Marcela Arévalo Valenzuela

Expediente 1215/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1215/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Marcela Arévalo Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de diez de diciembre del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar los siguientes antecedentes: 1. Por sentencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Marcela Arévalo Valenzuela, para los efectos siguientes: "[.] Acuerde de inmediato el escrito recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno por el cual el apoderado legal de la actora -aquí quejosa- solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes dentro del expediente laboral 1667/2017 de su índice." Entonces, el efecto protector fue para que la autoridad responsable proveyera el escrito de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, presentado por el apoderado legal de la parte actora en el expediente laboral 1667/2017. 2. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 3. Mediante oficio 853/2021-L recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el tres de diciembre del presente año, el presidente de la Junta responsable, remitió copia certificada de los acuerdos de veintisiete de enero de dos mil veinte y dos de diciembre de dos mil veintiuno inherentes al expediente laboral 1667/2017 de su índice. Constancias a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 4. En razón de lo anterior, en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere. En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: ? La junta responsable el veintisiete de enero de dos mil veinte, emitió un acuerdo en el expediente laboral 1667/20107, en el que tuvo a las partes intentando denunciar un convenio de modalidad de cumplimiento de laudo y en virtud de que la responsable advirtió un posible fraude de acreedor en un juicio de rebeldía, sin resistencia del demandado para el pago, determinó que las artes deberán presentar diversas documentaciones que justifiquen su acción. ? Asimismo, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y en atención contenido, hizo del conocimiento del ocursante que deberá estarse a los acordado en proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, esto es una vez que dé cumplimiento a lo requerido en dicho proveído, se acordará lo solicitado en su escrito. De lo anterior, se advierte que la responsable al hacer alusión a un acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en su lugar refería al auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, lo que se advierte de lo informado en el oficio 853/2021-L, al plasmar que remitió el segundo de los mencionados; así como se puede desprender que se trata de un error mecanográfico, al señalar un año diferente del acuerdo en comento. Por lo tanto, es evidente que los proveídos de veintisiete de enero de dos mil veinte y dos de diciembre de dos mil veintiuno, satisfacen los efectos contenidos en la sentencia dictada en el presente juicio, toda vez que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, le hizo saber a la parte actora que una vez se cumpliera con lo determinado el veintisiete de enero de dos mil veinte, se acordaría lo conducente. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Ahora, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Francisco Javier Méndez Pérez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a las constancias con las cuales la autoridad responsable da cumplimiento al fallo protector, esto es: Aduce que el acuerdo de la autoridad responsable hace referencia a un oficio que no guarda relación alguna con el acto reclamado y cita "al proveído de 27 de enero de 2017"; sin embargo, con independencia de que aluda a un proveído con año distinto al exhibido en copia certificada -veintisiete de enero de dos mil veinte-, que como ya se trata de un error mecanográfico; ya que la autoridad responsable en auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, determinó que en cuanto se cumpla con lo requerido en dicho acuerdo, acordará lo conducente al escrito presentado el veinticinco de mayo de dos ml veintiuno. Por otro lado, respecto de la solicitud para que esta jurisdicción instruya a la responsable para que dicte auto de requerimiento de pago contemplado en el artículo 95 de la Ley Federal del Trabajo; dígase a la parte quejosa que no ha lugar acordar favorable lo que solicita, toda vez que tal cuestión no fue materia de la concesión del presente juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, se encuentra gozando de su periodo vacacional, déjese bajo resguardo del actuario judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que reanude sus labores. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual, remite el diverso suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, quien anexa copia certificada de los acuerdos de veintisiete de enero de dos mil veinte y dos de diciembre de esta anualidad, dictados en autos del expediente laboral 1667/2017 de su índice, del que se advierte que, acordó el escrito de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1215/2021-8, promovido por *****************, contra el acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro de octubre siguiente, *************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La dilación procesal del juicio laboral, específicamente de acordar el escrito de fecha 31 de mayo de 2021, en los plazos establecidos en el artículo 719 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1667/2017(.) AUTORIDAD RESPONSABLE Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de octubre de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 12152021-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; dada la naturaleza omisiva del acto que se reclama, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; no se tramitó incidente de suspensión, dado que no se actualizó supuesto alguno previsto en el artículo 125 de la ley de la materia; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco de proveer el escrito presentado por el apoderado de la impetrante el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno en el que se solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes, dentro del expediente laboral 1667/2017 de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que le fue reclamado a la Junta responsable, dado que omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue requerida mediante oficio 27668/2021, el cual recibió el siete de octubre de dos mil veintiuno, según constancia que obra agregada en autos. Al respecto es de tomar en cuenta las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.1o.P.35 K, publicada en la página 1363, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal". Presunción que se corrobora con el acuse de recibo del escrito presentado por el apoderado de la impetrante ante la citada responsable el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, del cual se advierte el sello original y la firma autógrafa de quien lo recibió. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de la Junta responsable de acordar el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno por el cual el apoderado de la actora -aquí quejosa- solicitó que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes dentro del expediente laboral 1667/2017 del índice de la Junta responsable. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Este órgano de amparo considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de la autoridad encargada de impartirla, de resolver las controversias ante ella planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. De igual forma, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. Al respecto, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; instituye que los principios del procedimiento del trabajo serán la inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez. Ahora bien, estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en el ordinal 838 del mismo ordenamiento, el cual dispone lo siguiente: Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Como se puede advertir, es obligación de la autoridad laboral proveer dentro de las CUARENTA y OCHO horas siguientes a su recepción los escritos que reciba En el caso, se observa que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno-, la Junta responsable en cuestión no se ha pronunciado respecto al escrito presentado por el apoderado de la aquí quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; contraviniendo con ello lo dispuesto en los numerales 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior se ha incumplido por parte de la autoridad responsable, pues, además de omitir rendir informe justificado, tampoco remitió las constancias que integran el expediente laboral en cuestión, a efecto de desvirtuar lo aducido por la quejosa. Consecuentemente, de la fecha en que la parte quejosa presentó su escrito -treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno- ante la responsable solicitando se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes a la que se presentó la demanda de amparo -veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno-, ha transcurrido en exceso el término de cuarenta y ocho horas siguientes para que la autoridad responsable provea lo conducente a la petición formulada, lo que trae como consecuencia la transgresión al derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita. Aunado a lo expuesto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el presente asunto, el legislador a través de los numerales antes citados, estableció los plazos para que la Junta responsable señale y desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del expediente laboral. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo anterior, se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Por lo que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la responsable tuvo el tiempo suficiente para proveer lo conducente sobre la solicitud planteada mediante el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; esto es, más de tres meses; por tanto, el plazo transcurrido de ninguna forma puede considerarse razonable. De ahí que se concluya que la omisión y dilación aludida vulnera en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita, consagrado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco: Acuerde de inmediato el escrito recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno por el cual el apoderado legal de la actora -aquí quejosa- solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes dentro del expediente laboral 1667/2017 de su índice. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ***********************, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    En cinco de octubre de dos mil veintiuno, doy cuenta a la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el escrito de demanda signado por MARCELA ARÉVALO VALENZUELA, por su propio derecho, registrado bajo el folio 11177, con cuatro copias y un anexo. Conste.VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual MARCELA ARÉVALO VALENZUELA, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 8, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1215/2021-8. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocérsele la calidad de tercero interesado a la persona física, que señaló la quejosa en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural, no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que se trata de una dilación procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente de mérito ofreciendo como prueba en el presente asunto, la documental consistente en original del escrito de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante la autoridad responsable, con sello de recibido el treinta y uno siguiente, probanza que se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a Francisco Javier Pérez Pérez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Como lo solicita la aludida promovente, devuélvasele la documental, que anexó como prueba a su demanda de amparo, previo cotejo que de la misma se haga, dejando constancia de entrega en autos. Se les hace de su conocimiento que para la entrega de la documental antes referida deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará entrega de las mismas, hasta que realice nuevamente el trámite respectivo. Notifíquese.

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