Marcela Asunción Moreno Alvarado

Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
236/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Marcela Asunción Moreno Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Marcela Asunción Moreno Alvarado, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 236/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. En el caso, se estima de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por actos de imposible reparación se entiende "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P. /J. 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, libro siete, junio de dos mil catorce, tomo I, del semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en:  La resolución de veintidós de febrero del dos mil dieciocho, dictada en los autos del expediente civil 1162/2017/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra de la admisión de las pruebas de inspección judicial y pericial en valuación de rentas, ofrecidas por su contraparte. Así las cosas, se considera que en contra del auto reclamado, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que la resolución combatida es un acto que no afecta derechos sustantivos de las partes al producir únicamente efectos intraprocesales. Lo anterior es así, debido a que si bien, la quejosa manifestó que la autoridad responsable desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por la misma en contra del auto que admitió las pruebas referidas con anterioridad y ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen, el cual manifestó le causa un agravio, ésta acción no traería como consecuencia directa y necesaria la obtención de una resolución desfavorable y/o una afectación de imposible reparación a la misma, tal como la quejosa lo refiere en su propio escrito de demanda; siendo que, tales situaciones se producirían al momento del dictado de la sentencia correspondiente y en el supuesto de ser contraria a sus intereses. Por lo que, como se sostuvo, se estima que el acto origen de este asunto es un acto de naturaleza intraprocesal, el cual no actualiza ningún caso de excepción a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, ya que la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad, dejando intacto en sus derechos al afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Máxime, que los efectos que la resolución reclamada produce, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica de la quejosa si la sentencia definitiva le es favorable o, en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar dicho acto a través del amparo directo que promueva contra la referida sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad con los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX de la Ley de Amparo. En ese sentido, al no concurrir circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla Verónica Salazar Ramírez y Jaime González Marcos, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, se tienen como sus autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Deysi Riquelme González, la primera por no contar con cédula registrada en dicho sistema. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copia del presente acuerdo, dictado en este juicio de amparo, que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."

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