Marcela Guadalupe Amezquita Sierra
Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/09/2023
Partes del expediente
- Marcela Guadalupe Amezquita Sierra
- Ministerio Público de la Federación Adscrito.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Marcela Guadalupe Amezquita Sierra, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales M.R.A, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable señalada en el considerativo tercero, por los motivos y fundamentos establecidos en el considerando quinto. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último considerando de esta resolución, procédase a la captura en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese Personalmente. Así lo resolvió y firma Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, hasta el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado permitieron concluir el presente engrose, quien actúa asistido del Secretario Edgar Vera Zavala, que autoriza y certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe.
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Tijuana, Baja California, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que se declaró infundado el impedimento número 7/2023 planteado por la quejosa; en el siguiente sentido: "ÚNICO. Es infundado el impedimento planteado por **** en representación de su hija de iniciales M.R.A., contra el juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo indirecto 67/2022 de su índice." Atento a lo anterior, acúsese el recibo a la superioridad oficiante. En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento y se reanuda el trámite del juicio de amparo que nos ocupa, por lo que se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese en autos el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual informa el contenido del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio 148/2016 de su índice, en atención al contenido; con sustento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe, la cual se desahoga en este acto en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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Tijuana, Baja California, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Del estado de autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de impedimento, de conformidad con los artículos 52, párrafo segundo, 54, fracción III, inciso c), 59, 60 de la Ley de amparo. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la fecha señalada para la audiencia constitucional, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para su celebración...
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Tijuana, Baja California, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite la Secretaria de Acuerdos Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa a este juzgado que se admitió a trámite el recurso de recusación en contra del suscrito, el cual se registró como impedimento 7/2023; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 60 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente, a que se refiere el mencionado artículo, dentro del plazo de veinticuatro horas. En el caso concreto, el suscrito considera que no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 51, fracción VIII, 59 y 60, de la Ley de Amparo, para seguir conociendo del presente juicio de amparo 67/2022, por lo siguiente: La parte quejosa, mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, manifestó en esencia que, este Juzgador actúa en forma negligente puesto que fue omiso en darle vista a la parte quejosa para que esté en aptitud de ampliar la demanda de garantías, con motivo de que existe una nueva autoridad responsable que guarda relación con los actos reclamados en su escrito inicial de demanda, el cual le debió ser notificado personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; así como que se le informara del plazo de quince días para llevar a cabo la ampliación; que en ese sentido, este Juzgador queda impedido para conocer del juicio de amparo, además, que en atención a las actuaciones la parte quejos deduce que existe la intención de culminar este juicio en su perjuicio, ya que desde que inició el presente asunto, se desechó la demanda de garantías, privándole su derecho de acceso a la justicia y debido proceso, y que por tal motivo acudió a la superioridad para que analizara la demanda y obligara a este Juzgador a emitir una nueva determinación, para estudiar de nueva cuenta el caso que se atiende y se admitiera; ello aunado a lo ya señalado respecto a que no se le dio vista para que ampliara la demanda respecto a la existencia de una nueva autoridad responsable es decir la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Baja California; además la quejosa consideró que este Juzgador, actúo de manera parcial, puesto que no analiza el presente juicio, bajo la óptica de salvaguardar el interés superior del menor; concluye que existe un trato desigual, para que las partes tengan acceso a una administración imparcial y completa, puesto que se omitió brindarle la debida importancia a este asunto. Al respecto, resulta pertinente traer a colación el contenido del auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós que en lo conducente dice:....En dicho proveído se agregó a los autos el informe justificado rendido por la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la ciudad de Tijuana, Baja California, del cual se advierte que negó los actos reclamados en lo que interesa por las siguientes consideraciones: ? Que si bien es cierto se recibió el oficio 2344/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, derivado del expediente 00148/2016, del índice del Juzgado Segundo Familiar de esta ciudad, dónde solicita que se lleve a cabo la convivencia entre la menor M.R.A., y su padre Walter Roman Higuera, en las instalaciones de esa dependencia, también lo es, que en atención a lo solicitado giró oficio el veintitrés de junio de ese año a la Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, informando que las convivencias familiares deberán efectuarse en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, que tienen por objeto promover y facilitar la convivencia paterno-materno filial en aquellos casos que a juicio del juzgador o juzgadora, sea necesario fijar su régimen de visitas y convivencia supervisadas, con el objeto de salvaguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, previsto en el artículo 4, párrafo primero del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Baja California.Del mismo modo, en atención a lo anterior esa subprocuraduría dependiente directamente de la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, solo le corresponde brindar protección jurídica a los menores de edad, que estén bajo su protección, derivado del procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación que conozca del asunto, sustancié por vía incidental, para efectos de que la Procuraduría de Protección ejerza la representación en suplencia, el cual se encuentra previsto en el artículo 95 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California. Que por motivo de lo anterior es de precisar que esa institución no cuenta con las instalaciones idóneas, ni con personal especializado para llevar a cabo lo peticionado por la Juez Civil responsable. Asimismo, se considera también traer a colación el proveído dictado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo 67/2022, al considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la promovente no agotó el recurso de defensa ordinario a fin de conseguir que el acto reclamado fuera revocado, modificado o nulificado. Inconforme con tal determinación la parte quejosa, promovió recurso de queja número 40/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se le tuvo remitiendo testimonio de la ejecutoria declarando fundado el recurso de queja, y ordenando a este juzgado admitir a trámite el juicio de amparo que se atiende. En atención a que todo lo anterior se desprende que no se actualiza la causa, prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones que establecen:...De lo previsto en dicho precepto se desprende que los Jueces de Distrito deberán excusarse cuando ocurra, entre otras causas de impedimento, la relativa a que se encuentren en una situación diversa a las especificadas en el propio precepto, que implique elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad. "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De la lectura a las disposiciones antes trascritas facultan para sostener que, la recusación planteada encuentran su origen en el derecho fundamental de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos1 en específico, en el de justicia imparcial, por la que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, es decir, que no contiene parcialidad subjetiva. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar la temática de las causas de recusación o impedimento, como lo hizo en la contradicción de tesis 11/2006-PL, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, estableció que esta circunstancia en los juzgadores constituye un aspecto que está íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad exigidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a quienes desempeñan papeles en la administración de justicia. Así, el principio de imparcialidad se ha entendido en dos dimensiones: a) La subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del resolutor, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y, b) La objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver; es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido....En esa línea de pensamiento, debemos recordar que el condicionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el punto de vista del juzgador, individualmente considerado, tiene lugar, desde una óptica objetiva, por causa de los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez o magistrado y, desde una óptica subjetiva, por causa de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuvieran que juzgar a ciertas personas o situaciones en torno a las cuales le unen vínculos de afecto, de animadversión o de interés directo en el negocio. Además, las relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en los titulares de los órganos jurisdiccionales, se traducen en hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia. Asimismo, la existencia de tales conflictos de interés para el resolutor, por virtud de la exigencia constitucional de imparcialidad, implica un problema de interés público que el legislador ha resuelto a través de la figura del impedimento, la excusa y la recusación. Cabe precisar, que el artículo 59 de la Ley de Amparo otorga a las partes la facultad de promover la recusación del titular que habrá de participar en la solución de sus asuntos; de igual manera, el artículo 55 de la legislación en cita constriñe a los titulares encargados de impartir justicia a que manifiesten si tienen algún impedimento que se actualice en los asuntos de su conocimiento, con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. De ahí que, las recusaciones tienen por objeto garantizar la imparcialidad de todo juzgador; es decir, asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se incline en favor de ninguna de las partes o bien, en algunos casos, de su propio criterio ya manifestado al resolver en otra instancia el asunto de que se trate. Es cierto lo relativo a que se emitieron los autos de fecha de veintidós de febrero de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo, así como el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós en el que se tuvo a la responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la ciudad de Tijuana, Baja California rindiendo su informe justificado; pero no por los señalamientos que la propia accionante de amparo vierte en su escrito donde en lo que aquí interesa se resaltan las siguientes aseveraciones:...Anteriores señalamientos que de modo alguno se aceptan ni se comparten, sino por el contrario se niegan de manera categórica, pues en momento alguno este juzgado se ha conducido en forma indebida tal y como se puede observar de todas y cada una de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, en las que en todo momento han imperado los principios constitucionales que rigen el actuar de todo juzgador de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia. Por lo tanto, este juzgador manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existe impedimento para seguir conociendo del presente juicio de amparo 67/2022; en consecuencia, no se acepta la recusación planteada por la parte quejosa....
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