Marcela de Carmen Mexia Osuna
Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marcela de Carmen Mexia Osuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Se recibe testimonio de queja. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que, en sesión de tres de junio del presente año, se dictó resolución en la queja 55/2021 de su índice, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. ES INFUNDADA la queja" Se ordena agregar a los autos el oficio y anexo de referencia, para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo correspondiente. II. Orden de archivo. Archívese el expediente como asunto concluido. III. Orden de destrucción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Admite recurso de queja. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Marcela del Carmen Mexía Osuna, en contra del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 50/2021. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para que surta los efectos legales correspondientes. II. Nota de queja. Se toma nota que se registró como queja 55/2021, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa Marcela del Carmen Mexía Osuna, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de enero del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. Remisión de los agravios. En atención a lo anterior, remítanse el original y copia del escrito de queja de que se trata, así como copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 50/2021, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la resolución del medio de impugnación en comento. Ríndase informe. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de la materia, ríndase informe. IV. Remisión de oficio. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio relativo. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario de la adscripción que corresponda.
- Principal
Al no atender al citatorio de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se notifica por lista a la parte quejsoa el auto de veintiocho de enero del presente año: Acuerdo: Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por Marcela del Carmen Mexía Osuna, por su propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 50/2021 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (Correspondiente Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605). Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con residencia en esta ciudad, en el expediente 245/2019 de su índice, por medio del cual solicita la exhibición de documentos con firma autógrafa a fin de desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida en autos. En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, los actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese tenor, cabe precisar que son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, verbigracia: derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata solo de las reglas fijadas por el Estado para la prosecución del procedimiento. Lo anterior obedece a que nuestro más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben reunir dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones, derivan de la jurisprudencia 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, registro 2006589). En ese orden de ideas, si el acto reclamado consiste en el acuerdo dictado el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con residencia en esta ciudad, en el expediente 245/2019 de su índice, por medio del cual solicita la exhibición de documentos con firma autógrafa a fin de desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida en autos, es inconcuso que dicho acto no constituye un acto dentro del juicio laboral de origen, cuyos efectos sean de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que solo produce efectos de carácter adjetivo (intraprocesales/probatorios) que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, al existir la posibilidad legal de que la sentencia que se emita en el juicio de origen sea favorable a la aquí quejosa; en cuyo caso desaparecerían los efectos intraprocesales que ha generado la determinación que reclamada. Si por el contrario, el fallo que en su momento se dicte en el juicio de origen, es contrario a los intereses de la promovente, podrá impugnar las violaciones procesales en cuestión, a través del juicio de amparo directo que, en su caso, promueva en contra de la aludida sentencia, de conformidad con el artículo 171, fracción III, de la Ley de Amparo. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marcela del Carmen Mexía Osuna. III. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Serna Coronado y José Antonio Serna Valdés, toda vez que, de la certificación de cuenta, se advierte que tienen sus cédulas profesionales debidamente registradas. IV. Medios de comunicación no procesales. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte quejosa señalando como tal, el correo electrónico robertofabela@gmail.com. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VII. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VIII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. IX. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. En el intelecto que su acceso al órgano jurisdiccional dependerá de que realice las gestiones indicadas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos y temporalidad ahí indicados. X. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la presente determinación se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley y dentro de los plazos legales. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Carolina Isabel Tirado Jiménez, secretaria que autoriza y da fe.
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