Mara Andrómeda Caballero Paredes

Expediente 240/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 42 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
240/2019
Año
2019
Actuaciones
42
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Mara Andrómeda Caballero Paredes
  • Fiscal General de la República Mexicana. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Incidental

    II...Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y atendiendo al proveído de esta misma fecha dictado en el juicio principal, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión. Lo anterior, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedió y se negó la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. Por lo que, se deberán conservar todas las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Por lo que respecta al duplicado de este cuaderno, se determina que la fecha para su destrucción lo es a partir del veinte de febrero de dos mil veinte, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintidós de julio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables foráneas, habida cuenta que conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Por otra parte, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese por lista y gírense los oficios respectivos. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    ....| Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Mara Andrómeda Caballero Paredes, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expresados en dicho apartado. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la correspondencia devuelta por el Departamento de Correos de México en esta ciudad, relativa al oficio 3031/2019, dirigido a la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como "Director y/o Comandante de la Policía Federal Ministerial", con sede en la Ciudad de México, se advierte que fue regresada bajo la leyenda "Rehusado por oficialía de Partes no se encuentra en este domicilio. No existe aut." Por otra parte, del estado autos se aprecia que la parte quejosa no se pronunció dentro del plazo concedido, respecto a la vista que se le dio en proveído de cuatro de julio del año en curso. Al respecto debe decirse que mediante autos de quince de marzo y cuatro de julio de dos mil diecinueve, se determinó que de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones de la parte quejosa, está aquella de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia); de ahí que, se haya apercibido al agraviado que si las autoridades responsables señaladas no existían con la denominación que indicó en su demanda, sin mayor trámite se tendrían por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolvería conforme a tal situación; salvo que corrigiera su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto. Con motivo de lo anterior, se tienen por inexistentes a las autoridades que señaló como: 1. Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. 2. Comisionado General de la Policía Federal Preventiva. 3. Titular de la División Regional de Seguridad de la Policía Federal Preventiva. 4. Titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva; y, 5. Director y/o Comandante de la Policía Federal Ministerial. Todas con asentamiento en la Ciudad de México. Por tal motivo, se suspende toda comunicación con las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el mes de agosto de 2018, visible en la página 2608, libro 57, Tomo III, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistente, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.

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