Marcela Dolores Reyes Bernardo
Expediente 511/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 39 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 13/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcela Dolores Reyes Bernardo
- Marcela Dolores Reyes Bernardo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Incidental
MESA 2 A INC. 511/2015- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que por haberse concedido la medida cautelar requerida por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria relativa, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en virtud de que obra en la caja de valores de este Juzgado, el billete de depósito número N 083693 (fojas 55 y 56), que ampara la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), exhibido por la quejosa MARCELA DOLORES REYES BERNARDO, para garantizar la suspensión definitiva que en su oportunidad se le concedió (fojas 41 a 43 vta.); respecto del cual, la peticionaria del amparo cuenta con el término de dos años para reclamar el referido título de crédito, en términos de lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, ya que no se está en el caso del artículo 156 de la Ley de Amparo, al haber sido concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, póngase a disposición de la parte quejosa por el término señalado, el billete de depósito de mérito; apercibida que, de no hacer manifestación alguna al respecto, el mismo se hará efectivo a favor del erario federal en términos de lo establecido en los artículos 45 y 48, primer párrafo, del ordenamiento legal citado. Sirve de apoyo al caso, por tratar sobre el tema, la tesis de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)MESA 2 A INC. 511/2015- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que por haberse concedido la medida cautelar requerida por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria relativa, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en virtud de que obra en la caja de valores de este Juzgado, el billete de depósito número N 083693 (fojas 55 y 56), que ampara la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL), exhibido por la quejosa MARCELA DOLORES REYES BERNARDO, para garantizar la suspensión definitiva que en su oportunidad se le concedió (fojas 41 a 43 vta.); respecto del cual, la peticionaria del amparo cuenta con el término de dos años para reclamar el referido título de crédito, en términos de lo dispuesto en el numeral 47 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, ya que no se está en el caso del artículo 156 de la Ley de Amparo, al haber sido concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, póngase a disposición de la parte quejosa por el término señalado, el billete de depósito de mérito; apercibida que, de no hacer manifestación alguna al respecto, el mismo se hará efectivo a favor del erario federal en términos de lo establecido en los artículos 45 y 48, primer párrafo, del ordenamiento legal citado. Sirve de apoyo al caso, por tratar sobre el tema, la tesis de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD)mesa 2 a pral. 511/20158- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de julio de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de la secretaría, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa y tercera interesada para que dieran contestación a la vista que se les otorgó en proveído de catorce de junio de este año (foja 251 y vta.), respecto del cumplimiento que dieron las autoridades responsables; sin que se hubiere realizado pronunciamiento alguno al respecto; en tales condiciones, este Juzgado procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido, atendiendo a lo que se advierte de autos. A fin de analizar lo anterior, resulta oportuno precisar que: En este juicio de amparo, la quejosa MARCELA DOLORES REYES BERNARDO demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1) juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, 2) comisario General de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Oaxaca de Juárez, 3) comisionado de la Policía Estatal en Oaxaca, 4) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado y 5) actuaria adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, que hizo consistir en: "1.- Del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclamo: a).- La ilegal orden de hacerme comparecer por medio de la Fuerza Pública ante ese propio Juzgado, emitida dentro del incidente de modificación a la cláusula cuarta de convenio, anexo al expediente principal número 801/2011, primera secretaría. b).- La ilegal orden de arresto emitida en contra de la suscrita dentro del incidente de modificación a la cláusula cuarta de convenio, anexo al expediente principal número 801/2011, primera secretaría. 2.- A las responsables en su carácter de ejecutoras reclamo: La ejecución material e inminente que se le pretende dar a las órdenes mencionadas en los incisos anteriores, a excepción de la actuaria adscrita de quien reclamo la falta de notificación personal a la suscrita del acuerdo o acuerdos en que se ordenó hacerme comparecer ante el Juez Segundo de lo Familiar del centro por medio de la fuerza pública, y en que se ordenó imponerme un arresto, emitidos dentro del incidente de modificación a la cláusula cuarta de convenio, anexo al expediente principal número 801/2011, primera secretaría". Y, mediante auto de nueve de junio de dos mil quince (foja 53 y vta.), se tuvo a la quejosa, ampliando la demanda en cuanto a conceptos de violación y actos reclamados, los cuales fueron precisados de la siguiente manera: "1. Falta de notificación personal del acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, dictado por la responsable, en el cual ordenó: Hacer comparecer ante la responsable a la aquí quejosa por medio de la fuerza pública; Así como imponerle un arresto por tres horas; 2. La hora en que se desahogó esa diligencia; 3. El que se recibieran al alcalde Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, diversas actas donde consta la incomparecencia de la aquí quejosa en la entrega-recepción de los menores Joaquín y Rodrigo Manuel, de apellidos Velasco Reyes, para la convivencia con su padre aquí tercero interesado Juan Manuel Velasco Bautista; y, 4. Omisión de tomar en consideración el incidente de nulidad de actuaciones que había interpuesto. 5. La responsable no señaló el lugar donde debía comparecer para el desahogo de la diligencia." 1° En sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil quince (fojas 122-134), se negó a la quejosa MARCELA DOLORES REYES BERNARDO el amparo y protección de la justicia federal solicitado. 2° Inconforme con tal sentido, el veintiocho de septiembre de dos mil quince (fojas 145-149) la quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia aludida en el punto anterior; mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad. 3° En ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 169-206 vta.), el tribunal colegiado modificó la sentencia recurrida; en consecuencia, por una parte, a) negó el amparo a Marcela Dolores Reyes Bernardo y, por otra, c) concedió la protección constitucional, para los siguientes efectos: (imagen escaneada) 4° Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 207-209 vta.) se requirió al 1) juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, a efecto de que diera cumplimiento con la sentencia protectora; en tanto que al 2) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, 3) comisario General de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Oaxaca de Juárez y 4) comisionado de la Policía Estatal en Oaxaca, se les requirió el veinticinco de abril de dos mil dieciséis (foja 226 y vta.), para que dieran cumplimiento con la ejecutoria de amparo. 5° Por oficio 1241/2016 el secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro (fojas 222-225) refirió haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 801/2011, de su índice. 6° Por su parte, a través del oficio números SSP/PE/DJ/3051-C/2016, el director de área adscrito a la Policía Estatal, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (fojas 235-239), informó que giró los oficios SSP/PE/DJ/3048-C/2015, SSP/PE/DJ/3049-C/2015 y SSP/PE/DJ/3050-C/2015, dirigidos, respectivamente, al 1) encargado de división de investigación, 2) director de división seguridad regional y 3) director de la división de fuerzas estatales, pertenecientes a la policía estatal, mediante los cuales les hizo de su conocimiento que se ordenó dejar insubsistente la ejecución del medio de apremio ordenado por el juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. 7° En tanto que el director Jurídico de la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el oficio DJCSPVPCM/0922/2016 (fojas 247-250) adujo dar cumplimiento al fallo protector; al efecto, giró instrucciones al comisario de Seguridad Pública Municipal, con la finalidad de dejar insubsistente la ejecución del medio de apremio ordenada por el juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación a dicho cumplimiento, sin que las partes realizaran manifestación alguna. Ahora, de la documental remitida por el juez responsable, que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que cumple con la sentencia de amparo, pues realizó lo siguiente: El veintiuno de abril de dos mil dieciséis (foja 223 vta.), en estricto acatamiento al fallo protector, dejó insubsistente la parte relativa del acuerdo dictado el catorce de abril de dos mil quince, relativo al medio de apremio que se le impuso a MARCELA DOLORES REYES BERNARDO, consistente en hacerla comparecer por medio de la fuerza pública a la audiencia de carácter familiar señalada para las once horas del cinco de mayo de dos mil quince. Y las autoridades ejecutoras a) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, b) comisario General de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Oaxaca de Juárez y c) comisionado de la Policía Estatal en Oaxaca, dejaron sin efecto la ejecución del acuerdo dictado el catorce de abril de dos mil quince, por el juez natural (fojas 222-225, 235-239 y 247-250). En las relatadas consideraciones y toda vez que este Juzgado considera que las autoridades responsables por las que se otorgó el amparo, acataron en sus términos el fallo protector emitido en la ejecutoria dictada por este Juzgado; sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara cumplida la sentencia de mérito. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LE DEJÓ CON ANTERIORIDAD) mesa 2 a pral., 511/2015-mesa 2 a pral. 511/2015- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de junio de dos mil dieciséis. Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio DJCSPVPCM/0922/2016 signado por el director Jurídico de la Comisión de Seguridad Pública de Vialidad y Protección Civil Municipal, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que se giró el oficio número DJCSPVPCM/0918/2016, dirigido al Comisario de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual, se hizo de su conocimiento, que se ordenó dejar insubsistente la ejecución del medio de apremio ordenado por el juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en consecuencia se le tiene informando las medidas tendentes al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, manifiesten lo que a sus intereses convenga; apercibidas que, en caso de no hacer manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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