Marcela Alcaltara Ojeda
Expediente 390/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marcela Alcaltara Ojeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. El presente expediente una vez que hayan transcurrido cinco años contados a partir de la emisión de este auto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto al original del incidente de suspensión y en cumplimiento al referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video remitidos por los licenciados ***********, Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, relativos a los procesos penales ***********, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. El presente expediente una vez que hayan transcurrido cinco años contados a partir de la emisión de este auto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto al original del incidente de suspensión y en cumplimiento al referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video remitidos por los licenciados ***********, Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, relativos a los procesos penales ***********, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo.
- Principal
EN VIRTUD DE NO ATENDER AVISO Y CITATORIO RESPECTIVAMENTE, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO M.M.F. EL ACUERDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el licenciado ************, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimocuarto Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con un anexo, atento a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, pues al efecto remite un disco de videograbación que contiene la audiencia inicial celebrada en el proceso penal número ************. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco de audio y video con folio ************. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la peticionaria de amparo reclama: -Las resoluciones de doce de abril de dos mil diecinueve, dictadas por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Oral, del Decimocuarto Distrito Judicial, licenciado ************, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en los procesos penales ************, instruidos contra ************; en las que determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en la audiencia inicial de cinco de marzo de dos mil dieciocho, y decretar como tal la exhibición de garantía económica por la cantidad de quince mil pesos, la presentación periódica a firmar ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del país y de acercarse a la ofendida. En el caso, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro del proceso penal de origen, que no es de imposible reparación para la parte quejosa. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, y define a éstos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 37/2014, basándose en la expresión "afecten materialmente derechos sustantivos", estableció que de la indicada porción normativa se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo contra actos de imposible reparación, la primera consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que, señaló, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender en el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva. El criterio obligatorio de referencia es consultable en la página treinta y nueve, del Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese entendido, de la aplicación, a contrario sensu, de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución no sea irreparable en sentencia, esto es, aquéllos que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias y los discos de audio y video remitidos por el juez responsable, relativas a los procesos penales ************, a saber: 1. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, en audiencia inicial, se impuso como medida cautelar a los imputados ************, la consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el tiempo que dure el proceso. 2. El nueve de marzo del mismo año, se dictó auto de vinculación a proceso contra ************, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de desaparición forzada, en agravio de ************. 3. El nueve de abril de dos mil diecinueve, se determinó la separación de procesos, y se ordenó formar las causas ************. 4. El doce de abril de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo las audiencias de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en las que se determinó modificarla, y en su lugar decretar como tal la exhibición de garantía económica por la cantidad de quince mil pesos, la presentación periódica a firmar ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del país y de acercarse a la ofendida, establecidas en el artículo 155, fracciones I, II, V, VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta resolución es la reclamada en este juicio de amparo. Ahora, como se adelantó, dichas resoluciones no constituyen un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, ya que, por sí, no vulneran derecho sustantivo alguno en perjuicio de la quejosa, ************, quien tiene la calidad de ofendida en el contencioso de origen, ya que únicamente es susceptible de producir efectos formales o intraprocesales que se pueden destruir si se dicta sentencia favorable a sus intereses. Para comprender esto, es pertinente dejar sentado que, de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares previstas en el proceso penal tienen los objetivos siguientes: asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Así, el artículo 155 del citado código prevé un catálogo de diversas medidas cautelares idóneas para la consecución de uno o más de dichos objetivos, es decir, mientras algunas son pertinentes para asegurar la presencia del imputado al proceso, otras tienden a garantizar la seguridad de la víctima y, otras más, a evitar la obstaculización del procedimiento. Hechas las anteriores precisiones, se tiene que los actos reclamados no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, ya que lo único que implica es la modificación de la medida cautelar inicialmente fijada a los imputados, consistente en la prisión preventiva justificada, la cual se encuentra encaminada a asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Por tanto, el perjuicio que podría derivar de dicha resolución en relación con la parte quejosa, se reduce a que no se encuentre asegurada, de forma adecuada, la presencia de los imputados en el proceso penal de origen, y ante ello puedan sustraerse de la acción de la justicia; afectación que podría no trascender al desenlace jurídico del juicio natural si se dicta sentencia condenatoria contra los hoy terceros interesados, en la que se les imponga la obligación de reparar del daño producido a la ahora inconforme como consecuencia de la comisión del delito de desaparición forzada. No pasa inadvertido que el ofendido por la comisión de un delito puede acudir al juicio de amparo, de forma inmediata, a combatir actos que aunque no se refieran directamente a la reparación del daño, sí impliquen que, de facto, dicha figura reparatoria no se actualice, verbigracia: la negativa de librar orden de aprehensión, el auto de libertad por falta de elementos para procesar y el sobreseimiento. Sin embargo, la resolución que se reclama no afecta, ni aun de forma mediata o indirecta, el derecho a la reparación del daño que podría tener la quejosa como ofendida en el juicio natural ya que, se reitera, el sentido del acto que se combate sólo implica que los imputados ya no tendrán estarán sujetos a la prisión preventiva; sin embargo, como expresamente se señaló en las resoluciones emitidas por el juez de primer grado, se impuso como medida cautelar la exhibición de garantía económica por la cantidad de quince mil pesos, la presentación periódica a firmar ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del país y de acercarse a la ofendida, establecidas en el artículo 155, fracciones I, II, V, VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, efecto de llevar a cabo las actuaciones judiciales que se requieran para la prosecusión del juicio natural, y proteger a la agraviada del delito. Tampoco se pierde de vista que los derechos de la víctima o el ofendido, en relación con un proceso penal, no se circunscriben a que les sea reparado el daño causado por la comisión del delito, pues también tienen el derecho a conocer la verdad, a solicitar que el delito no quede impune y que se sancione al culpable; sin embargo, ninguno de éstos se ve afectado de forma presente o inminente con las resoluciones que se combaten ya que, ésta, por sí, no impiden que el proceso continúe, culmine en todas sus fases y, en su oportunidad, se pueda condenar a los terceros interesados; con la posibilidad de que todos esos derechos que asisten a la víctima en un procedimiento punitivo como el de origen, sean satisfechos. De ahí que se sostenga que el acto reclamado sólo produce efectos formales o intraprocesales susceptibles de destruirse si se dicta sentencia favorable a los intereses de la impetrante. En virtud de lo anteriormente expuesto, es que, como se anticipó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, al consistir el acto reclamado en una resolución intermedia en el proceso penal de origen que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno en perjuicio de la parte quejosa. Aunado a lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo , invocada por el juez responsable y los terceros interesados ************, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que podía obtener la revocación de los actos que aquí reclama. En efecto, contra los acto reclamados procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y no existe constancia de que la parte quejosa, agraviada en el proceso penal de origen, previo a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tales resoluciones. Por tanto, si la inconforme no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, entonces, el juicio de amparo es improcedente. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 37, del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página treinta y siete, Tomo 12, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En el entendido de que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, ya que no se trata de un auto de vinculación a proceso, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, la promovente no es una tercera extraña al procedimiento, pues de los discos de videograbación remitidos por el juez responsable, se advierte que ************ tiene la calidad de ofendida en los procesos penales ************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a cargo del licenciado ************; por lo tanto, estaba en condiciones de impugnar a través del recurso de apelación, las resoluciones reclamadas de fecha doce de abril de dos mil diecinueve. Tampoco, para arribar a la consideración relativa a la necesidad de agotar el recurso de apelación contra las resoluciones reclamadas, se requiere una interpretación adicional a la de la simple lectura del numeral 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicha porción normativa establece con precisión que contra las resoluciones que se pronuncien sobre las medidas cautelares, como es la que determina su modificación, debe interponerse el recurso de apelación. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable las causas improcedencia actualizadas, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que puedan desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que a la fecha no se encuentre emplazado a juicio el tercero interesado, ************, ya que resulta innecesario dado el sentido de la presente resolución, y en atención a los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por las consideración que la sustentan, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos cuarenta y dos, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 87/2012 (10a.) NO SE ACTUALIZA CUANDO LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO PUEDE TENER EFECTOS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMO EN CASO DE QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha jurisprudencia, (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en donde se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque su intervención podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es que el órgano de control constitucional que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, resuelva revocar dicha decisión y decretar la reposición del procedimiento para subsanar la violación de referencia. Ahora bien, el alcance del supuesto de reposición del procedimiento a que se refiere el mencionado criterio jurisprudencial no se actualiza en aquellos casos donde la eventual participación de la representación social no pueda tener efectos en el dictado de la sentencia de amparo, como en caso de que proceda el sobreseimiento en el juicio relativo, lo cual acontece cuando el órgano de revisión considera legal el sobreseimiento decretado en primera instancia, o cuando en la revisión se considere actualizada una causa de improcedencia que obligue a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, lo que es acorde con los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LOS TERCEROS INTERESADOS QUE NO SEÑALARON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL SIGUIENTE AUTO. Córdoba, Veracruz, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el licenciado *********, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimocuarto Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con un anexo, atento a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, pues al efecto remite un disco de videograbación que contiene la audiencia inicial celebrada en el proceso penal número ********. Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco de audio y video con folio C3922019-3. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la peticionaria de amparo reclama: -Las resoluciones de doce de abril de dos mil diecinueve, dictadas por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Oral, del Decimocuarto Distrito Judicial, licenciado **********, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en los procesos penales ********, instruidos contra **********; en las que determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en la audiencia inicial de cinco de marzo de dos mil dieciocho, y decretar como tal la exhibición de garantía económica por la cantidad de *********, la presentación periódica a firmar ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del país y de acercarse a la ofendida. En el caso, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro del proceso penal de origen, que no es de imposible reparación para la parte quejosa. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, y define a éstos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 37/2014, basándose en la expresión "afecten materialmente derechos sustantivos", estableció que de la indicada porción normativa se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo contra actos de imposible reparación, la primera consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que, señaló, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender en el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva. El criterio obligatorio de referencia es consultable en la página treinta y nueve, del Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese entendido, de la aplicación, a contrario sensu, de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución no sea irreparable en sentencia, esto es, aquéllos que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias y los discos de audio y video remitidos por el juez responsable, relativas a los procesos penales ***********, a saber: 1. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, en audiencia inicial, se impuso como medida cautelar a los imputados *********, la consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el tiempo que dure el proceso. 2. El nueve de marzo del mismo año, se dictó auto de vinculación a proceso contra ***********, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de desaparición forzada, en agravio de ***********. 3. El nueve de abril de dos mil diecinueve, se determinó la separación de procesos, y se ordenó formar las causas *************. 4. El doce de abril de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo las audiencias de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en las que se determinó modificarla, y en su lugar decretar como tal la exhibición de garantía económica por la cantidad de *********, la presentación periódica a firmar ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del país y de acercarse a la ofendida, establecidas en el artículo 155, fracciones I, II, V, VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta resolución es la reclamada en este juicio de amparo. Ahora, como se adelantó, dichas resoluciones no constituyen un acto de imposible reparación respecto del cual, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, ya que, por sí, no vulneran derecho sustantivo alguno en perjuicio de la quejosa, ************, quien tiene la calidad de ofendida en el contencioso de origen, ya que únicamente es susceptible de producir efectos formales o intraprocesales que se pueden destruir si se dicta sentencia favorable a sus intereses. Para comprender esto, es pertinente dejar sentado que, de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares previstas en el proceso penal tienen los objetivos siguientes: asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Así, el artículo 155 del citado código prevé un catálogo de diversas medidas cautelares idóneas para la consecución de uno o más de dichos objetivos, es decir, mientras algunas son pertinentes para asegurar la presencia del imputado al proceso, otras tienden a garantizar la seguridad de la víctima y, otras más, a evitar la obstaculización del procedimiento. Hechas las anteriores precisiones, se tiene que los actos reclamados no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, ya que lo único que implica es la modificación de la medida cautelar inicialmente fijada a los imputados, consistente en la prisión preventiva justificada, la cual se encuentra encaminada a asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Por tanto, el perjuicio que podría derivar de dicha resolución en relación con la parte quejosa, se reduce a que no se encuentre asegurada, de forma adecuada, la presencia de los imputados en el proceso penal de origen, y ante ello puedan sustraerse de la acción de la justicia; afectación que podría no trascender al desenlace jurídico del juicio natural si se dicta sentencia condenatoria contra los hoy terceros interesados, en la que se les imponga la obligación de reparar del daño producido a la ahora inconforme como consecuencia de la comisión del delito de desaparición forzada. No pasa inadvertido que el ofendido por la comisión de un delito puede acudir al juicio de amparo, de forma inmediata, a combatir actos que aunque no se refieran directamente a la reparación del daño, sí impliquen que, de facto, dicha figura reparatoria no se actualice, verbigracia: la negativa de librar orden de aprehensión, el auto de libertad por falta de elementos para procesar y el sobreseimiento. Sin embargo, la resolución que se reclama no afecta, ni aun de forma mediata o indirecta, el derecho a la reparación del daño que podría tener la quejosa como ofendida en el juicio natural ya que, se reitera, el sentido del acto que se combate sólo implica que los imputados ya no tendrán estarán sujetos a la prisión preventiva; sin embargo, como expresamente se señaló en las resoluciones emitidas por el juez de primer grado, se impuso como medida cautelar la exhibición de garantía económica por la cantidad de quince mil pesos, la presentación periódica a firmar ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del país y de acercarse a la ofendida, establecidas en el artículo 155, fracciones I, II, V, VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, efecto de llevar a cabo las actuaciones judiciales que se requieran para la prosecusión del juicio natural, y proteger a la agraviada del delito. Tampoco se pierde de vista que los derechos de la víctima o el ofendido, en relación con un proceso penal, no se circunscriben a que les sea reparado el daño causado por la comisión del delito, pues también tienen el derecho a conocer la verdad, a solicitar que el delito no quede impune y que se sancione al culpable; sin embargo, ninguno de éstos se ve afectado de forma presente o inminente con las resoluciones que se combaten ya que, ésta, por sí, no impiden que el proceso continúe, culmine en todas sus fases y, en su oportunidad, se pueda condenar a los terceros interesados; con la posibilidad de que todos esos derechos que asisten a la víctima en un procedimiento punitivo como el de origen, sean satisfechos. De ahí que se sostenga que el acto reclamado sólo produce efectos formales o intraprocesales susceptibles de destruirse si se dicta sentencia favorable a los intereses de la impetrante. En virtud de lo anteriormente expuesto, es que, como se anticipó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, al consistir el acto reclamado en una resolución intermedia en el proceso penal de origen que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno en perjuicio de la parte quejosa. Aunado a lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo , invocada por el juez responsable y los terceros interesados ***********, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que podía obtener la revocación de los actos que aquí reclama. En efecto, contra los acto reclamados procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales ; y no existe constancia de que la parte quejosa, agraviada en el proceso penal de origen, previo a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tales resoluciones. Por tanto, si la inconforme no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, entonces, el juicio de amparo es improcedente. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 37, del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página treinta y siete, Tomo 12, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En el entendido de que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, ya que no se trata de un auto de vinculación a proceso, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, la promovente no es una tercera extraña al procedimiento, pues de los discos de videograbación remitidos por el juez responsable, se advierte que *********** tiene la calidad de ofendida en los procesos penales ***********, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, a cargo del licenciado **********; por lo tanto, estaba en condiciones de impugnar a través del recurso de apelación, las resoluciones reclamadas de fecha doce de abril de dos mil diecinueve. Tampoco, para arribar a la consideración relativa a la necesidad de agotar el recurso de apelación contra las resoluciones reclamadas, se requiere una interpretación adicional a la de la simple lectura del numeral 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicha porción normativa establece con precisión que contra las resoluciones que se pronuncien sobre las medidas cautelares, como es la que determina su modificación, debe interponerse el recurso de apelación. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable las causas improcedencia actualizadas, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que puedan desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que a la fecha no se encuentre emplazado a juicio el tercero interesado, *********** ya que resulta innecesario dado el sentido de la presente resolución, y en atención a los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por las consideración que la sustentan, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos cuarenta y dos, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 87/2012 (10a.) NO SE ACTUALIZA CUANDO LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO PUEDE TENER EFECTOS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMO EN CASO DE QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha jurisprudencia, (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en donde se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque su intervención podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es que el órgano de control constitucional que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, resuelva revocar dicha decisión y decretar la reposición del procedimiento para subsanar la violación de referencia. Ahora bien, el alcance del supuesto de reposición del procedimiento a que se refiere el mencionado criterio jurisprudencial no se actualiza en aquellos casos donde la eventual participación de la representación social no pueda tener efectos en el dictado de la sentencia de amparo, como en caso de que proceda el sobreseimiento en el juicio relativo, lo cual acontece cuando el órgano de revisión considera legal el sobreseimiento decretado en primera instancia, o cuando en la revisión se considere actualizada una causa de improcedencia que obligue a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, lo que es acorde con los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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