MARCELA ELISA RODRÍGUEZ MÉNDEZ y Otros.
Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- MARCELA ELISA RODRÍGUEZ MÉNDEZ y Otros.
- Marcela Elisa Rodríguez Méndez
- Gustavo Adolfo Guajardo Villarreal
- E. G. R.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado electrónicamente por el Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; y remite copia certificada de diversas documentales, derivadas del expediente 950/2020. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado el acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable dentro del expediente 950/2020, mediante el cual se le citó a fin de que se lleve a cabo la video audiencia de partes, con la finalidad de abordar temas relacionados con la educación de su menor hija, y señaló las doce horas del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. De las documentales anexadas al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado con base en las siguientes reflexiones. El citado artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Respecto de esta causa de improcedencia, que coincide en sus términos con la prevista en la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Mientras que el segundo supuesto, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución), pues, la emisión de dicho acto en el juicio natural tiene como sustento el que se impugna en la instancia constitucional, y como tal, lo reemplaza en sus efectos. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos noventa y uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Ahora bien, a efecto de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento tenemos que el tercero interesado remitió diversas documentales de las que se advierte que: El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, el Juez responsable agregó el escrito signado por el autorizado de Marcela Elisa Rodríguez Méndez (aquí quejosa) y la tuvo por manifestando: ".1. Que su menor hija E.G.R., se encuentra estudiando en el Centro Educativo denominado "Colorines", ubicado en calle 19 Sierra de Casas, número 229, en el fraccionamiento Villarreal, de esta ciudad, y que su horario escolar es de 7:30 a.m., a 14:00 p.m., de lunes a viernes, iniciando sus clases en la segunda semana de enero del presente año. 2. Que siendo una obligación de la promovente procurar y velar por su educación, no le es posible distraerla de sus actividades escolares, pues ello implicaría no velar adecuadamente por su educación. (.) Por otra parte, privilegiando el interés superior de la niñez, a fin de que se atiendan de manera pronta los aspectos de educación de la menor E.G.R., se estima procedente la fijación de una nueva fecha para la realización una audiencia a fin de que los promoventes aborden los temas relacionados con la educación de su menor hija, sin la asistencia de dicha menor atendiendo a su horario escolar, ya que constituye una temática que puede ser abordada exclusivamente por los padres quienes ejercen la patria potestad de la menor; en términos de lo previsto por los artículos 382 y 386 del código civil." Por tanto, fijó nueva fecha y hora para el desahogo de dicha audiencia, esto es, las doce horas del tres de febrero de dos mil veintitrés, a través de la plataforma "Zoom". Con base en lo anterior, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en el acuerdo dictado el seis de enero de dos mil veintitrés, en el cual se citó a las partes a fin de que se llevara a cabo la video audiencia con la finalidad de abordar temas relacionados con la educación de su menor hija, señalando las doce horas del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; dicho acuerdo fue sustituido procesalmente por el diverso dictado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la video audiencia. Es así, pues en el nuevo acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, dictado por la responsable consideró lo siguiente: Tuvo por recibido el escrito de la aquí quejosa presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual compareció a manifestar que su menor hija E.G.R., se encuentra estudiando en el Centro Educativo denominado "Colorines", ubicado en calle 19 Sierra de Casas, número 229, en el fraccionamiento Villarreal, de esta ciudad, y que su horario escolar es de 7:30 a.m., a 14:00 p.m., de lunes a viernes, iniciando sus clases en la segunda semana de enero del presente año, y actualmente está realizando actividades propias a su educación propia de su edad. En atención a dichas manifestaciones, dio vista a la parte contraria. Estimó tener por dispensada la comparecencia de la referida menor a la audiencia programada para el día veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, misma que tenía como finalidad abordar temas de su educación entre sus progenitores. privilegiando el interés superior de la niñez, a fin de que se atiendan de manera pronta los aspectos de educación de la menor E.G.R., estimó procedente la fijación de una nueva fecha para la realización una audiencia a fin de que se aborden temas relacionados con la educación de su menor hija, sin la asistencia de dicha menor atendiendo a su horario escolar. Al efecto señaló las doce horas del tres de febrero para el verificativo de la misma Por tanto, a través de la plataforma "Zoom". Asimismo, atendiendo al interés de la menor estimó que el rubro de educación de la misma es un aspecto fundamental en su desarrollo, y requiere de una debida tutela por parte de sus progenitores y autoridades jurisdiccionales; ello con fundamento en los artículos 1, 4,16 fracción I, 20, 40, 41 IV, 68 IV, y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 28, 39, 43, 56 y 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas; y artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es claro que el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa ha dejado de producir una afectación jurídica en detrimento de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que se considera que se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, respecto de ésta, habida cuenta que lo acordado en el diverso proveído de veinticinco de enero del presente año, sustituye al acto reclamado en el presente juicio de amparo, al incidir en su vigencia y ejecutividad. Apoya lo anterior, en la parte conducente la tesis I.2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2546, Libro 38, enero de 2017, tomo IV, página 2546, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Por tanto, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el mismo sentido, se cita la tesis número 2a. XLVIII/98, registro 196442, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, Materia Común, Página 241, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y por correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que se anexa la ejecutoria correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de veintisiete de enero del año en curso, dictada dentro de recurso de queja número 29/2023, en la que se resolvió: "ÚNICO. SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el presente recurso de queja" En consecuencia, acúsese recibo de estilo, agréguese la ejecutoria de cuenta a los presentes autos y hágase del conocimiento de las partes la resolución de referencia. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el tercero interesado ********************; y en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos a que se refiere en el escrito que se provee y con los mismos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Por cuanto hace a su solicitud relativa a que se sobresea fuera de audiencia el presente juicio, dígasele que una vez que la autoridad responsable rinda informe justificado se proveerá lo conducente y respecto a su solicitud de tener como hecho notorio las constancias de los juicios de amparo 1610/2021, 1467/2021, 736/2022 y 1573/2022 del índice de este Juzgado se le dice que de estimarlo necesario para resolver, éste órgano jurisdiccional tomará en cuenta las constancias relativas a dichos juicios de amparo. Finalmente, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas del tercero interesado las documentales anexadas al escrito que se provee, las cuales se admiten y desahogan en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que se anexa la ejecutoria correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de veintisiete de enero del año en curso, dictada dentro de recurso de queja número 30/2023, en la que se resolvió: "ÚNICO. SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el presente recurso de queja" En consecuencia, acúsese recibo de estilo, agréguese la ejecutoria de cuenta a los presentes autos y hágase del conocimiento de las partes la resolución de referencia. Notifíquese.
- Incidental
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente asunto, el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario con quien actúa, en términos de la última parte de la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se lleva a cabo mediante videoconferencia a través de CISCO WEBEX MEETINGS. En ese sentido, el Secretario certifica que se les hizo del conocimiento a las partes el número de reunión, contraseña y liga de acceso correspondiente para la celebración de la presente audiencia incidental, sin que se haya conectado ninguna de las partes ni de sus autorizados a la plataforma Cisco Webex Meetings. El Juez acuerda: Conforme a la certificación de cuenta, y al no haber comparecido las partes a la audiencia incidental vía remota, a través de la plataforma de referencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física), y se declara abierta la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos, mismas que por economía procesal, no habrán de transcribirse cada una de ellas, en virtud de haber quedado relacionadas en el presente incidente. En apoyo de la anterior consideración, por analogía, tiene aplicación el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, registro: 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Al respecto el Juez acuerda: Se tiene al Secretario relacionando las constancias de autos, para los efectos legales respectivos. A continuación se abre el período probatorio, haciendo constar que la parte quejosa exhibió diversas documentales a su escrito inicial de demanda. Al respecto el Juez acuerda: En términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las documentales de cuenta. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con las manifestaciones formuladas por la representación social de la adscripción. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la ley de la materia téngase a la representación social por formulando los alegatos a que se contraen en el ocurso que obra en autos, por lo que se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S para dictar resolución los autos que integran el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número 89/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Marcela Elisa Rodríguez Méndez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales E.G.R., solicitó la suspensión contra de actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, el acto reclamado señalado por la quejosa es el acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable dentro del expediente 950/2020. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. La autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado, precisando que auto de seis de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro de los autos del expediente laboral número 950/2020, pero la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. Ahora bien, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en el acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable dentro del expediente 950/2020, mediante el cual se le cita a fin de que se lleve a cabo la video audiencia de partes, con la finalidad de abordar temas relacionados con la educación de su menor hija, y señala las doce horas del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Del mismo modo, solicitó se conceda la suspensión del acto reclamado a efecto de que las cosas queden en el estado procesal en que se encuentran, ya que dice, en caso de que no se suspenda podría causarse un daño de imposible reparación. En ese sentido, del acuerdo que anexa a su escrito de demanda se desprende que la autoridad responsable citó a las partes a las doce horas del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, a efecto de llevar a cabo una video audiencia; luego, hasta este momento en que se resuelve no existe dato objetivo con el cual se acredite se haya llevado a cabo dicha audiencia. Bajo ese panorama, la determinación adoptada en este auto será a partir del principio del interés superior del menor, lo que implica cuidar no afectar el desarrollo pleno e integral de la menor E.G.R. Respecto a lo anterior, podemos referirnos al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª. XV/2011, Publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, febrero de 2011, de contenido: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." En ese sentido, la autoridad responsable al emitir el acuerdo de referencia proveyó en atención al interés superior de la menor de iniciales E.G.R, pues la diligencia a la cual convocó es con la finalidad de abordar temas relacionados con la educación entre sus progenitores, lo cual se encuentra previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. "Artículo 4o.- [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [.]". 3 "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. - - - - 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. - - - - 3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada" En efecto, el interés superior de un menor debe encontrarse inmerso en toda consideración judicial que se pronuncie en la que pudieran afectarse, directa o indirectamente sus derechos, por lo cual los juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, como criterio rector para resolver lo que corresponda. Por tal motivo, no es procedente conceder la suspensión del acto reclamado para el efecto que se solicita, pues del auto dictado el seis de enero de dos mil veintitrés que se reclama no se desprende vulneración alguna a las medidas de protección decretadas a favor de las quejosas, pues como se dijo únicamente se contrae a llevar una diligencia en la cual se habrá de recabar directamente las opiniones de las partes actora y demandada, así como de los menores de edad que intervengan en el juicio, en relación a la educación de la menor de iniciales E.G.R, lo cual es de interés público conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese orden de ideas, la suspensión si es procedente, pero no para los efectos solicitados, si no los que se precisaran a continuación, con base en la Jurisprudencia 4/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estableció que resultando procedente la suspensión, el Juzgador fijara la situación en que habrán de quedar las cosas y tomara las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio de amparo, es decir estará facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos en su escrito inicial y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados, criterio que es de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Consecuentemente, con base en los artículos 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7° y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 125, 128, 129, fracción VIII y 147, parte final de la Ley de Amparo, resulta procedente CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, en el desahogo de audiencia programada para el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente 950/2020, (la que hasta este momento en que se resuelve no existe dato objetivo con el cual se acredite se haya llevado), actué conforme a los lineamientos que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, para lo cual se enlistan los siguientes: a) Brindarle asistencia psicológica especializada durante el desahogo de la diligencia para que le preste asistencia y acompañamiento procesal, a fin de disminuir o mitigar las consecuencias del proceso en la medida de lo posible, favoreciendo su desarrollo. b) Al inicio de la diligencia brindarle información sobre el procedimiento judicial y su papel en el mismo, específicamente sobre la diligencia en la que va a intervenir, ya que la medida en que se anticipe lo que ocurrirá se disminuye el estrés. c) Procurar que la diligencia se desahogue en un entorno adecuado. d) Y en caso de que el juzgador responsable estime que la seguridad de la menor está en riesgo, tomar las medidas conducentes para su protección. e) Asimismo, deberá considerarse la edad biológica de la menor de edad quejosa no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; f) Debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, g) Debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; h) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; i) La declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; j )La menor de edad debe intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y k) Debe consultar a la menor de edad sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud. Por tanto, atendiendo a que a la presente fecha, este órgano jurisdiccional no tiene conocimiento si se celebró o no la audiencia programada, en el caso, corresponderá al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia adoptar las medidas pertinentes a fin de que la medida suspensional surta sus efectos y sea posible el desahogo de audiencia programada en el auto de seis de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente 950/2020, de su índice, para estar en condiciones de que se lleve a cabo la audiencia en la cual se habrá de recabar directamente las opiniones de las partes actora y demandada, así como de los menores de edad que intervengan en el juicio, en relación a la educación de la menor de iniciales E.G.R, la que hasta este momento en que se resuelve no existe dato objetivo con el cual se acredite se haya llevado. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 12/2017, de la Primera Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 288, del libro 40, marzo de 2017, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013952del contenido siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." No se impone garantía por el momento a la parte quejosa toda vez que los derechos del tercero no son estimables en dinero y, en esos casos, queda a discreción del órgano jurisdiccional la exigencia de esa medida de efectividad. Finalmente, atendiendo a que la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el auto de diecinueve de los corrientes, por el que se negó la suspensión provisional solicitada; mediante oficio que se gire vía interconexión, infórmese la presente resolución al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar en el recurso en comento. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 139, 144, 146, 147 y 150, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a la quejosa Marcela Elisa Rodríguez Méndez, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales E.G.R., la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita, por la autoridad y motivos expuestos en el considerando único de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
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