Mara Cárdenas Ticante
Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mara Cárdenas Ticante
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."
- Principal
En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juzgado Laboral, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 153/2022-III-A. DESECHAMIENTO En ese orden, es necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso concreto del análisis escrito de demanda, se advierte que lo que reclama la promovente: ".De la autoridad señalada como responsable, le reclamo, el auto de fecha 07 de marzo de 2022 y auto de fecha 08 de marzo de 2022, dentro del expediente laboral número PO: 15/2022-V, del índice del H. Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz." Determinaciones que, de los antecedentes narrados por la propia quejosa, se tiene que consisten en: ".auto de fecha 07 de marzo de 2022 y auto de fecha 08 de marzo de 2022, dictado por la responsable C. Lic. Manuel Mendoza Rosas, en su carácter de Secretario Instructor del H. Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, mediante el cual en el primero de los autos, la responsable certifica que ha transcurrido el término legal concedido a la demanda (sic) para contestar y ofrecer pruebas y que no existía promoción alguna que acordar, relativa a alguna contestación de demanda; asimismo, en el otro auto de fecha 08 de marzo de 2022, la responsable se declara incompetente para seguir conociendo del presente asunto y ordena remitir los autos a la autoridad federal correspondiente." En ese orden, es inconcuso que respecto al acto reclamado consistente en el proveído de siete de marzo del año en curso, en que el juez responsable certifica que ha transcurrido el término legal concedido a la demanda para contestar y ofrecer pruebas y que no existía promoción alguna que acordar, relativa a alguna contestación de demanda, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última aplicada en sentido, que la letra dicen: Artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Por su parte, los preceptos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, la fracción V del numeral 107 de la invocada Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de modo que una interpretación en sentido contrario, lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese contexto, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dichas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Sobre esa línea de pensamiento, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias, sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos, en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que generan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos, se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Al caso, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia número 244, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 164, Tomo VI, del Apéndice al correspondiente a los años de 1995 1997 de rubro y texto: EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De igual forma, cobra aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia número 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 157, Tomo VI, del último Apéndice de rubro y texto: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación." El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en el acto reclamado de siete de marzo del año en curso, pronunciado en el juicio laboral 15/2022, radicado ante el Juzgado Laboral de esta ciudad, según lo manifestado bajo protesta de decir de verdad por la quejosa consiste en la certificación relativa a que había transcurrido el término legal concedido para contestar y ofrecer pruebas sin que hubiere promoción alguna que acordar, relativa a alguna contestación de demanda; es incuestionable que se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento; de ahí que, resulte válido concluir que será hasta que se dicte la resolución respectiva, de ser contraria a los intereses de la impetrante de amparo, cuando esté en aptitud de impugnar a través del juicio constitucional uniinstancial, la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. Además, se desprende que dicho acto no engendran un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que, como se anotó en párrafos precedentes, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera; pues en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Es aplicable al caso, contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, página 11, Agosto de 1992, Materia Común, Octava Época de rubro y texto: EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Como robustecimiento de lo anterior, tiene sustento legal, por analogía, en la jurisprudencia VI.2º. J/258, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1993, página 53, que establece: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En otro orden, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el mismo juicio laboral de origen, en el cual el juez responsable se declara incompetente para seguir conociendo del asunto y ordena remitir los autos a la autoridad federal correspondiente, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, esta última interpretada en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. De la interpretación de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, en el entendido que deben entenderse como tales a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado y no antes. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que sólo sucede cuando el acto es definitivo; es decir, que no exista posibilidad de que con la emisión de un acto posterior se deje sin efectos la supuesta afectación a derechos del promovente. Por tanto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la determinación de ocho de marzo del año en curso, relativo al auto de incompetencia decretada a favor de diversa autoridad federal, respecto el proceso laboral 15/2022; no constituye un acto de autoridad que produzca en el gobernado una afectación personal y directa a la esfera de sus derechos sustantivos, pues en el caso al tratarse de una incompetencia por declinatoria tal efecto lo tendría la resolución en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta,. Lo anterior en virtud que la decisión de una autoridad de declararse incompetente no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, es decir, cuando el órgano a quien se haya declinado la competencia la acepte. Ante ello, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2009721, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS. (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicha disposición, deben entenderse referidos a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión de una autoridad de declararse incompetente o la solicitud que hace una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en vigor, sino en el caso de que aquélla se torne definitiva. Por las consideraciones antes expuestas y, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en ***************, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************************. Sin que se tome en cuenta el correo electrónico que proporciona toda vez que señaló domicilio procesal en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa III, supervise que la Oficial Judicial "A" encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente expediente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES Con base en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite el acceso al presente expediente a fin de que con cualquier medio tecnológico que porte o innovación tecnológica, que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17, Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos; haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios.
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juzgado Laboral, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 153/2022-III-A. DESECHAMIENTO En ese orden, es necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso concreto del análisis escrito de demanda, se advierte que lo que reclama la promovente: ".De la autoridad señalada como responsable, le reclamo, el auto de fecha 07 de marzo de 2022 y auto de fecha 08 de marzo de 2022, dentro del expediente laboral número PO: 15/2022-V, del índice del H. Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz." Determinaciones que, de los antecedentes narrados por la propia quejosa, se tiene que consisten en: ".auto de fecha 07 de marzo de 2022 y auto de fecha 08 de marzo de 2022, dictado por la responsable C. Lic. Manuel Mendoza Rosas, en su carácter de Secretario Instructor del H. Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, mediante el cual en el primero de los autos, la responsable certifica que ha transcurrido el término legal concedido a la demanda (sic) para contestar y ofrecer pruebas y que no existía promoción alguna que acordar, relativa a alguna contestación de demanda; asimismo, en el otro auto de fecha 08 de marzo de 2022, la responsable se declara incompetente para seguir conociendo del presente asunto y ordena remitir los autos a la autoridad federal correspondiente." En ese orden, es inconcuso que respecto al acto reclamado consistente en el proveído de siete de marzo del año en curso, en que el juez responsable certifica que ha transcurrido el término legal concedido a la demanda para contestar y ofrecer pruebas y que no existía promoción alguna que acordar, relativa a alguna contestación de demanda, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, esta última aplicada en sentido, que la letra dicen: Artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Por su parte, los preceptos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, la fracción V del numeral 107 de la invocada Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de modo que una interpretación en sentido contrario, lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese contexto, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dichas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Sobre esa línea de pensamiento, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias, sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos, en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que generan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos, se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Al caso, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia número 244, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 164, Tomo VI, del Apéndice al correspondiente a los años de 1995 1997 de rubro y texto: EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De igual forma, cobra aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia número 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 157, Tomo VI, del último Apéndice de rubro y texto: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación." El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en el acto reclamado de siete de marzo del año en curso, pronunciado en el juicio laboral 15/2022, radicado ante el Juzgado Laboral de esta ciudad, según lo manifestado bajo protesta de decir de verdad por la quejosa consiste en la certificación relativa a que había transcurrido el término legal concedido para contestar y ofrecer pruebas sin que hubiere promoción alguna que acordar, relativa a alguna contestación de demanda; es incuestionable que se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento; de ahí que, resulte válido concluir que será hasta que se dicte la resolución respectiva, de ser contraria a los intereses de la impetrante de amparo, cuando esté en aptitud de impugnar a través del juicio constitucional uniinstancial, la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. Además, se desprende que dicho acto no engendran un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que, como se anotó en párrafos precedentes, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera; pues en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Es aplicable al caso, contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, página 11, Agosto de 1992, Materia Común, Octava Época de rubro y texto: EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Como robustecimiento de lo anterior, tiene sustento legal, por analogía, en la jurisprudencia VI.2º. J/258, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1993, página 53, que establece: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En otro orden, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el mismo juicio laboral de origen, en el cual el juez responsable se declara incompetente para seguir conociendo del asunto y ordena remitir los autos a la autoridad federal correspondiente, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, esta última interpretada en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. De la interpretación de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, en el entendido que deben entenderse como tales a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado y no antes. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que sólo sucede cuando el acto es definitivo; es decir, que no exista posibilidad de que con la emisión de un acto posterior se deje sin efectos la supuesta afectación a derechos del promovente. Por tanto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la determinación de ocho de marzo del año en curso, relativo al auto de incompetencia decretada a favor de diversa autoridad federal, respecto el proceso laboral 15/2022; no constituye un acto de autoridad que produzca en el gobernado una afectación personal y directa a la esfera de sus derechos sustantivos, pues en el caso al tratarse de una incompetencia por declinatoria tal efecto lo tendría la resolución en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta,. Lo anterior en virtud que la decisión de una autoridad de declararse incompetente no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, es decir, cuando el órgano a quien se haya declinado la competencia la acepte. Ante ello, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2009721, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS. (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los actos de autoridad susceptibles de impugnación en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicha disposición, deben entenderse referidos a aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento del trámite de una cuestión de competencia cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión de una autoridad de declararse incompetente o la solicitud que hace una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en vigor, sino en el caso de que aquélla se torne definitiva. Por las consideraciones antes expuestas y, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en ***************, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************************. Sin que se tome en cuenta el correo electrónico que proporciona toda vez que señaló domicilio procesal en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa III, supervise que la Oficial Judicial "A" encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente expediente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES Con base en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite el acceso al presente expediente a fin de que con cualquier medio tecnológico que porte o innovación tecnológica, que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17, Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos; haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes
- Manuel Santiago Matías231/2021
- Manuel Santiago Matías627/2021
- Manuel Santiago Matías218/2021
- Manuel Santiago Matías400/2019
- Manuel Tirso Santiago160/2020
- Manuela Antonio Santiago147/2020
- Mara Cárdenas Ticante260/2022
- Mara Cardenas Ticante575/2022
- Marcela Moreno Pérez213/2019
- Marcela Moreno Pérez508/2018
- Marcela Rodriguez García Rojas293/2017
- Marcela Rodriguez Salas166/2019