Marby Amarillas Hernández

Expediente 2283/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2283/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • MARBY AMARILLAS HERNÁNDEZ y Otros.
  • Marby Amarillas Hernández
  • Jorge Roberto Amarillas Hernández
  • JORGE ROBERTO AMARILLAS HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México y anexo que acompaña, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de garantías y al efecto acompaña copia certificada de la resolución 452/2018 de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la cual se da respuesta a la petición de uno de agosto de dos mil dieciséis; asimismo, solicita a este órgano jurisdiccional notifique dicha determinación a la parte quejosa; en consecuencia, agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar; sin embargo, únicamente agréguese el mismo sin mayor acuerdo en atención a que mediante proveído de catorce de junio del año en curso (foja 69), se tuvo por recibida dicha información y mediante auto de veintiocho de junio pasado, se tuvo por cumplido el fallo protector emitido en autos (fojas 74 a 76).

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido el trece de junio del año en curso (foja 60 a la 67), el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso; mismo que, por acuerdo de catorce de junio del año actual (foja 69), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio, para que indicara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos catorce, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo (fojas 29 a la 36), por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, con sede en la Ciudad de México, para efecto de que emitiera la repuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa el uno de agosto de dos mil dieciséis y le notifique en forma inmediata en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. Ante ello, a través del oficio recibido el trece de junio del año en curso (fojas 60 a la 62), el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para ello, remitió copia certificada de la resolución 452/2018 de veinticinco de abril del año que transcurre (foja 63 a la 67), en el que se observa que se dio contestación a la petición de la quejosa, misma que formuló el uno de agosto de dos mil dieciséis, la cual le fue notificada por este Juzgado (fojas 70 a la 72). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante de amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del ordinal 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplido. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el acuerdo en mención; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido el trece de junio del año en curso (foja 60 a la 67), el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso; mismo que, por acuerdo de catorce de junio del año actual (foja 69), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio, para que indicara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos catorce, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo (fojas 29 a la 36), por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, con sede en la Ciudad de México, para efecto de que emitiera la repuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa el uno de agosto de dos mil dieciséis y le notifique en forma inmediata en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. Ante ello, a través del oficio recibido el trece de junio del año en curso (fojas 60 a la 62), el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para ello, remitió copia certificada de la resolución 452/2018 de veinticinco de abril del año que transcurre (foja 63 a la 67), en el que se observa que se dio contestación a la petición de la quejosa, misma que formuló el uno de agosto de dos mil dieciséis, la cual le fue notificada por este Juzgado (fojas 70 a la 72). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante de amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del ordinal 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplido. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el acuerdo en mención; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México y anexo que acompaña, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de garantías y al efecto acompaña copia certificada de la resolución 452/2018 de vienticinco de abril de dos mil dieciocho, en la cual se da respuesta a la petición de uno de agosto de dos mil dieciséis; asimismo, solicita a este órgano jurisdiccional notifique dicha determinación a la parte quejosa; en consecuencia, agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, al advertirse la solicitud de la autoridad en cita de notificar a la parte quejosa la resolución descrita en el párrafo que antecede y atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa la determinación de referencia. Por último, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa con las referidas documentales, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.

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