Marcel Alphonse Ruiz

Expediente 1764/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1764/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Marcel Alphonse Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    MESA IV.- Se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, contra los actos que reclama de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta interlocutoria por los actos reclamados a las autoridades responsables Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán y Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado, Departamento Jurídico en Materia de Amparo de la Policía Estatal de Investigación y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todas con residencia en esta ciudad, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán y Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado, Departamento Jurídico en Materia de Amparo de la Policía Estatal de Investigación y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todas con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. SE DIFIERE la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy, en relación con la autoridad responsables foránea Director de Seguridad Pública y Vialidad de Motul, Yucatán, no ha rendido su informe previo, así como tampoco obra en autos el acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable foránea, con el que se les solicitó su informe previo, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  2. Principal

    MESA IV.- Agréguense a éstos autos para conocimiento de las partes, los informes justificados rendidos por Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional de Yucatán, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por Suplencia del Fiscal General, y el Departamento Jurídico en Materia de Amparo de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de tales informes, al celebrarse la audiencia constitucional relativa.

  3. Incidental

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio 9595, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca A.R. 101/2023, relativo al recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y devuelve el expediente. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, de la ejecutoria aparece que el Tribunal de Alzada, en su primer punto resolutivo confirmó la sentencia recurrida; y en su segundo punto resolutivo la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a ***, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo Civil, Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial; así como Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, todos del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en la sentencia que se revisa. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, por cuanto el amparo y protección de la Justicia de la Unión se concedió para los efectos siguientes: Para que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado antes de la violación, por ser los actos reclamados de carácter positivo; la concesión se traduce en: Para que el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, de inmediato: a) Ordene levantar el embargo trabado sobre el 12.5% de la propiedad de los bienes inmuebles: 1) Predio número ciento noventa y nueve letra "A" de la calle treinta y cinco de la Colonia Francisco I. Madero de la ciudad de Mérida, Yucatán; 2) Predio número cuatrocientos cincuenta y ocho letra "F" de la calle cuarenta y uno de la ciudad de Mérida, Yucatán; 3) Predio número quinientos noventa y tres de la calle sesenta y dos de la ciudad de Mérida, Yucatán; y 4) Predio número quinientos tres de la calle setenta y siete de la ciudad de Mérida, Yucatán, en autos del Procedimiento de Ejecución de Convenio Número 489/2016 de su índice; y b) Gire el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, para la cancelación de la inscripción del embargo trabado sobre los predios en cuestión, en virtud de su levantamiento; ordenando a quien corresponda la entrega sin demora de dicho oficio a la autoridad registral. ? Por su parte, el Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, una vez recibido el oficio respectivo por parte del juez civil responsable: a) Proceda de inmediato a la cancelación de la inscripción del doce punto cinco por ciento de la propiedad de los bienes inmuebles ya citados, en autos del Procedimiento de Ejecución de Convenio Número 489/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la indicada Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias debidamente certificadas que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a la cantidad de cien días de valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la referida Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA IV.- Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito suscrito por Ángela Carolina Maldonado Cachón, autorizada de la quejosa ***, al que anexa los billetes de depósito números N-869030 y N-876410, expedidos por el Banco del Bienestar, por las cantidades de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para que surta efectos la suspensión provisional concedida en estos autos en resolución de diez de noviembre del año en curso. Al respecto SE ACUERDA: Se tienen por constituidas las garantías antes citadas para que siga surtiendo sus efectos la medida cautelar de referencia, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto reclamado, lo anterior de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo; y hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales correspondientes. En tal virtud, debe decirse que de la lectura del contenido de dichos documentos, se advierte que la parte quejosa dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; esto es, los aludidos billetes de depósito los constituyó ante el Banco del Bienestar. En mérito de lo anterior, déjese copia de los citados billetes como referencia en el presente expediente.

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