Mara Mireya Flores Chávez

Expediente 1924/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1924/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Secretaría de Educación del Estado de Puebla
  • Mara Mireya Flores Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, remita copia certificada del desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, programada para las nueve horas del doce de septiembre de dos mil veintidós. Por ende, subsiste el apercibimiento formulado en autos y que para el caso de no darle el impulso correspondiente al expediente de origen ni vigilar las notificaciones correspondientes, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos y en primer término se le impondrá una multa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Se hace efectivo apercibimiento. Atendiendo a la certificación de cuenta, se corrobora que ha transcurrido el plazo de tres días dado a la parte quejosa, para que señalara domicilio en la residencia de este Juzgado, sin que a la fecha lo haya hecho; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós; por ende, la notificación derivada del presente auto, así como las subsecuentes aun las de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Oficio. El Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informa que notificó a la perito oficial el auto de veinte de octubre del año en curso. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Agréguese a los autos el oficio de cuenta, el cual se toma conocimiento de lo informado. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Alejandro Manuel García Tapia, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 2022 Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1119/2022, promovido por Guadalupe Romero Reyes, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con sede en la ciudad de Puebla y otra autoridad. ANTECEDENTES 1. Demanda. Por escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, Guadalupe Romero Reyes demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y las autoridades que más adelante se precisarán. 2. Trámite. Por acuerdo de diecisiete de junio siguiente se admitió la demanda de amparo, originándose la formación del presente juicio, se ordenó emplazar a la autoridad responsable y dar vista a la representación social adscrita a este órgano jurisdiccional. En auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se reconoció como tercera interesada a Liz Yossari Trujillo Castillo, respecto de quien se ordenó su emplazamiento y en auto de veinticinco de julio siguiente, se tuvo por apersonada al presente juicio constitucional. En proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que si era su deseo ampliara su demanda de amparo por lo que hace al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con sede en la ciudad de Puebla, la cual se tuvo por ampliada el diecinueve de agosto siguiente. 3. Audiencia constitucional. Previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA. 4. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, en lo conducente, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; porque se reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en el Estado de Puebla, donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. B. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en lo siguiente: Del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con sede en la ciudad de Puebla y Actuario de su adscripción, reclama: La falta de emplazamiento al juicio agrario 106/2020 relativo al juicio sucesorio respecto de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto JAIME CARMEN TRUJILLO MERINO, también conocido como JAIME TRUJILLO MERINO, quien fue ejidatario del núcleo ejidal Quecholac, Puebla. C.EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. 6. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos atribuidos, pues así lo manifestaron al momento de rendir su respectivo informe justificado. Certeza que se corrobora, con las documentales que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con sede en la ciudad de Puebla adjuntó a su respectivo informe justificado, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. D. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 7. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." La tercera interesada Liz Yossari Trujillo Castillo, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII en relación con el diverso 5 fracción I y 6, de la Ley de Amparo, toda manifiesta que la parte quejosa no acredita su interés legítimo y que hubiera sido objeto de un afectación real y actual en su esfera jurídica. Al respecto, dicha causa de improcedencia debe desestimarse, dado que el motivo de inejercitabilidad planteado no es claro e inobjetable, toda vez que está relacionado con el fondo del negocio. Así, para determinar la actualización o no de la causal de improcedencia que hace valer, es necesario analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa y contraponerlos con el procedimiento y los actos que reclamó, para que de esa forma se pueda establecer si efectivamente cuenta o no con interés jurídico para instar la protección constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de 2002, página 5, con registro digital 187973, que de rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Lo anterior, sin que pase desapercibido para este Potestad Federal que la tercera interesada pretende acreditar la referida actualización de improcedencia llevando a cabo razonamientos en los cuales refiere que la aquí quejosa dio contestación al diverso expediente 1546/2019 y su acumulado 1548/2019, en los cuales se tramita las diligencias de jurisdicción voluntaria de información Ad-Perpetuan, sin que en los mismos haya acreditado con las copias certificadas que acompañó a su demanda de amparo ser concubina de Jaime Carmen Trujillo Merino, pues de dichas manifestaciones únicamente se advierte que se ejercitaron derechos en diversos expedientes distintos al que emanan los actos reclamados, lo cual resulta ajeno a la presente litis. Por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, no observa que sobrevenga alguno de los supuestos de improcedencia, motivo por el cual procede entrar al estudio de los conceptos de violación. E. ESTUDIO DE FONDO. 8. Este Juzgado de Distrito no transcribirá los conceptos de violación expresados, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a ello y, por otra, basta con resolver las cuestiones efectivamente planteadas, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, lo que es acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". F. HECHOS DEL CASO E ÍTER PROCESAL 8. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene traer a contexto los hechos más relevantes del juicio generador de los actos reclamados, que se obtienen de las copias certificadas de dicho procedimiento que el tribunal responsable remitió como justificación de su informe, y que en esencia son: 8.1 Liz Yossari Trujillo Castillo -ostentándose como hija- promovió juicio de sucesión de derechos parcelarios que pertenecieron a JAIME CARMEN TRUJILLO MERINO, también conocido como JAIME TRUJILLO MERINO, quien fue ejidatario del núcleo ejidal Quecholac. 8.2 El veinticinco de febrero de dos mil veinte, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, radicó la demanda del juicio aludido bajo el número 106/2020, fijó fecha para la audiencia de ley. 8.3 El día nueve de noviembre de dos mil veinte de enero de dos mil veinte (sic), tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la que, en lo que interesa: -Liz Yossari Trujillo Castillo reclamó los derechos sucesorios que en vida pertenecieron a su extinto padre JAIME CARMEN TRUJILLO MERINO, también conocido como JAIME TRUJILLO MERINO. -María Elena Castillo Honorato repudio los derechos que le pudieran corresponder como concubina del de cujus a favor de su hija Liz Yossari Trujillo Castillo. -Se desahogó la prueba testimonial ofrecida por Liz Yossari Trujillo Castillo, a cargo de María Elena Lorenza Ibáñez González y Alejandro de Julián Estévez y, se escucharon los alegatos respectivos. -Finalmente, se turnó el asunto para sentencia. 8.4 El diez de febrero de dos mil veintiuno, el tribunal responsable dictó sentencia en la que declaró la procedencia de la acción de controversia sucesoria promovida por Liz Yossari Trujillo Castillo y le reconoció como sucesor del extinto ejidatario JAIME CARMEN TRUJILLO MERINO, también conocido como JAIME TRUJILLO MERINO, respecto a los derechos agrarios que le correspondieron en el ejido de Quecholac, Estado de Puebla. G. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 9. La parte quejosa alega -en esencia- que se viola en su perjuicio el derecho de audiencia y defensa establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no fue llamada al juicio de origen, con la finalidad de hacer valer sus derechos, respecto de los derechos agrarios que pertenecieron en vida a su concubino en el ejido de Quecholac, Estado de Puebla. Dichos motivos de inconformidad son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. Al respecto cabe precisar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior se destaca el derecho de previa audiencia, la cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Una de esas formalidades, se constituye por el emplazamiento, que es un acto procesal en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una controversia instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con el derecho de audiencia de que se trata. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo este orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente distintas etapas que integran el derecho formal de audiencia a favor de los gobernados y gobernadas, como lo es que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite; también que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria; asimismo que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes; y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto de debate. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia por reiteración número P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento treinta y tres, Novena Época, Tomo II, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia por reiteración I.7o.A. J/41, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página setecientos noventa y nueve, Novena Época, Tomo XXVIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta relativa a agosto de dos mil ocho, que dice: "AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas." Establecido lo anterior, es necesario precisar las tres formas que existen para realizar la transmisión de derechos agrarios, conforme a lo que establecen los artículos 17 y 18, de la Ley Agraria, que dicen: "Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior". "Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos" En el citado numeral 17 se establece la figura de la sucesión testamentaria, según la cual, la persona ejidataria tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario o ejidataria; lo cual, puede hacer a través de la formulación de la lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de sus derechos a su fallecimiento, y para que esa lista tenga plena eficacia y validez, puede hacerse su depósito en el Registro Agrario Nacional, formalizarla ante Notario Público, e incluso, otorgar testamento ordinario conforme al derecho civil. Por su parte, el artículo 18, en lo conducente, dispone, que cuando ninguna de las personas de las señaladas en la lista de herederos y herederas pueda beneficiarse por imposibilidad material o legal, se abrirá la sucesión legítima. Luego, para que se consolide la transmisión de los derechos agrarios a través de sucesión testamentaria, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Agraria, es facultad de la ejidataria o ejidatario hacer la designación de la persona que deba sucederle en sus derechos parcelarios y en los demás inherentes a su calidad ejidataria, y para que ejerza ese derecho y la designación sea válida, basta que: a) Formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; y, b) Deposite esa lista en el Registro Agrario Nacional o la formalice ante fedatario o fedataria pública, lo que supone que el Registro Agrario Nacional, calificó la lista de sucesores y sucesoras que deba quedar inscrita y en depósito del propio Registro, verificó la autenticidad de la firma y la huella digital de la persona ejidataria o comunera y determinó la procedencia o improcedencia de la inscripción. Que ante el fallecimiento de la persona ejidataria o comunera, para que la transmisión de derechos agrarios se consolide, se pueden seguir dos vertientes: si existe controversia, los Tribunales Agrarios deben resolver la contienda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 164, de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si no existe esa controversia, debe optarse por la vía de jurisdicción voluntaria a que se refiere el artículo 165 de la Ley Agraria. Y finalmente, si se sigue el procedimiento administrativo, se atenderá de la siguiente manera: a) El Registro Agrario Nacional, a petición de quien acredite tener interés jurídico para ello, debe consultar en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión; en caso afirmativo, el registrador, ante la presencia de la parte interesada y de por lo menos dos testigos de asistencia, haya abierto el sobre en el que se contiene la lista de sucesores y sucesoras y; haya informado el nombre de la persona designada; b) Que se presente la persona designada; c) Es entonces cuando se deben asentar los datos en el folio correspondiente para que quede inscrita la transmisión de esos derechos agrarios por sucesión, y formalizada la adjudicación de los mismos; y, d) Finalmente, el Registro Agrario Nacional debe expedir el o los certificados agrarios respectivos, autorizados y firmados por la autoridad facultada para ello. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 20/2002 por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y siete, Novena Época, Tomo XV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta relativa a marzo de dos mil dos, que dice: "DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Agraria; 72 a 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, vigente a partir del diez de abril de mil novecientos noventa y siete, para la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones en materia agraria por sucesión testamentaria, basta seguir las etapas del procedimiento administrativo previsto en los ordenamientos mencionados, a saber: a) Que el ejidatario haya hecho designación de sucesores de sus derechos en una lista en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; b) Que esa lista se inscriba y deje en depósito del Registro Agrario Nacional, lo que supone que éste verificó la autenticidad de la firma y la huella digital del ejidatario o comunero, o que se formalice ante fedatario público; c) Que al fallecer el ejidatario o comunero, dicha dependencia, a petición de quien acredite tener interés jurídico, consulte en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario, en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión, en caso afirmativo, el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre en el que se contiene la lista de sucesores e informará el nombre de la persona designada; d) Que ésta se presente; e) Que se asienten los datos en el folio correspondiente, de manera que quede así inscrita la transmisión de derechos agrarios por sucesión y formalizada su adjudicación; y f) Que el Registro Agrario Nacional expida el o los certificados respectivos, autorizados y firmados por la autoridad facultada para ello". CASO CONCRETO. En el caso en concreto, se siguió un juicio de transmisión de derechos agrarios en favor de Liz Yossari Trujillo Castillo respecto de aquellos que pertenecieron a JAIME CARMEN TRUJILLO MERINO, también conocido como JAIME TRUJILLO MERINO, quien fue ejidatario del núcleo ejidal Quecholac, Estado de Puebla; sin embargo, de la copia certificada que acompaña a su demanda de la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, en la cual se declaró que el extinto Jaime Carmen Trujillo Merino y la quejosa vivieron una situación de concubinato, previsto en el numeral 297 del Código Civil del Estado de Puebla , -documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según artículo 2°-. Es decir, existía diversa persona con posibles derechos para intervenir en el juicio sucesorio respecto de derechos agrarios, ya que dicha resolución emitida con anterioridad al dictado de la sentencia en el juicio de origen se considera suficiente para confirmar tal unión de concubinato entre la quejosa y quien en vida llevó el nombre de Jaime Carmen Trujillo Merino en los términos del antes transcrito artículo 18 de la Ley Agraria, pues la aquí peticionaria de amparo como ya se dijo es concubina de Jaime Carmen Trujillo Merino cuyos derechos agrarios se reclamaron en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, y se acata por obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 20/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos sesenta y cuatro, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA. Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido.". Igualmente, apoya el anterior criterio por identidad de razón la tesis aislada sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil doscientos veinticuatro, Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. LA PERSONA QUE ACREDITE SU PARENTESCO CON EL AUTOR DE LA SUCESIÓN ESTÁ LEGITIMADA PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE HEREDEROS (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO CIVILES FEDERALES A LA LEY AGRARIA). De conformidad con el artículo 2226 del Código Civil Federal, la nulidad absoluta de actos jurídicos constituye una acción que puede intentar todo interesado; y, en términos del numeral 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga un interés contrario. En ese tenor, si los aludidos preceptos son de aplicación supletoria a la Ley Agraria en términos de su artículo 2o., tratándose de la designación de sucesores de derechos agrarios realizada por el titular de éstos, a que se refiere el artículo 18 de la Ley Agraria, al estar involucrados aspectos del orden familiar, la persona legitimada para demandar la nulidad de dicha designación será aquella que acredite su parentesco con el autor de la sucesión, por ser quien tiene interés en que herede los bienes quien tenga la capacidad para hacerlo". Bajo esa línea de pensamiento, si la peticionaria de amparo demostró ser concubina del de cujus, con la documental que acompañó, resulta inconcuso que se le debió dar intervención en el juicio sucesorio respecto de los derechos del núcleo ejidal Quecholac, perteneciente al Estado de Puebla. Lo anterior es así, pues de otra manera, se le dejaría en estado de indefensión, en virtud de que la legislación es clara, en cuanto a la hipótesis de que el o la fallecida no haya designado sucesores o sucesoras. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil cuarenta y ocho, del libro IV, enero de dos mil doce, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN. Conforme a los artículos 212 y 216 de la Ley de Amparo, tratándose del juicio de garantías en materia agraria, en el que se reclamen actos que puedan afectar derechos agrarios individuales, los herederos aspirantes a ejidatarios cuentan con legitimación para defender la sucesión agraria del ejidatario fallecido. Luego, si durante la tramitación de un juicio agrario fallece el ejidatario cuyos derechos están en disputa, y éste no hubiere realizado la designación de sucesores, cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Agraria, que acredite el vínculo con aquél, cuenta con una expectativa de derecho a su favor que lo coloca como aspirante a ejidatario y como tal tiene legitimación para acudir al amparo en defensa de los derechos de la sucesión." En esa virtud, debe decirse que la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio agrario en estricto sentido, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución ahí dictada, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa del derecho que ostenta, por desconocer las actuaciones relativas. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia VII.2º. C. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil trescientos cinco, tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." En ese sentido, el Tribunal Agrario responsable debió llamarlo al juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Agraria, que tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se suscitaran con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la referida Ley Agraria, pues el artículo 170 de esa ley, dispone: "Artículo 170.- El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de quince días. Atendiendo a circunstancias especiales de lejanía o apartamiento de las vías de comunicación y otras que hagan difícil el acceso de los interesados al tribunal, se podrá ampliar el plazo para la celebración de la audiencia hasta por quince días más. Debe llevarse en los tribunales agrarios un registro en que se asentarán por días y meses, los nombres de actores y demandados y el objeto de la demanda." Esto, porque ante la demanda para controvertir los derechos sucesorios, las y los demandados como parte serán aquellos posibles herederos y herederas, derivado del derecho a heredar, lo que será materia de la controversia en el juicio natural, y que corresponderá en su caso, resolver a la autoridad común. Sin que sobre precisar que el citado artículo 18 de la Ley Agraria, establezca específicamente el orden de prelación para heredar; sin embargo, si bien la quejosa se ostenta como concubina del de cujus y que en apariencia tendría mejor derecho que quien promovió el juicio sucesorio, lo cierto es que, ello debe ser materia de análisis en el juicio de origen, pues precisamente por esos motivos se abre la contienda para quienes se creen con derechos a heredar. Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 20/2009, estableció que el artículo 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que el objetivo primordial de la impartición de la justicia agraria es garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. En este sentido -dijo- que al permitir a la parte tercera extraña combatir en amparo indirecto la sentencia que se hubiera dictado en un juicio sucesorio agrario donde no se le dio participación, a pesar de tener interés, se salvaguarda la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, pues de lo contrario se impediría que personas con posible derecho a suceder al ejidatario fallecido fueran oídas y vencidas en el juicio donde se deducen los derechos hereditarios. En tales condiciones, al no haber sido llamado la quejosa al citado juicio sucesorio respecto de derechos agrarios de JAIME CARMEN TRUJILLO MERINO, también conocido como JAIME TRUJILLO MERINO, tiene derecho a comparecer para hacer valer lo que a su interés convenga, de ahí que se estime que se viola en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. H. EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 10. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal a Guadalupe Romero Reyes, para el efecto que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete del Estado de Puebla: - Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario respecto de derechos agrarios 106/2020 y, por tanto, reponga el procedimiento hasta el auto admisorio y ordene el emplazamiento de la aquí quejosa. En el entendido de que la responsable, debe dejar sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, como son la emisión e inscripción de los certificados parcelarios que derivaron de tal procedimiento. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 49, tomo I, página 287, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." (Énfasis añadido). La presente concesión se hace extensiva a los actos de ejecución, por no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por otra parte, resulta importante destacar, que el suscrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte tercero interesada, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 42, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del Tomo VI, Parte SCJN, página 27, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación AMPARA Y PROTEGE a Guadalupe Romero Reyes, contra los actos reclamados por las razones puntualizados en el apartado G, de esta sentencia y para los efectos que se indican en el diverso H. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como electrónicamente a la tercera interesada.

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