Marcedes Piedad Minaya Velueta

Expediente 619/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
619/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Marcedes Piedad Minaya Velueta

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villa Hermosa, a través del cual acusa recibo del oficio 6435, por el que le fueron remitidos los autos de los que emana el presente cuaderno; asimismo, informa que mediante proveído de siete de los actuales dicho similar se avocó al conocimiento del juicio de referencia. Atento a lo anterior y toda vez que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se declaró la incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por-, contra actos de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Villa Hermosa, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-619/2019-P. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". a).- La Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión, otorgada por la Delegación Estatal de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". En ese sentido, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda..." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. En el presente la quejosa reclama la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en su pensión número 1484834, otorgada por la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora bien, de las constancias aportadas por la impetrante de amparo a su demanda de amparo consistente en la pensión otorgada por la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del anexo exhibido con su escrito de demanda, consistente en el comprobante de pago, se desprende como código postal del lugar de pago el 86750, y como de la certificación de cuenta se desprende que dicho código pertenece al Estado de Tabasco, donde también tiene su residencia la autoridad señalada como responsable. Por tal razón, la aplicación de las unidades de medida y actualización (UMA) diarios a su pensión, por la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, constituye un acto que se materializó en el ámbito privado de la quejosa pensionada; en ese sentido se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, si el lugar de pago registrado se ubica en el Estado de Tabasco; entonces, la ejecución material del acto reclamado será en dicho Distrito Judicial, y corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villa Hermosa, en turno, por ser el que ejerce jurisdicción en dicho territorio, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la presente demanda a dicho similar, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Por similitud, cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 1397, Décima Época, registro 2019174, libro 63 de 2019, Tomo II, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, quien tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se desprende de la certificación de cuenta; asimismo, se faculta a las restantes personas que refiere para imponerse de autos a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Notifíquese.

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