Mara Cardenas Ticante
Expediente 538/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mara Cardenas Ticante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se aceptó la competencia declinada; sin que interpusiera recurso de revisión en su contra; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. De igual forma, se colige que en auto de once de noviembre pasado, se tuvo al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, informando que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de los diversos actos reclamados en la demanda de amparo que dio origen al juicio 538/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por tanto, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente y el relativo al cuaderno incidental, son susceptibles de destrucción, al tratarse de cuadernos auxiliares, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario Instructor del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los diversos comunicados librados en este sumario, por los que, se notificó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos atribuidos al Séptimo Tribunal Laboral de mérito y al Secretario Instructor adscrito al mismo; así como la incompetencia planteada de los actos atribuidos a las diversas autoridades con sede en Poza Rica e informa que se encuentra a la espera de la firmeza de la aludida determinación; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado de Distrito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por personal del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al juicio 538/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, signado electrónicamente por personal del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 304/2022 con número de orden 449/2022, librado en auto de siete de octubre del año en curso, por los motivos expuestos; en consecuencia, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dese de baja la citada comunicación oficial. Sin que sea necesario enviar el acuse de recibo, pues el mismo se generó a través del aludido sistema. Por otra parte, toda vez que de las constancias remitidas se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en el citado auto, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír notificaciones transcurrió del veintiocho de octubre al cuatro de noviembre, ambos del año en curso, al haber sido notificada el veintiséis de octubre último, sin que diera cumplimiento al mismo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó, por lo que la presente notificación así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por lista de acuerdos, hasta en tanto subsane dicha omisión. Por otra parte, vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario judicial de la adscripción manifiesta los motivos por los que no fue posible notificar a la parte quejosa el auto de veintiocho de octubre pasado. Al respecto, en mérito de lo acordado en párrafos precedentes, notifíquese dicha determinación por medio de lista de acuerdos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, de los cuales se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: 1. El auto de siete de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 15/2022-V del índice del Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, en el que certificó que había transcurrido el término legal para contestar la demanda y ofrecer pruebas. 2. El auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 15/2022-V del índice del Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, en el que la responsable declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional. 3. El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 55/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se aceptó la competencia declinada. Ahora, al analizar las constancias que adjuntaron a su informe justificado las autoridades responsables Titular del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y Secretario Instructor adscrito a dicho Tribunal, recibidas en auto de veinte de los corrientes, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de la propia ley, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, la suscrita estima que por cuanto hace al acto precisado el numeral "3" consistente en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 55/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se aceptó la competencia declinada, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia hecha valer por las responsables, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Expuesto lo anterior, para encuadrar el caso concreto en la premisa legal precedente, deviene importante precisar los siguientes antecedentes, mismos que se derivan de la demanda de amparo así como del informe justificado de mérito. 1) El veintiocho de enero de dos mil veintidós, la aquí quejosa Mara Cárdenas Ticante promovió ante la oficialía de partes del Juzgado Laboral del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, juicio ordinario laboral contra "TE CREEMOS", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, de quien demandó diversas prestaciones. 2) Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, el Secretario Instructor del Juzgado Laboral del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, admitió la demanda y la registró bajo el número de expediente 15/2022-V. 3) Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Laboral del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, declinando su competencia en favor del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad. 4) Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, a quien le correspondió conocer del asunto, lo registró con el número de expediente 55/2022; aceptó la competencia declinada y lo admitió a trámite. 5) Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto, por lo que planteó conflicto competencial y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, correspondiendo conocer del mismo al Segundo Tribunal Colegiado en dicha materia, quien lo registró bajo el número 28/2022. 6) Mediante ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, declaró legalmente competente al Juzgado Laboral del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, para conocer de la demanda promovida por Mara Cárdenas Ticante. En ese contexto, si de lo que se dolía la quejosa era del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 55/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se aceptó la competencia declinada, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a la autoridad responsable a dejarla insubsistente, y esto ha ocurrido con motivo de la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso, dictada en el conflicto competencial 28/2022 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través de la cual declaró legalmente competente al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, para conocer de la demanda promovida por Mara Cárdenas Ticante, es evidente que el auto reclamado ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo, restableciéndose la situación anterior a la promoción del juicio, por lo que hace a dicho acto, en razón de que nuevamente conocerá del asunto de origen la autoridad jurisdiccional que declinó la competencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de forma manifiesta e indubitable la improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al citado acto reclamado, y por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En este contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Ahora bien, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, carece legalmente de competencia para conocer de este juicio de amparo respecto de los actos descritos en los arábigos "1" y "2", conforme al primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. La anterior determinación encuentra sustento en las siguientes consideraciones: La quejosa Mara Cárdenas Ticante, señaló como autoridades responsables a las siguientes: a) Juzgado laboral, con sede en Poza Rica, Veracruz. b) Licenciado Manuel Mendoza Rosas, en su carácter de Secretario Instructor, adscrito al Juzgado Laboral, con sede en Poza Rica, Veracruz. c) Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. d) Luis Felipe Esteban Aquino, en su carácter de Secretario Instructor del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. De las autoridades señaladas en el inciso a) y b) reclamó los autos de siete y ocho de marzo de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente 15/2022-V del índice del Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, en los que certificó que había transcurrido el término legal para contestar la demanda y ofrecer pruebas y declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional, respectivamente; y, a las autoridades precisadas en los incisos c) y d) restantes la el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 55/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se aceptó la competencia declinada. En efecto, en su informe justificado las autoridades responsables con residencia en esta ciudad, señalaron que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, a quien le correspondió conocer del asunto promovido por la aquí quejosa, lo registró con el número de expediente 55/2022; aceptó la competencia declinada y lo admitió a trámite. Sin embargo, por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, el Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado, con sede en esta ciudad, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto, por lo que planteó conflicto competencial y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, correspondiendo conocer del mismo al Segundo Tribunal Colegiado en dicha materia, quien lo registró bajo el número 28/2022. Luego, mediante ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, declaró legalmente competente al Juzgado Laboral del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, para conocer de la demanda promovida por Mara Cárdenas Ticante. Lo que se corroboró con las copias certificadas de las diversas actuaciones del expediente laboral 55/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, que anexó a su informe con justificación, las cuales obran en un tomo por separado, a las cuales se les concedió valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de la propia ley, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por su parte, en el presente proveído se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional por lo que respecta al acto reclamado a las autoridades responsables Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y Secretario Instructor de dicho Tribunal Laboral, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 55/2022 de su índice, en el cual se aceptó la competencia declinada. De ahí, que se estima que este Juzgado carece de competencia por razón de territorio para resolver este asunto, conforme al párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón de que los diversos actos reclamados consistentes en los autos de siete y ocho de marzo de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente 15/2022-V del índice del Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, en los que certificó que había transcurrido el término legal para contestar la demanda y ofrecer pruebas y declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional, respectivamente, tienen ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Es aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo XIV, de agosto de dos mil uno, página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Así, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas que debe atender, esto es si requiere ejecución material o no. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado precepto legal, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. La primera, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dichos actos son de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, La tercera, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, en el presente caso, los actos reclamados precisados en los números 1 y 2 en la presente determinación, requieren de ejecución material, esto es, que con la emisión de los actos reclamados, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, si en el caso en estudio, se sobreseyó en el presente juicio en lo tocante al acto consistente el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 55/2022 de la estadística del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se aceptó la competencia declinada, al haber ocurrido un cambio de situación jurídica y el cual, nos permitía conocer del juicio de amparo en que se actúa. Antes tales circunstancias se advierte que desapareció la posibilidad de ejecución en esta ciudad, de los diversos actos consistentes en los autos de siete y ocho de marzo de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente 15/2022-V del índice del Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, en los que certificó que había transcurrido el término legal para contestar la demanda y ofrecer pruebas y declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional, respectivamente, de ahí que se determine declinar competencia al Juez de Distrito del lugar donde fueron emitidos los mismos. Lo anterior, en cumplimiento a las jurisprudencias por contradicción 9/2001 y P./J. 8/2001(9ª)2, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPO ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Criterios que se aplican de forma sistemática en razón que en el primero de ellos, el Máximo Tribunal del País, en Pleno, sostuvo que si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe declararse incompetente y remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales, dicte la sentencia que corresponda. Mientras que en el segundo, estableció que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente. Entonces, es inconcuso que al no haberse acreditado que dichos autos de siete y ocho de marzo de dos mil veintidós -los que fueron dictados por el Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, dentro de los autos del expediente 15/2022-V- se vayan a materializar dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que los emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Toda vez que hay que tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el artículo 37 referido, al otorgar a la persona sujeta a proceso las condiciones necesarias para tener un fácil acceso al mismo. Entonces, si del artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución, lo cual puede ocurrir en el lugar donde radica la autoridad que emitió el acto, pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución, lo cual es motivo suficiente para declinar competencia en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la residencia de la autoridad responsable (Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz), que emitió y ordenó se ejecutaran los actos reclamados. Ya que al ser un acto que requiere ejecución material, es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en esta jurisdicción que haya aceptado el acto reclamado, situación que en el caso concreto no acontece, pues, se insiste, en esta propia determinación se sobreseyó el presentes juicio respecto del acto reclamado a la autoridad con residencia en esta ciudad; ello, puesto que ocurrió un cambio de situación jurídica del acto cuya inconstitucionalidad se impugna; de ahí que no se colma ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el tomo XIII, correspondiente a enero de 2001, página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". Por tanto, es incuestionable que la circunstancia que, en principio pudo originar la duda de que este juzgado federal era competente ha desaparecido, dado que como ha quedado precisado, mediante ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, declaró legalmente competente al Juzgado Laboral del Poder Judicial en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, para conocer de la demanda promovida por Mara Cárdenas Ticante. En esas condiciones, como los diversos actos reclamados (los autos de siete y ocho de marzo de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente 15/2022-V del índice del Juzgado Laboral con sede en Poza Rica, Veracruz, en los que certificó que había transcurrido el término legal para contestar la demanda y ofrecer pruebas y declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional, respectivamente) fue ordenado y tiene su ejecución en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica y no en la jurisdicción territorial en donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito, que lo es en Xalapa; este Juzgado de Distrito no podría válidamente pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esos actos reclamados, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, se estima que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de territorio, en cuanto a las citadas determinaciones. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 8/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, enero de 2001, página 5, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." Por las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se declina la competencia para conocer de los autos del juicio de amparo número 538/2022, promovido por Mara Cárdenas Ticante, al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde tienen ejecución los actos reclamados. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, de los Juzgados de Distrito. Por ello, a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" remítase el juicio en que se actúa, así como los cuadernos incidentales respectivos y el tomo de pruebas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, para que a su vez lo turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que revelen la historia procesal del expediente que se envía. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, a las autoridades responsables y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretaria que autoriza y da fe.
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