Marcela Alejandra Gordillo Ruiz

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • Marcela Alejandra Gordillo Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se colige que la quejosa *, tiene el carácter de actora dentro del juicio laboral *, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duele el solicitante de amparo consiste en: *Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, de la constancia de cuenta por la autoridad responsable se advierte que en auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, la sala responsable emitió proveído en que tuvo por contestada la vista otorgada en el incidente propuesto, se tuvo por ofrecida la prueba documental aportada por la demandada y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental. De lo que se colige que el incidente tramitado ante el juicio laboral de origen aún no se encontraba en aptitud de resolverse, dado el estado en que se encontraba a la fecha de la presentación de la demanda, a saber, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, pues la autoridad responsable no estaba en condiciones procesales para emitir la resolución interlocutoria cuya omisión se reclama. De ahí que la omisión de que se duele la quejosa, no existe, pues para sostener que la responsable ha incurrido en la abstención que se le reclama, se reputa necesario que se acredite que es ese el acto procesal pendiente en el procedimiento, situación que como se ha visto, no se actualiza en el asunto que nos ocupa. Por lo que, el acto en sí mismo no existía a la fecha de presentación de la demanda y por su propia naturaleza, necesitaba demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, se estima que, para acreditar la existencia del acto de abstención señalado en esta vía, el cual se hace valer en la omisión de dictar la resolución interlocutoria dentro del expediente laboral *, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista en trámite el incidente en un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la ley de la materia señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos de este juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista en trámite el incidente un juicio -en el caso laboral- en el que sea parte la quejosa. Este aspecto en particular implica, que los impetrantes del amparo tengan el carácter de parte en el juicio de origen; lo anterior se acredita con las manifestaciones realizadas por la propia quejosa, así como de las constancias remitidas por la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad relativas al juicio laboral *, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2º, de las cuales se desprende que la quejosa *, es parte actora en el citado expediente laboral de origen y con tal carácter, por conducto de su apoderado tramitó el incidente de liquidación, mediante escrito presentado el ocho de mayo de este año (fojas 249-256). 2) Que se encuentre el incidente en el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento, implica que el incidente propuesto en el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado de la resolución, y que se logra una vez celebrada la audiencia incidental, a que se refiere el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas vigente; lo que en el caso no se acredita ya que de las constancias de referencia, se advierte que el trece de agosto de dos mil dieciocho, la sala responsable emitió acuerdo en que señaló las diez horas del treinta de noviembre del año en curso para que tenga verificativo la audiencia incidental, por lo que a la fecha de presentación de la demanda (veintinueve de agosto del año en curso) no se había verificado la audiencia que tiene por objeto el desahogo del periodo de pruebas respectivo y poner en estado de resolución el denominado incidente previo al dictado de la resolución. 3) Que haya transcurrido el término establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas para fallar. La Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, dispone lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, deberá resolver de plano los incidentes que no tienen trámite especial y en aquéllos que haya señalado fecha para la audiencia, en ésa fecha se resolverá. Consecuentemente, se demuestra que el primer elemento sí se encuentra acreditado, sin embargo los aspectos precisados en los incisos 2) y 3), no se encuentran demostrados, debido a que aún no se ha celebrado la audiencia incidental, por lo que aún no ha transcurrido el término a la responsable para el dictado de la resolución incidental, toda vez que la fecha y hora que se fijó para que tenga verificativo la audiencia incidental, aún no ha transcurrido, por tanto, no se ha llevado a cabo, sino será con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; de ahí que no existe la omisión del dictado de la resolución que se atribuye a la responsable. Luego, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; pues como quedó demostrada en párrafos que anteceden, la omisión reclamada es inexistente al no encontrarse el incidente de liquidación en la etapa procesal relativa al dictado de la resolución. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada y autoridad responsable.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio (fojas 30-34), se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, la copia certificada del expediente laboral ****** en un tomo, que remitió en apoyo a su informe justificado, tomando en cuenta que ésta ya no es necesaria, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. 4. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte tercera interesada, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la documental que exhibió consistentes en: copia certificada del nombramiento otorgado a su favor por el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, de veinticuatro de enero del año en curso, el cual se encuentra agregado al expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el ocurso de ****, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, se acuerda: Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá estarse a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese con vista a las partes el informe justificado de la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Burocrático del estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley en la materia. Asimismo, dado lo voluminoso de las citadas constancias (* en un tomo), llévense las mismas por cuerda separada, las cuales deberán tenerse a la vista al momento de resolver este juicio, en el entendido que se dejen a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para que puedan enterarse de su contenido, respetando folios, rúbricas y entresellos. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copias certificadas remite la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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