Mara Eloisa Pérez Campoy
Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mara Eloisa Pérez Campoy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de seis de julio de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente principal, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Mientras que, en el incidente de suspensión original, deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, en cuanto al duplicado del incidente de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 137/2021-III, promovido por ********************Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, turnado a este juzgado el mismo día, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad siguientes: a) Del Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal de Distrito Zona Centro, Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad Personal y la Fe Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, Agente del ministerio Adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, la aplicación de cualquier medio de apremio para hacer comparecer a la suscrita sin antes haberla citado para que acudiera de forma voluntaria con: I) la debida anticipación; II) la asistencia de un abogado que pueda orientar a la suscrita; III) se le informe si tiene el carácter de investigada o testigo; IV) la especificación de la carpeta de investigación instaurada en su caso, y cualquier otra orden encaminada a privar de la libertad personal a la quejosa. b) Del Detective adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama el acto de no realizar entrega de forma personal el "citatorio" signado por la Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada contra el servicio público y el adecuado desarrollo de la Justicia, puesto que el mismo fue fijado en la puerta de la casa. c) Del Secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, y del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama la ejecución del arresto ordenado por parte de cualquier Autoridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado señaladas en el apartado anterior como ordenadoras. d) Del Detective encargado del departamento de arrestos y/o aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se reclama la emisión de cualquier orden de aprehensión emitida en contra de la quejosa derivada de la falta de asistencia a la cita programada para el día 26 de febrero del año 2021 a las 08:00 horas. Segundo. Trámite del juicio y concesión de amparo. Previa aclaración de la demanda, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, al resultar violatorio de derechos el acto impugnado, la concesión del amparo otorgado, es para los siguientes efectos: I. Deje sin efectos el citatorio derivado de la carpeta de investigación ********************, así como la aplicación de los medios de apremio como consecuencia de no haber asistido a la diligencia programada para la fecha y hora señaladas en el mismo, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción proceda conforme a derecho corresponda. Tercero. Ejecutoria la sentencia y determinación emitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento. Toda vez que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se determinó que tal resolución causó ejecutoria. Asimismo, en la misma fecha, se tuvo a la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, residente en esta ciudad, aduciendo que dio cumplimiento al fallo protector. Cuarto. Vista a las partes. En atención a lo anterior, con fundamento en el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo remitido por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. Quinto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe, procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, para lo cual, se toman en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Así, del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******************** y lo informado por la responsable, se colige que realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el citatorio derivado de la carpeta de investigación ********************, así como la aplicación de cualquier medio de apremio, como consecuencia de no haber asistido a la diligencia programada en la fecha y hora señaladas en el mismo. Así pues, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable no incidió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia y que se atendió a los efectos determinados. Por tanto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues, con su actuación, se restituyó a la parte quejosa el goce de los derechos fundamentales que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 137/2021-III, ha quedado cumplida. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de dieciocho de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó y por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Así, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, al resultar violatorio de derechos el acto impugnado, la concesión del amparo otorgado, es para los siguientes efectos: I. Deje sin efectos el citatorio derivado de la carpeta de investigación *******, así como la aplicación de los medios de apremio como consecuencia de no haber asistido a la diligencia programada para la fecha y hora señaladas en el mismo, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción proceda conforme a derecho corresponda. Mientras que, la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia de las autoridades responsables, con el oficio y anexo de cuenta, aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computado legalmente para que manifieste lo que a su derecho convenga. Bajo el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare que la sentencia está cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 137/2021-III, promovido por *******, contra actos del Fiscal General de Justicia en el Estado de Chihuahua, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, la quejosa *******, por sus propios derechos, promovió demanda de amparo contra actos del Fiscal General de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; así como de diversas autoridades de quienes reclamó lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable mencionadas en los incisos a) a la d) del apartado de AUTORIDADES ORDENADORAS, se les reclaman los siguientes actos: La aplicación de cualquier medio de apremio para hacer comparecer a la suscrita sin antes haberme citado para que acudiera de forma voluntaria con: I) la debida anticipación; II) la asistencia de un abogado que pueda orientar a la suscrita; III) se me informe si tengo el carácter de investigada o testigo; IV) la especificación de la carpeta de investigación instaurada en su caso. Cualquier otra orden encaminada a privar de la libertad personal a la suscrita. De la AUTORIDAD EJECUTORA señalada con el inciso a). Se reclama el acto de no realizar entrega de forma personal el "citatorio", signado por la Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada contra el servicio público y el adecuado desarrollo de la Justicia, puesto que el mismo fue fijado en la puerta de la casa; habiéndome percatado del mismo hasta que terminé mi jornada laboral, llegando aproximadamente a las 19:30 horas a mi domicilio. De la AUTORIDAD EJECUTORA señaladas en los incisos b) y c). Se reclama la ejecución del arresto ordenado por parte de cualquier Autoridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado señaladas en el apartado anterior como ordenadoras. De la AUTORIDAD EJECUTORA señalada en el inciso d). Se reclama la emisión de cualquier orden de aprehensión emitida en contra de la suscrita derivada de la falta de asistencia a la cita programada para el día 26 de febrero del año 2021 a las 08:00 horas." Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se previno a la quejosa para que aclarara su demanda, prevención que al cumplir de manera satisfactoria, en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 137/2021-III, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal de Distrito Zona Centro, Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad Personal y la Fe Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, Agente del ministerio Adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, la aplicación de cualquier medio de apremio para hacer comparecer a la suscrita sin antes haberla citado para que acudiera de forma voluntaria con: I) la debida anticipación; II) la asistencia de un abogado que pueda orientar a la suscrita; III) se le informe si tiene el carácter de investigada o testigo; IV) la especificación de la carpeta de investigación instaurada en su caso, y cualquier otra orden encaminada a privar de la libertad personal a la quejosa. Del Detective adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama el acto de no realizar entrega de forma personal el "citatorio" signado por la Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada contra el servicio público y el adecuado desarrollo de la Justicia, puesto que el mismo fue fijado en la puerta de la casa. Del Secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, y del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reclama la ejecución del arresto ordenado por parte de cualquier Autoridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado señaladas en el apartado anterior como ordenadoras. Del Detective encargado del departamento de arrestos y/o aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se reclama la emisión de cualquier orden de aprehensión emitida en contra de la quejosa derivada de la falta de asistencia a la cita programada para el día 26 de febrero del año 2021 a las 08:00 horas Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal General de Justicia del Estado; Detective adscrito a la Unidad especializada contra el servicio público y el adecuado desarrollo de la justicia de Ciudad Juárez, Chihuahua; Secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua; Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y Detective encargado del departamento de arrestos y/o aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues así lo señalaron al rendir sus informes con justificación; sin que la accionante del amparo haya proporcionado medio de convicción eficaz para desvirtuar dichas negativas. Negativas que cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad; pero no cuando se niega categóricamente el acto imputado, pues, en tal supuesto, el Juez Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo adujeron en sus informes justificados el Fiscal de Distrito Zona Norte, Unidad Especializada de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad Personal y la Fe Pública, de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de los cuales aceptaron, respectivamente, la expedición del citatorio de presentación de referencia. Quinto. Causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Del contenido de los autos se advierte que no existen causales de improcedencia que deban examinarse, ya sea porque las hayan propuesto las partes o bien que se adviertan de oficio, por lo que se procede al estudio de la litis constitucional planteada. Sexto. Conceptos de violación. La quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción no impide a la suscrita cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia; por tanto, se analizan los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En apoyo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, cabe invocar la jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Séptimo. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La peticionaria de amparo, bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda, señala que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, al llegar a su domicilio después de su jornada laboral, aproximadamente a las 19:30 horas, encontró en la puerta de su domicilio un documento mediante el cual fue citada a comparecer ante la agente del Ministerio Público *******, agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, en esta ciudad, a las ocho horas del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior a efecto de proporcionar información requerida en una investigación, sin indicar algún número de carpeta de investigación y la calidad en que la citan, es decir si como investigada o como testigo, ya que únicamente señala que es ante la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. En razón a lo anterior, la parte quejosa, en sus conceptos de violación, en esencia refiere que el acto reclamado fue dictado con inobservancia a los derechos fundamentales de seguridad y legalidad jurídica, previstos en los numerales 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afirma que lo anterior es así ya que la autoridad responsable no cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos por la legislación estatal para tal citación. Del mismo modo, manifiesta que el acto reclamado es inconstitucional porque violenta los derechos de seguridad jurídica, la garantía de debida fundamentación y motivación, así mismo, una eventual orden de aprehensión derivada del incumplimiento al citatorio de referencia, que en razón de la excepcionalidad de las medidas privativas de libertad, las cuales al ser el mayor acto de molestia que ejerce el Estado sobre los particulares, debe de sujetarse a las condiciones establecidas en la Ley. Como se adelantó, en el presente juicio el acto reclamado consiste en el citatorio fijado en la puerta del domicilio de la quejosa, el día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, entre las 8:00 y las 19:30 horas, signado por la agente del Ministerio Público *******, agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, documento que se transcribe a continuación: Establecido lo anterior, es preciso verificar si el referido citatorio cumple con lo dispuesto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, los citados numerales establecen lo siguiente: "Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva." "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." En efecto, del contenido de los ordenamientos legales antes indicados se advierte que toda persona, está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público cuando sea citada, salvo las excepciones ahí previstas, de lo que se advierte, que la autoridad responsable es competente para emitir el acto de molestia que en el presente juicio se reclama. Sin embargo, tal facultad tiene como limitación lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la citación debe emitirse de manera fundada y motivada. Además, se obtiene que la mencionada citación deberá contener los siguientes requisitos: a) La autoridad y el domicilio ante la que habrá de presentarse; b) El día y hora en que debe comparecer; c) El objeto de la misma; d) El procedimiento del que deriva; e) La firma de la autoridad que la ordena, y f) El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. Al respecto resulta aplicable la tesis I.10o.P.26 P (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2995, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2017727, que dispone lo siguiente: "ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DECLARAR EN CALIDAD DE TESTIGO DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL SER UN ACTO DE MOLESTIA, DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y ESTAR PRECEDIDA DE UN CITATORIO QUE REÚNA LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS. Las órdenes de localización y presentación emitidas por la autoridad ministerial en uso de su facultad investigadora y a efecto de que una persona declare en calidad de testigo dentro de una averiguación previa, constituyen actos de molestia cuya emisión requiere el cumplimiento de las exigencias de fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los requisitos mínimos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 46/99-PS, estableció que deben preceder al dictado de cualquier medida de apremio; luego, para que el juzgador de control constitucional pueda declarar legal la orden de localización y presentación girada contra un testigo, debe verificar que contenga la cita de los preceptos aplicables al caso y las razones que llevaron al representante social a dictarla, además de corroborar que esté precedida de una determinación, en la cual, se le hubiese solicitado al quejoso que se presentara voluntariamente a rendir su declaración en la indagatoria y que el contenido de ese citatorio se hubiese hecho de su conocimiento personal y oportunamente, con el apercibimiento de que, de no obedecerlo, se decretaría en su contra una medida de apremio específica, hasta llegar al uso de la fuerza pública para lograr su comparecencia." En ese orden de ideas, de la lectura del citatorio transcrito, se advierte que el mismo sí infringe los derechos fundamentales esgrimidos por la promovente del amparo, dado que no cumple a cabalidad con los requisitos anteriormente transcritos, como a continuación se analizará. En efecto, de las constancias que conforman la carpeta de investigación con número único de caso *******, de donde emana el acto reclamado, se desprende que en el citatorio fijado en el domicilio de la ahora quejosa *******, no se cumplieron la totalidad de los requisitos elementales para ello, los cuales son los siguientes: a) La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse. Se asentó que la autoridad ante la que debía de comparecer era Dulce Olivia Palma Mariscal, agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, con domicilio en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado, ubicadas en el Eje vial Juan Gabriel y Aserraderos S/N, Colonia San Antonio, Chih. b) El día y hora en que debe comparecer. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a las ocho horas. c) El objeto de la misma. La autoridad precisó que debía comparecer al desahogo de una diligencia de carácter penal, para proporcionar información requerida en la investigación al rubro indicada, sin embargo, en el citatorio no establece si es citada en calidad de testigo o de investigada. d) El procedimiento del que se deriva. Dentro del citatorio en estudio, no se advierte el número único de la carpeta de investigación en la cual se lleva a cabo las diligencias de investigación a la cual fue llamada. e) La firma de la autoridad que la ordena. Se advierte la firma de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. f) El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. Se advierte el apercibimiento que en caso de no presentarse podrían aplicársele los medios de apremio establecidos en el artículo 104, Fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la tesis antes transcrita, que fue sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con numero de registro 2017727, establece dos diversos requisitos que deben observarse en las órdenes de localización y presentación emitidas por la autoridad ministerial en uso de su facultad investigadora, los cuales consisten en que el mismo debe entregarse personal y oportunamente, la cual en su parte conducente señala: ". luego, para que el juzgador de control constitucional pueda declarar legal la orden de localización y presentación girada contra un testigo, debe verificar que contenga la cita de los preceptos aplicables al caso y las razones que llevaron al representante social a dictarla, además de corroborar que esté precedida de una determinación, en la cual, se le hubiese solicitado al quejoso que se presentara voluntariamente a rendir su declaración en la indagatoria y que el contenido de ese citatorio se hubiese hecho de su conocimiento personal y oportunamente, con el apercibimiento de que, de no obedecerlo, se decretaría en su contra una medida de apremio específica, hasta llegar al uso de la fuerza pública para lograr su comparecencia." Por lo que hace al requisito de la entrega "personal" del citatorio, el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reza de la siguiente manera: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; [.] Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe con justificación, así como por la copia del citatorio exhibida por la quejosa en su demanda de amparo, no se observa que la responsable haya satisfecho los requisitos señalados en el artículo que antecede para las notificaciones que deben realizarse de manera personal, puesto que no se advierte ningún acta circunstanciada de las diligencias señaladas en el numeral de referencia. Ahora, por lo que hace al diverso requisito establecido en el criterio jurisprudencial citado con antelación, esto es, que el citatorio debe entregarse "oportunamente", debemos atender a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular en su Artículo 91, el cual en su primer párrafo establece lo siguiente: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. [.]" Énfasis propio. Así pues, refiere la quejosa que el citatorio fue fijado en su domicilio el día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el cual encontró una vez que regresó de su trabajo, puesto que así lo indica en su demanda de amparo, situación que no fue desvirtuada por la responsable al rendir su informe con justificación, puesto que en la copia del citatorio remitido en dicho informe no se advierte la hora en que fue fijado en el domicilio. En esa tesitura, se pone de manifiesto que el citatorio del cual se queja la promovente del presente juicio constitucional, no satisface el requisito consistente en el plazo que debe comprender entre la fecha de la notificación y la celebración del acto, esto es "cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto". Así pues, de lo antes analizado, se desprende que el acto reclamado carece de los requisitos exigidos por los numerales 90 y 91, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: El objeto de la misma, esto es, si era citada en calidad de testigo o de investigada en la carpeta de investigación de la cual emanó el citatorio de referencia. El procedimiento del que se deriva, esto es, identificación del número de carpeta de investigación, del cual se deriva el acto de investigación al que se le cita. Así mismo, el acto reclamado deja sin satisfacer los requisitos establecidos en el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dio origen a la jurisprudencia con número de registro 2017727, los cuales son los siguientes: Entregar el citatorio de manera personal, esto es, bajo los lineamientos establecidos en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y Oportunamente, es decir, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. Luego, en debida reparación del derecho fundamental vulnerado, lo procedente es conceder a la quejosa *******, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, contra el acto consistente en el citatorio de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, derivado de la carpeta de investigación *******, así como de la aplicación de cualquier medio de apremio como consecuencia de no haber acudido a la diligencia señalada en el mismo. Ante lo fundado del concepto de violación analizado, es innecesario analizar los restantes motivos de disenso hechos valer virtud al principio de mayor beneficio; pues en el caso de que asistiera razón a la promovente, en nada mejoraría el sentido de la presente resolución por lo que hace a la ilegalidad declarada del acto examinado. Apoya lo anterior, además de la jurisprudencial P./J. 3/2005, previamente invocada, la jurisprudencia II.3o. J/5, visible a página 89, Tomo IX, Marzo de 1992, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 220006, cuyo rubro y texto son los siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, al resultar violatorio de derechos el acto impugnado, la concesión del amparo otorgado, es para los siguientes efectos: Deje sin efectos el citatorio derivado de la carpeta de investigación *******, así como la aplicación de los medios de apremio como consecuencia de no haber asistido a la diligencia programada para la fecha y hora señaladas en el mismo, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción proceda conforme a derecho corresponda. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74, 75, 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 137/2021-III, promovido por *******, por lo que hace a las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión Ampara y protege a *******, respecto de los actos reclamados a las autoridades Fiscal de Distrito Zona Norte, Unidad Especializada de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad Personal y la Fe Pública, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, en Ciudad Juárez, Chihuahua; por las razones que se indican en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFIQUESE. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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