcusable la sentencia de amparo, pues de lo contrario, pueden ser sujetos del procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ser sancionados con la separación de su cargo y consignados ante el Juez de Distrito para ser juzgados por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Se apercibe a los integrantes del Tribunal responsable que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá a cada uno, una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. A similar determinación, arribó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el toca del incidente de inejecución 6/2022.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Presidenta de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a través del cual acusa recibo de la remisión del cuaderno de pruebas remitido con fecha doce de septiembre pasado; comunicado que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda.

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