Marbin Ricardo Garnica Blas
Expediente 1397/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1397/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marbin Ricardo Garnica Blas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. I. Acuerda oficio 2342. *** En relación a lo manifestado por el Licenciado Jovany Torres Rivera, Defensor Público y del quejoso Marbin Ricardo Garnica Blas, se declara que el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado y se declara firme. II. Orden de archivo. IV. Relevancia documental. V. Información reservada. VI. Devolución de documentos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL DEFENSOR PUBLICO JOVANY TORRES RIVERA. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.MEAM
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, a las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil veintidós, se notifica por medio de lista al defensor JTR, el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, que dice: I. Acuerda oficio 2342. Agréguese a los presentes autos el ocurso signado por el Licenciado JTR, Defensor Público del quejoso MRGB, mediante el cual manifiesta que el suscrito ha tenido comunicación con el quejos a efecto de explicarle de manera detallada las causales de improcedencia del amparo en el que se actúa, así como las vías jurídicas para que la pretensión que intenta sea en primera instancia ante el juzgado de ejecución de sentencia, en razón a la etapa procesal que en la que se encuentra, por lo que una vez que se le proporcionó la asesoría, el quejoso manifiesta que no tiene oposición a que se tenga por improcedente su demanda, pues ya le ha quedado clara la vía procedente y ante que autoridad debe dirigirse previo a solicitar la protección y el amparo de la justicia de la unión, por lo que ante tales circunstancias es que se desahoga la prevención que se le hizo en autos, y al efecto adjunta captura de pantalla para acreditar lo antes expuesto. En relación a lo manifestado por el Licenciado JTR, Defensor Público y del quejoso MRGB, se declara que el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado y se declara firme. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de depuración y/o destrucción. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. IV. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL DEFENSOR PUBLICO JTR.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, a las nueve horas del dos de febrero de dos mil veintidós, se notifica por medio de lista al defensor J.T.R., los autos de veintiséis de enero de dos mil veintidós y doce de noviembre de dos mil veintiuno, que dicen: Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. I. Protesta cargo defensor. Agréguese a los autos la comparecencia de catorce de enero de dos mil veintidós, realizada al defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, J.T.R., de la que se advierte que acudió a aceptar y protestar el cargo conferido como defensor del quejoso M.R.G.B.; en consecuencia, téngase al compareciente dando cumplimiento a lo ordenado en este sumario constitucional. II. Domicilio. Conforme lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. III. Se otorga plazo a defensor. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si se entrevistó con el impetrante; asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique el presente auto al defensor público y se ordena correr traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de doce de noviembre de dos mil veintidós -por el que se desechó la demanda-, lo anterior, para que manifieste lo que a su interés convenga. IV. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe a la defensora que de no realizar manifestación alguna, se declarará firme el proveído por el que se desechó la demanda de amparo intentada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO AL DEFENSOR PÚBLICO J.T.R. Nezahualcóyotl, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por M. R.G.B., contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refieren. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1397/2021-II. III. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, la parte quejosa reclama: La orden de traslado a M.R.G.B., a efecto de ser trasladado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Texcoco, Estado de México hacia otra Centro Federal de Readaptación social diverso ubicado dentro de la República Mexicana. Sin embargo, se estima que se actualiza la causal improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En la que está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme el cual, antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En principio es necesario mencionar que la citada causa de improcedencia establece como presupuestos procesales de actualización los siguientes: 1) Que el acto sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Que en contra de dicho acto proceda un recurso o medio ordinario de defensa que lo pueda modificar, revocar o nulificar y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 3) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. 4) Que para la suspensión del acto impugnado no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sobre esa base, se estima importante destacar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, entre ellos, el traslado, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Ahora, los artículos 116, 117, fracción III y último párrafo, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos preceptos legales, se advierte que la parte quejosa cuenta con un medio de defensa previo a la promoción del juicio de amparo; así, de una interpretación sistemática de dichos preceptos legales se infiere, que corresponde a las autoridades administrativas la emisión de las órdenes de traslados por razones urgentes relacionadas con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, determinación que no requerirá autorización previa del Juez de Ejecución y, dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada, en términos de la fracción III, del citado artículo 117, que establece que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Asimismo, los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 120. Principios del procedimiento. Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; (.) Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo a identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento." De dichos preceptos legales, se advierte que la tramitación de la acción judicial prevista en la fracción III, del artículo 117, de la Ley en cita, se encuentra regulada en los citados artículos, de los que se advierte -en lo que aquí interesa- que podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia, entre otros, la persona privada de la libertad (como en la especie acontece; en virtud, que M.R.G.B., se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, acción que además, establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto y cuando se considere que se trata de caso urgente -a petición de parte o de oficio- el juez de ejecución la decretará de inmediato. Al margen de lo anterior, es evidente que tratándose de una orden de traslado la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla mediante un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra dicho acto, sin que previamente hubiera agotado el recurso ordinario previsto, el juicio de amparo se torna improcedente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad, por ende, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, al ser notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Apoya lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad" Asimismo, la diversa sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1573, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad" IV. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones su lugar de reclusión. Ahora dado que el quejoso solicita se le designe defensor, requiérase al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe a un defensor de oficio para que represente al impetrante M. R.G.B., para lo cual, se remite copia del escrito de demanda de amparo, hecho lo anterior, el mismo deberá comparecer a aceptar y protestar el cargo conferido. Se apercibe a la autoridad en mención que para el caso de no dar cumplimiento al requerimiento, se le impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Apartado B) del artículo 26 constitucional, y los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, será equivalente al que tenga toda la república mexicana y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo Quinto Transitorio del referido Decreto, lo cual equivale a $8,962.00 M.N. (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). V. Designación de Titular. Por otra parte, se hace saber a las partes, que mediante oficio SEPLE./ADS./4197/2021, se comunicó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, aprobó por unanimidad de votos, la adscripción del licenciado Rodolfo Meza Esparza, en sustitución de la ahora Magistrada Ángela Teresita de Jesús Estrada Esparza; por lo que, fungirá como titular de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes, que cuentan con el plazo de tres días para que, de estimar actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hagan valer lo que en derecho corresponda. IX. Se exhorta para tramitación de juicio de línea. Atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuanto a que debe buscarse que los juicios en línea puedan seguirse de manera remota de forma que no sea de manera que no sea necesaria la presencia física del personal para la práctica de actuaciones; se exhorta a la parte promovente para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. X. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento constitucional, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de las constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". XI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE Y POR OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. I. Protesta cargo defensor. Agréguese a los autos la comparecencia de catorce de enero de dos mil veintidós, realizada al defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, Jovany Torres Rivera, de la que se advierte que acudió a aceptar y protestar el cargo conferido como defensor del quejoso Marbin Ricardo Garnica Blas; en consecuencia, téngase al compareciente dando cumplimiento a lo ordenado en este sumario constitucional. Conforme lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Prolongación Adolfo López Mateos, sin número, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se otorga plazo a defensor. En consecuencia, se apercibe a la defensora que de no realizar manifestación alguna, se declarará firme el proveído por el que se desechó la demanda de amparo intentada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO AL DEFENSOR PÚBLICO JOVANNY TORRES RIVERA. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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