Marcel Sánchez Bernabe
Expediente 298/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marcel Sánchez Bernabe
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en el término legalmente establecido; por tal motivo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia con la cual se negó en este juicio de amparo CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo negado en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a ******************* contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando único, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando sexto, entréguese copia autorizada del presente fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" remite las constancias requeridas en proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete; por tal motivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del oficio de cuenta, así como de las constancias anexas, se advierte que en resolución de siete de marzo del año en curso, dictada en el juicio de amparo 803/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se ordenó la separación de juicios en relación con diversos quejosos. Acorde con lo anterior, este asunto se seguirá por los actos que el quejoso Marcel Sánchez Bernabé reclama al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y otras autoridades, consistentes en la omisión de las autoridades responsables de proporcionarle atención médica y medicamentos en relación con sus padecimientos; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 298/2017. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda. SUSPENSIÓN DE PLANO El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se pronunció respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados; debido a que obran en autos los informes de suspensión de las autoridades responsables, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno en ese sentido. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, con base en la disponibilidad de fechas que presenta la agenda laboral de este juzgado. INFORME JUSTIFICADO Por otra parte, no ha lugar a solicitar informes justificados a las autoridades responsables con motivo de que obran en autos y se dio vista a las partes con su contenido, por lo que únicamente notifíqueseles este acuerdo e indíqueseles que cuando adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional; asimismo, remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a dichas autoridades que, en caso de no hacerlo así, con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, se les impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de la autoridad requerida. Por otra parte, comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso Marcel Sánchez Bernabé, los proveídos de veinticinco de agosto y veintitrés de septiembre, ambos de dos mil dieciséis, en los que se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, haciéndole saber el contenido de los mismos, así como su alcance legal; lo anterior, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que al rendir su informe justificado remita copia certificada legible y completa de las constancias relativas al expediente médico y medicamentos que le son proporcionados al quejoso Marcel Sánchez Bernabé en ese centro penitenciario; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de las autoridades requeridas. Asimismo, se hace de su conocimiento que la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE Mediante atentos oficios que al efecto se giren, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4 Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento del promovente que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y suspendida toda comunicación oficial con ésta. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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