Mara Gisela Herrera Zuñiga

Expediente 62/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
62/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Mara Gisela Herrera Zuñiga
  • Inexistente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, mediante el cual solicita copia del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo, así como del auto que la declara firme, dentro del presente juicio 62/2020-III En su atención, remítase la transcripción del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se declara cumplida la sentencia ejecutoriada, así como del diverso de dieciséis de julio pasado, por medio del cual se declaró firme el citado cumplimiento. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, agréguese el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal con residencia en Monterrey, Nuevo León; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, así como su asesor jurídico, realizando manifestaciones al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MARA GISELA HERRERA ZUÑIGA, contra el acto reclamado a la Juez de Control y de Juicio Oral Penal con residencia en Monterrey, Nuevo León, para el efecto de que la autoridad responsable: En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, lo procedente es, conceder el amparo y la protección de la justicia federal que solicitó MARA GISELA HERRERA ZUÑIGA, para efectos de que el Juez de Control y de Juicio Oral Penal con residencia en Monterrey, Nuevo León, una vez que cause ejecutoria esta sentencia realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la determinación de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 5339/2017; y, b) Dentro del plazo que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación en la cual resuelva sobre la legalidad del traslado efectuado sobre la persona de la quejosa tomando en consideración lo que le fue argumentado y probado por la autoridad administrativa.." En consecuencia, el cinco de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada por este Juzgado Federal; por lo que, en dicho proveído se requirió al Juez responsable el cumplimiento al referido fallo protector. En cumplimiento a ello, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal con residencia en Monterrey, Nuevo León, exhibió copia certificada de la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 5339/2017 de la cual se advierte que dejó insubsistente el acuerdo veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar emitió una nueva resolución en la que CALIFICÓ DE LEGAL EL TRASLADO de la quejosa MARA GISELA HERRERA ZÚÑIGA¸ del Centro de Reinserción Social "Femenil" al Centro de Federal de Readaptación Social Número 16 CPS "MORELOS", en esencia, por las siguientes razones: Tomó en consideración la propuesta analizada por el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social "Femenil", dentro del acta de la Cuadragésima Primera Sección Extraordinaria, registrada con el folio CF/CT/EX/41/2019, en el cual el Departamento de Seguridad de dicho centro penitenciario logro detectar que la quejosa MARA GISELA HERRERA ZÚÑIGA¸ junto a las demás internas señaladas en la lista intentaban establecer cotos de poder, mismo que pudiera causar desestabilidad y auto gobierno en el cual se tiene manifestado entre la población recluida, y por ende en la seguridad institucional, por lo que se actualizaba lo previsto en el artículo 52 fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Que existe un déficit de policías penitenciarios el cual se ve rebasado según el estándar de seguridad establecido en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, lo que infiere que la institución se vea vulnerada en su capacidad de reacción. Asimismo, el análisis de riesgo realizado por el Encargado de la Coordinación Operativa, en el cual, entre otras cosas, se estimó pertinente la aplicación de la medida de vigilancia especial contemplada en el artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en el traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", con la finalidad de coadyuvar el proceso de reinserción social y le fuera garantizada una estancia digna y segura, a partir de la disponibilidad de espacios suficientes. En suma el Juez responsable manifestó que tomó en consideración la necesidad de procurar la integridad física y mental tanto de la sentenciada, aquí quejosa, como de las demás personas privadas de la libertad en dicho centro de reclusión, así como el riesgo inminente de perdida de seguridad, gobernabilidad y buen funcionamiento del centro carcelario, por lo tanto, la autoridad responsable consideró que la actuación de la administración penitenciaria, se encontraba ajustada a derecho, ello en razón de que la medida impuesta en virtud de haberse destacados aspectos importantes que ponen en riesgo la seguridad y gobernabilidad y buen funcionamiento del centro penitenciario en el que se encontraba recluida. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, que la responsable dejó insubsistente la determinación de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 5339/2017, dentro del plazo que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con libertad de jurisdicción dictó una nueva determinación en la cual resolvió sobre la legalidad del traslado efectuado sobre la persona de la quejosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas en el escrito registrado con folio 5353 suscrito por Jaime Mundo Valladares, en su carácter de defensor público de MARA GISELA HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, dígase que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. SE ACUERDA PROMOCIÓN REGISTRADA CON FOLIO 7001. Vista la pieza postal 5958 dirigida al COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, la cual fue recibida ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional sin sello de recepción; en consecuencia y en obvio de mayores dilaciones se ordena reexpedir el citado oficio a fin de que sea debidamente notificada la autoridad responsable, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluida, así como a su defensor público Jaime Mundo Valladares. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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