Marbella Vazquez Castro

Expediente 286/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
286/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Marbella Vazquez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    II.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a las partes en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, sin que hubiesen realizado manifestaciones; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). El veintidós de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia en este juicio de amparo, por lo que es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable: ".Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con sede esta ciudad, dé contestación al escrito presentado ante su potestad el doce de marzo de dos mil veinte y de no existir inconveniente alguno lo notifique a la parte solicitante del amparo." Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia, por lo que se les requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la referida sentencia ejecutoriada. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio del representante de la autoridad responsable Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con sede esta ciudad, con el que remitió copia del diverso IMOVEQROO/DG/DRTCM/2390/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte, con el cual, dio contestación al escrito presentado ante su potestad el doce de marzo de dos mil veinte; oficio que fue notificado al autorizado de la parte peticionaria de amparo, el veintitrés de noviembre siguiente; para acreditar lo anterior, anexó las documentales correspondientes. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con la que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, con las referidas constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo que se notificó por medio de lista de estrados publicada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo fue el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En tal virtud, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, puesto que mediante oficio IMOVEQROO/DG/DRTCM/2390/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado ante su potestad el doce de marzo de dos mil veinte; oficio que fue notificado al autorizado de la parte peticionaria de amparo, el veintitrés de noviembre siguiente; por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Por otra parte, no es óbice a lo anterior, el escrito de la parte peticionaria del amparo que se glosó por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual, en relación al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, en lo que interesa, refiere que en el oficio de mérito la citada responsable pide que presente diversa documentación de manera impresa y digital en dispositivo respectivo, empero que no ha sido debidamente atendida. Al respecto, se afirma que las aseveraciones de la parte quejosa, constituyen una cuestión que no se encuentra comprendida en el efecto protector de la sentencia de amparo que se analiza, puesto que la autoridad responsable Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con sede esta ciudad, estaba compelida a dar contestación al escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, lo que aconteció con el oficio IMOVEQROO/DG/DRTCM/2390/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte, miso que fue notificado al autorizado de la parte peticionaria de amparo, el veintitrés de noviembre siguiente; lo anterior, aunado a que se dio vista en estos autos con las referidas constancias. Asimismo, se precisa a la parte inconforme, que esta autoridad federal se constriñe únicamente a calificar lo concerniente al cumplimiento a la sentencia de amparo y no a la legalidad de la actuación de la autoridad responsable; ello, por la sencilla razón de que no fue parte de su efecto protector, por lo que las manifestaciones de la parte quejosa son cuestiones ajenas al mismo, al combatir propiamente la legalidad y el sentido de la contestación, puesto que en ningún momento se le precisó a la autoridad responsable que contestara de manera favorable o no; por lo que en todo caso se deja a salvo el derecho de la parte quejosa, para que en el momento procesal oportuno, haga valer, si así lo estima conveniente, el medio de defensa que considere pertinente y por las vías e instancias legales correspondientes, combatiendo la legalidad del aludido oficio emitido por la responsable. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    II.- Notificación personal.

  3. Principal

    II.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el auto de veintiuno de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo remitidos por el Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de doce de abril del año en curso y remite constancias para acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las diversas documentales adjuntas al citado, para que dentro del plazo de TRES DÍAS computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga si así lo estiman pertinente; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY."

  4. Principal

    II.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte se recibieron los constancias remitidas por el Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, con las que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos; sin embargo de una revisión de las mismas se advierte que no se encuentran certificadas. En consecuencia, requiérase al Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computados, a partir de que sea notificado del presente auto, remita las constancias con las que acredite dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada, mismas que deberá remitir en copias completas, debidamente certificadas y legibles. Apercibido que de no hacerlo así, ser omisa a lo solicitado, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2 transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y en el diverso 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

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