Marcela Guadalupe Herrera Y Anduaga

Expediente 781/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
781/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Marcela Guadalupe Herrera Y Anduaga
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese el oficio 761/2023-P.2, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el toca de queja 211/2023 de su índice, relativo al recurso de queja interpuesto por Víctor Manuel Martín Rascón, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Manuel León Villalón, por propio derecho, en representación de sus hijos menores de iniciales M. L. H., A. L. H. y M. I. L. H., y como apoderado de Marcela Guadalupe Herrera y Anduaga, contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo indirecto; de la que aparece que la citada Superioridad, en su primer punto resolutivo declaró que carece de competencia legal por cuestión de materia para conocer del recurso de queja interpuesto por la nombrada parte quejosa, y, en el segundo resolutivo, remitió los autos del recurso de queja, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del propio Circuito, a través de la Oficina de Correspondencia Común, y dio a dicho órgano colegiado acceso al expediente electrónico del juicio de amparo indirecto 781/2023-I, de la estadística de este Juzgado. En consecuencia, acúsese recibo vía interconexión; y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por Víctor Manuel Martín Rascón, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; formándose por tal motivo el toca 211/2023. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica con evidencia criptográfica por ********************autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel León Villalón, por propio derecho, en representación de sus hijos menores de iniciales M. L. H., A. L. H. y M. I. L. H., y como apoderado de Marcela Guadalupe Herrera y Anduaga, contra actos que reclama de Inmobiliaria Chablekal, Sociedad Anónima de Capital Variable, Condominio Maestro Yucatán Village & Resort, Yucatán Country Club, Sociedad Anónima de Capital Variable y Ekogolf, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Una vez hecho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter con que se ostenta Manuel León Villalón, esto es, de apoderado de Marcela Guadalupe Herrera y Anduaga, ya que lo acredita con la copia certificada del testimonio notarial trescientos setenta y ocho, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, pasado ante la fe del Notario Público sesenta y tres del Estado de Yucatán. Asimismo, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama la determinación de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida por Inmobiliaria Chablekal, Sociedad Anónima de Capital Variable, Yucatán Country Club, Sociedad Anónima de Capital Variable, representadas por José Carlos Guzmán Alcocer, Condominio Maestro Yucatán Village & Resort, representado por Ekogolf, Sociedad Anónima de Capital Variable y Ekogolf, Sociedad Anónima de Capital Variable, representado por Ernesto Velazco Tellez, en el que se le comunicó que respecto a los lotes veintiséis, veintisiete y veintiocho, ubicados dentro del Subcondomio YVR 15 del Condomino Maestro Yucatán Village & Resort, se negó la ampliación de su domicilio y el destino de un área de deporte para practicar "Pádel" . De lo expuesto, se advierte que, en el caso, se surte la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento a que los actos reclamados no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los preceptos legales en cita, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Acorde con lo anterior, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, respecto a particulares con la calidad de autoridad responsable cuando el acto equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Cierto, sólo los actos aludidos dan lugar a la procedencia del juicio de amparo, sin embargo, el legislador no informó en la ley, quienes son autoridad para los efectos del amparo, únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad, pueden llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, ni abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de dicho juicio. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad en que en principio, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, criterio que superó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." que adelante se cita, de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en esa tesis se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1.- Que tenga características de órgano público. 2.- Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3.- Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, de acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Sobre ese tema es oportuno citar la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, tomo V, febrero de 1997, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término <autoridades> para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, conforme al artículo 1889 del Código Civil de esta Entidad Federativa, la asociación civil se define como un grupo de personas que convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Así, la sociedad civil implica la unión de personas para tomar acuerdos libres, con el propósito de llevar a cabo un fin común, el cual puede ser de diferente naturaleza, ya sea político, cultural, social, comercial, etcétera. Por su parte, la asamblea se conceptúa como la unión de socios, celebrada previa convocatoria legal, a fin de discutir, tratar y resolver cuestiones de interés común. Bien, la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán, en lo que interesa dispone: Artículo 1. Objeto de la ley Esta ley es reglamentaria del artículo 699 del Código Civil del Estado de Yucatán y tiene por objeto regular la constitución, modificación y extinción del régimen de propiedad en condominio y establecer las bases para su organización y funcionamiento. Artículo 2. Definiciones Para los efectos de esta ley, se entenderá por: I. Acta constitutiva: el instrumento jurídico otorgado ante notario público en el que se constituye el régimen de propiedad en condominio. II. Administrador: la persona física o moral designada por la asamblea para desempeñar las funciones de administración del condominio. III. Áreas y bienes de uso común: las áreas y los bienes que pertenecen en forma proindiviso a los condóminos y que estos utilizan y comparten para satisfacer sus necesidades de acuerdo al destino y uso del o los inmuebles. IV. Asamblea: el órgano supremo de decisión del condominio y la máxima instancia para la discusión y toma de acuerdos respecto de asuntos de interés para los condóminos. V. Condominio: el inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio, en los términos de esta ley. VI. Condómino: la persona física o moral propietaria de una o varias unidades de propiedad exclusiva de un condominio y copropietaria, en el porcentaje que señale su cuota de participación, de las áreas y bienes de uso común. VII. Cuota de administración: la que se determina anualmente para cada condómino y sirve para integrar los fondos de administración, reserva y los demás que se hayan establecido en los estatutos. VIII. Cuota de participación: la que determina el porcentaje que le corresponde a cada condómino con respecto al total del inmueble y que sirve de base para determinar la participación en las cargas y beneficios del condominio. IX. Estatutos: el documento normativo que regula aspectos referentes al gobierno del condominio y a su régimen jurídico real. X. Subcondominio: el régimen de propiedad en el cual un condominio es constituido al interior de otro condominio.. Artículo 20. Áreas y bienes que se presumen de uso común Se presumirán como áreas y bienes de uso común: I. El terreno, los cimientos, sótanos, techos y azoteas de uso general, puertas de entrada, fachada, vestíbulos, galerías, bardas perimetrales, corredores, escaleras, elevadores, patios, jardines, plazas, senderos, circulaciones interiores, calzadas, andadores, instalaciones deportivas, de recreo, de recepción o reunión social y los espacios señalados para cajones de estacionamiento de vehículos distintos a los correspondientes a las unidades de propiedad exclusiva en los términos del acta constitutiva correspondiente. II. Los locales e instalaciones destinados a la administración, portería y alojamiento del portero y los vigilantes, así como los aparatos e infraestructura correspondientes a los servicios generales del condominio. III. Los equipos, aparatos, accesorios, y demás complementos que conforman las redes, ramales o sistemas de alimentación y distribución, almacenamiento, desalojo, descargas, tratamiento, acometidas y tableros de medición de las instalaciones e infraestructura de los bienes y servicios públicos y de sistemas de emergencia y protección civil, aun cuando se encuentren instalados en los espacios de las unidades de propiedad exclusiva. IV. Los bienes muebles instalados o ubicados dentro de las áreas y bienes de uso común que sean de utilidad para el aprovechamiento de estos. V. Las demás áreas y bienes del inmueble que se designen con tal carácter en el acta constitutiva. Artículo 30. Atribuciones de la asamblea La asamblea es el órgano supremo del condominio y la máxima instancia para la discusión y toma de acuerdos, la cual contará con las siguientes atribuciones: I. Modificar el acta constitutiva y expedir o reformar los estatutos y los reglamentos interiores que considere. II. Extinguir el régimen de propiedad en condominio. III. Nombrar y remover libremente a las personas que ocuparán los cargos que establezcan los estatutos o, en su defecto, esta ley. IV. Designar a un apoderado general para administrar bienes y para pleitos y cobranzas. V. Crear, modificar o extinguir los comités de condóminos que considere. VI. Aprobar la realización de obras en las áreas y bienes de uso común. VII. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente. VIII. Examinar y, en su caso, aprobar los estados de cuenta que someta el administrador a su consideración, así como los informes anuales de actividades que rindan el administrador, el comité de vigilancia y los demás comités de condóminos, en su caso. IX. Determinar el monto de la garantía que deba otorgar el administrador respecto al desempeño de su cargo, y al manejo de los fondos bajo su administración. X. Instruir a quien la propia asamblea designe para proceder ante las autoridades competentes cuando el administrador infrinja esta ley, el acta constitutiva, los estatutos y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. XI. Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las funciones conferidas al administrador. XII. Las demás que le confiera esta ley, el acta constitutiva, los estatutos del condominio y demás disposiciones legales y normativas aplicables, así como todas aquellas que no estén conferidas de forma particular a otro órgano. Artículo 39. Administrador El administrador será el condómino o la persona física o moral que designe la asamblea, en los términos de los estatutos del condominio o de esta ley, para desempeñar las funciones de administración. Artículo 42. Facultades y obligaciones del administrador El administrador tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Elaborar las convocatorias y el orden del día de las sesiones de la asamblea. II. Notificar las convocatorias a los integrantes de la asamblea. III. Tener la representación legal de la asamblea. IV. Difundir los acuerdos adoptados en sesiones y vigilar su cumplimiento, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas. V. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. VI. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos de la asamblea, e informarle respecto a ello. VII. Levantar y resguardar las actas de las sesiones de la asamblea, así como la demás documentación relativa a estas. VIII. Certificar los documentos de la asamblea. IX. Cuidar y vigilar los exteriores de las unidades de propiedad exclusiva y las áreas y bienes de uso común, así como el adecuado funcionamiento, operación y mantenimiento, reparación y reposición de las instalaciones, servicios y bienes de uso común, conforme a lo establecido en esta ley, el acta constitutiva, los estatutos del condominio y demás disposiciones legales y normativas aplicables. X. Presentar a la asamblea un informe anual de actividades y el estado de cuentas del ejercicio anual precedente. XI. Elaborar la prepuesta de presupuesto para el año inmediato siguiente. XII. Recabar y conservar la documentación relacionada con el condominio, así como ponerla a disposición de cualquier condómino que así lo solicite, salvo la que de acuerdo a los estatutos o esta ley deban ser conservados por otra persona. XIII. Gestionar la realización de las obras de conservación y reparación de carácter urgente o conveniente en las áreas y bienes de uso común, con cargo al fondo de reserva. XIV. Representar legalmente al condominio y los condóminos, en todos los asuntos comunes relacionados con el condominio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos, con las facultades de representación de un apoderado general para administrar bienes y para pleitos y cobranzas, pero no las especiales que requieran cláusula especial, salvo que se le confieran por los estatutos o por la asamblea. XV. Ejecutar los acuerdos de la asamblea de condóminos, con excepción de los casos en que esta designe a otras personas para tal efecto. XVI. Recaudar, de cada uno de los condóminos, las aportaciones correspondientes a las cuotas de administración ordinarias, extraordinarias o a cualquier otro tipo de contribución destinada a la integración del fondo de administración o al mantenimiento, reparación, reposición y conservación del condominio, y otorgar recibo a cada condómino por dichas aportaciones. XVII. Efectuar los gastos necesarios para el mantenimiento, reparación, reposición, operación y administración del condominio, con cargo al fondo de administración, y según lo establecido por la ley, el acta constitutiva y los estatutos del condominio. XVIII. Entregar, con la periodicidad que señalen los estatutos, o mensualmente en su defecto, a cada condómino, el estado de cuenta que contenga la relación pormenorizada de ingresos y egresos del período correspondiente; los montos de las cuotas de administración pendientes de cubrirse; el saldo resultante de los fondos y fines a los que se destinarán los recursos en el período siguiente; las altas y bajas del inventario respecto de los bienes muebles ubicados en las áreas de uso común; y el señalamiento del plazo para formular observaciones y objeciones; en los términos del artículo 43 de esta ley. XIX. Acudir ante notario público, o verificar que la persona designada para ello, lo haga, para obtener la protocolización del acta de asamblea en la que se aprueben modificaciones al acta constitutiva o a los estatutos, y verificar que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. XX. Vigilar la observancia y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, el acta constitutiva y los estatutos del condominio, así como hacer las advertencias que correspondan. XXI. Llevar el inventario de bienes muebles. XXII. Gestionar con las autoridades competentes las licencias y permisos que sean necesarios para la realización de obras en las áreas y bienes de uso común del condominio. XXIII. Las demás que fueran necesarias para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del condominio, de conformidad con esta ley, el acta constitutiva, los estatutos del condominio y demás disposiciones legales y normativas aplicables". De lo transcrito se destaca que para efectos de esa Ley se entiende por condominio, aquella persona física o moral, propietaria de una o más unidades de propiedad privativa y, para los efectos de su legislación, aquella persona que haya celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario bajo el régimen de propiedad en condominio y el órgano máximo del condominio es la Asamblea General. El Administrador es la persona física o moral designada por la Asamblea General para desempeñar la función de administración de un Condominio y del Reglamento Interno; entre sus facultades está la de cuidar, vigilar y mantener en buen estado las Áreas y Bienes de Uso Común del Condominio, instalaciones y los servicios comunes, así como promover la integración organización y desarrollo de la comunidad. De lo que se colige, que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles regula cuestiones de índole privada, por lo que sus decisiones no crean, ni modifican o extinguen por sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte quejosa, sino que derivan del consenso de voluntades de los condóminos que en este caso estuvieron presentes en la asamblea general, más no de una relación de supra a subordinación. En efecto, las personas morales Inmobiliaria Chablekal, Sociedad Anónima de Capital Variable, Yucatán Country Club, Sociedad Anónima de Capital Variable Condominio Maestro Yucatán Village & Resort y Ekogolf, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus representantes, no poseen tal investidura de autoridad responsable con las características a que aluden los citados preceptos, por faltar el elemento de unilateralidad y la obligatoriedad en su actuar y que tampoco actúan como particular con actos equivalentes a los actos de una autoridad, sino solamente como funcionarios facultados para celebrar actos con personas físicas o morales respecto de la voluntad que las partes plasmaron en el contrato social, pues para que fuera factible atribuir el carácter de autoridad responsable a dicha asamblea, se requería que su actuación conllevara en sí misma alguna facultad de decisión o imperio, lo que en la especie no aconteció. Así, cuando los representantes de las morales quejosas actúan en representación de la Asamblea General en cuidado de los intereses de la sociedad que representan para resolver asuntos de interés propio y común, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus condóminos, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. Por lo que, las facultades de los representantes del Condominio son internas y propias de una relación de coordinación entre los condóminos constituido por particulares, de modo que el acto señalado como reclamado es justiciable en un medio de defensa ordinario. De ahí que el acto analizado tiene como causa generadora el contenido de un contrato celebrado con la parte quejosa, por lo que no existe un nexo entre una autoridad normativa y el acto del particular. Es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2747, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado". Por ende, la determinación dirigida al condómino, aquí parte quejosa, no son actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo, porque de conformidad con el citado artículo 5º, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no basta que la quejosa atribuya a los particulares señalados como autoridades responsables Inmobiliaria Chablekal, Sociedad Anónima de Capital Variable, Yucatán Country Club, Condominio Maestro, Yucatán Village & Resort y Ekogolf, Sociedad Anónima de Capital Variable, la toma de decisiones en forma unilateral, por estimar que podrían afectar sus derechos, al tener el alcance de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; pues para poder determinar que aquél reviste esa calidad en el juicio de amparo, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, en sentido material y formal, condición que no se actualiza en el caso con las personas morales que señala como autoridades responsables en relación con los condóminos, pues como se anotó, sus relaciones se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil. Sustenta lo expuesto la tesis III.4°.C.33 C (10ª) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable a página 1859, libro 14, enero de 2015, tomo III, décima época, materia civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONDOMINIO. NO ES AUTORIDAD, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI SUS ACTOS NO SON UNILATERALES, DE IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo se establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el Código Civil para el Estado de Jalisco, en su artículo 1019 dispone que el órgano máximo del condominio es la asamblea de condóminos, quien es la encargada de determinar sus funciones. Ahora bien, si en la demanda de amparo se señala como autoridad responsable a un condominio, reclamándole una cuestión atinente a la disposición de un área común, la cual fue autorizada mediante asamblea ordinaria del referido conglomerado, debe colegirse que dichos actos no son equivalentes a los de una autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico preestablecido), y de tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, en el aprovechamiento del haber patrimonial de dicho conjunto, debe decirse, además, que con ellos no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal del quejoso, dado que para su realización fue necesario el consenso de la mayoría de los condóminos, a través de su órgano supremo, descartándose así que dicha persona jurídica se rija de acuerdo con disposiciones de carácter general, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha; tampoco es imperativo el reseñado acto reclamado, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad de la mayoría en la toma de decisiones, también lo es que ello responde a las necesidades comunes y, por último, no es coercitivo, habida cuenta que, aun cuando es inminente su realización, obedece al ejercicio legítimo del régimen jurídico al que pertenece." Por los motivos que la informan, la diversa tesis I.8°.C.13 K (10°) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza a página 2132, libro 21, agosto de 2015, tomo III, décima época, materia común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 2009696, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desecha. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuarios, que son ********************relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover ********************o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los referidos usuarios en el presente juicio de amparo. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Asimismo téngase como correo electrónico y teléfono celular el señalado en su demanda de amparo a efecto de comunicaciones no procesales. Ahora bien, el promovente solicita la devolución del documento original consistente en el instrumento donde acredita su personalidad. Al respecto, dígasele al mismo, que no habiendo impedimento alguno se accede a la devolución del documento con el que acredita su personalidad, debiendo obrar en autos copia certificada del mismo; por lo que, una vez hecho lo anterior, está en aptitud de comparecer en cualquier día y hora hábil, para recibir la documentación a la que hace alusión; previo cotejo y compulsa del mismo, y toma de razón e identificación que se otorgue. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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