Mapfre México S.A.
Expediente 816/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Mapfre México S.A.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, tres de agosto de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que obra a foja 250 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, la empresa denominada ********************, ********************, antes Mapfre Tepeyac, ********************, por conducto de su apoderado ********************, promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el Tribunal Unitario con residencia en este Circuito Judicial, en el toca civil ********************de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el siete de abril de dos mil veintidós, este Tribunal Federal concedió el amparo solicitado por la quejosa para efectos que enseguida se calcan: "1. Deje insubsistente la sentencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Dicte otra, en la que reitere los pronunciamientos siguientes: a) Lo relativo a apelación preventiva respecto del proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve -considerando octavo-, b) Lo atinente a la apelación preventiva respecto de la calificación de posiciones en el desahogo de la confesional a cargo de la actora -considerando noveno- y c) Lo relativo a la falta de legitimación del agente de seguros, que deberá establecer, por técnica, en el mismo apartado que el análisis de la legitimación activa y, 3. Atento a lo expuesto en esta ejecutoria, excluya de la valoración probatoria las pruebas consistentes en la documental relativa al Registro Federal de Contribuyentes y la confesional a cargo de ********************, de tal suerte que al no haber elemento convictivo alguno que apoye la legitimación activa de la empresa actora, declare la falta de ésta y absuelva a ********************, ******************** de las prestaciones reclamadas." En mérito de lo anterior, mediante el oficio 3415/2022, este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería en términos del precepto citado en último término. Luego, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 242/2022, por medio del cual, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la sentencia reclamada. Finalmente, mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 331/2022, a través del cual la autoridad responsable, remitió copia certificada de la sentencia dictada el diecisiete de mayo del año en cita, la cual es materia de análisis en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, de las constancias que obran en autos y de la sentencia que remitió la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que dicha autoridad: A. Dejó insubsistente la sentencia reclamada mediante auto dictado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, foja 203 de autos. (Cumplimiento del lineamiento "1."). B. Dictó otra sentencia en la que reiteró: < Lo relativo a la apelación preventiva respecto del proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, fojas 17-27 y 52-53 de la sentencia que se revisa: "A. Se reitera el estudio correspondiente a la apelación preventiva respecto del proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve. Los motivos de disenso expresados por la parte apelante -demandada- son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido. En el proveído de referencia, el entonces Juez de Distrito admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora en escrito presentado el diez de abril de dos mil diecinueve. En dicho libelo la actora ratificó las pruebas ofrecidas en su escrito inicial de demanda y ofreció nuevas pruebas. Precisamente, la parte del acuerdo que se controvierte es lo relativo a la admisión de nuevas pruebas. El proveído, en la porción que interesa, es del tenor siguiente: (transcribe) En sus agravios, la demandada aduce que fue incorrecto que el juez admitiera las pruebas documentales identificadas con los números 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, ofrecidas por la parte actora en escrito de fecha diez de abril de dos mil veinte. A decir de la recurrente, esas documentales fueron ofrecidas sin considerar lo dispuesto en el artículo 1061, fracción III, del Código de Comercio, pues el momento procesal oportuno para ofrecer esas pruebas fue en el escrito inicial de demanda. En específico, alega que, según los hechos expuestos en demanda, la documental privada identificada con el numeral 57, era fundamental para el ejercicio de la acción y, por tanto, se trataba de un documento que obligatoriamente debió haberse presentado con la demanda inicial, además, lo tenía en su poder y no tenía impedimento alguno para exhibirlo con su demanda. Tales motivos de disenso son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido, en la parte apelada. Lo anterior, en cumplimiento de la (primera) ejecutoria de amparo y siguiendo las consideraciones ahí plasmadas, las cuales se trascriben a continuación. (transcribe) Así pues, resultan fundados los agravios hechos valer por la demandada y, por tanto, en la parte recurrida se REVOCA el acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve. De modo que el acuerdo queda en los siguientes términos: a) Subsiste la parte del proveído en que se tiene a la parte actora ratificando las pruebas ofrecidas en su escrito inicial de demanda, esto es, las identificadas con los números 1 a 52, del escrito inicial de demanda, las cuales se admiten por haber sido oportunas. b) En cambio, se desechan por extemporáneas las pruebas que como "novedosas" fueron ofrecidas en el escrito presentado el diez de abril de dos mil quince, identificadas con los números 2, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de dicho escrito. Las pruebas desechadas son las transcritas en las fojas 15 a 17 de esta sentencia, con excepción de la prueba cincuenta (50), consistente en el Registro Federal de Contribuyentes de ********************, porque sí fue anexado al escrito inicial de demanda. También se exceptúa la prueba cincuenta y ocho (58), que se trata de toda la documentación contractual y técnica de la póliza ********************, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues esta fue solicitada por la actora en ocurso de doce de octubre de dos mil dieciocho, sin que haya recibido respuesta, y la demanda mercantil fue presentada el cinco de noviembre de ese mismo año, es decir, con posterioridad a la solicitud de esos documentos. Con lo que se actualiza el supuesto de excepción del artículo 1061, fracción III del Código de Comercio. Lo anterior, tiene por efecto que el estudio que hace este tribunal de alzada en los considerandos siguientes, se realice con exclusión de las pruebas de la parte actora aquí desechadas. Esto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1344 del Código de Comercio, pues resulta innecesario que el juez de origen repare la violación procesal y este tribunal está en aptitud de estudiar y resolver la procedencia, o no, de los agravios expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de jurisdicción. (.) TERCERO. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo se DECLARA FUNDADA la apelación preventiva interpuesta contra el acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve. Los efectos de tal declaración quedaron precisados en la parte final del considerando octavo de esta sentencia, en concreto: a) subsiste la parte del acuerdo en que se tiene a la parte actora ratificando las pruebas ofrecidas en su escrito inicial de demanda, esto es, las identificadas con los números 1 a 52 del escrito inicial de demanda; b), se desechan por extemporáneas las pruebas novedosas ofrecidas en el escrito presentado el diez de abril de dos mil quince, las cuales se identifican con los números 2, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del proveído apelado." < Lo atinente a la apelación preventiva respecto de la calificación de posiciones en el desahogo de la confesional a cargo de la actora, fojas 27-32 y 53 de la sentencia estudiada: "B. Se reitera el estudio correspondiente a la apelación preventiva respecto de la calificación de posiciones en el desahogo de la confesional a cargo de la actora. Los motivos de disenso hechos valer por la parte demandada, son en parte inatendibles y en parte inoperantes. El juez de conocimiento, al calificar las posiciones, determinó lo siguiente: (transcribe) El apoderado de la aseguradora demandada desde la propia diligencia manifestó verbalmente que interponía recurso de apelación "en relación con las posiciones catorce y quince mismas que no fueron calificadas de legales para ser formuladas al absolvente". Posteriormente, en cumplimiento a la resolución dictada por este tribunal de alzada en el toca civil ********************, mediante acuerdo de veintiuno de agosto de esta anualidad, la juzgadora admitió la apelación preventiva de que se trata y, conforme las manifestaciones verbales del apoderado de la compañía aseguradora, precisó que era "contra la calificación de las posiciones catorce y quince (en que no se calificaron de legales para ser formuladas a la actora absolvente de la prueba)". De esa manera se llevó a cabo el trámite correspondiente a la apelación preventiva que ahora se resuelve, de modo que la apelante presentó su escrito de agravios y se dio oportunidad a la contraparte de contestarlos. En el escrito de agravios, la parte demandada recurrente esgrime diversos motivos de inconformidad respecto de la negativa a calificar de legales cuatro posiciones, a saber, la séptima, la octava, la décima cuarta y la décimo quinta, formuladas en el desahogo de la prueba confesional a cargo de la actora. Así pues, la relatoría que se realizó respecto del trámite de la apelación preventiva de que se trata, permite afirmar que no forma parte de la litis lo relativo a la legalidad de la calificación realizada por el juez de Distrito, en la posiciones séptima y octava; puesto que, sobre ellas la parte a quien le afectaba no hizo manifestación alguna. Por el contrario, expresamente interpuso el recurso de apelación únicamente respecto de las otras dos posiciones. En ese sentido, resultan inatendibles los argumentos recursivos tendentes a que este tribunal revise si las posiciones séptima y octava cumplen con los requisitos legales para ser formuladas, ni si existía o no razón suficiente para no formularlas. Por otra parte, son inoperantes los agravios en que se aduce incongruencia al calificar las posiciones décimo cuarta y décimo quinta, pues aunque del acta de audiencia de desahogo de la confesional de que se trata, se aprecia que en ambos casos, textualmente se plasmó una incongruencia: (transcribe) Esa inconsistencia respecto de lo acontecido en la diligencia, se estima un error intrascendente que no vulnera la garantía de certeza de las partes; habida cuenta que la lectura completa de la audiencia permite evidenciar que en realidad la determinación clara fue no calificar de legal las posiciones. Tan es así que también se asentó (en la posición décimo quinta) que no se realizaba la pregunta y, en congruencia con ello, la absolvente no contestó los cuestionamientos. La indicada irregularidad formal de la constancia de la diligencia no causa perjuicio a las partes, pues no es verdad que se haya dejado a la absolvente la calificación de la posición y la decisión de si la contesta o no. Por el contrario, la lectura integral de la audiencia permite advertir que nunca existió incertidumbre en la decisión judicial sobre la no calificación de las posiciones de que trata, lo cual se corrobora con el hecho de que fue en la propia audiencia donde el apoderado de la compañía de seguros demandada que interpuso verbalmente el recurso de apelación y lo hizo, precisamente, por la no calificación de legal de las indicadas preguntas. En ese sentido, también resultan inoperantes los argumentos en que se aduce que lo acontecido en la audiencia vulnera lo dispuesto en los artículos 1216 y 1225 del Código de Comercio, y se alega que la absolvente con la respuesta pronunciada a la décimo quinta posición evadió la pregunta y el omitió apercibirla y, por ello, se debió declarar confesa conforme lo establecido en el diverso 1229 del mismo ordenamiento legal. Y es que, esos argumentos se basan en la premisa ya desvirtuada, consistente en que se dejó la facultad a la absolvente de decidir si eran legales las posiciones y por ello evadió la respuesta al no contestar. Más bien, como ya se dijo, la lectura de lo plasmado en el acta de la diligencia transcrita, se observa que no se aprobó por el juzgador la formulación del cuestionamiento, no se realizó la pregunta y, entonces, no puede alegarse que exista evasión por parte de la absolvente. Por las razones expuestas en el presente considerando, en la apelación preventiva antes analizada, se confirma la decisión del entonces juzgador de no calificar de legales la posiciones décimo cuarta y décimo quinta del desahogo de la confesional a cargo de la parte actora, llevada a cabo en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. (.) CUARTO. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo se DECLARA INFUNDADA la apelación preventiva interpuesta contra el desahogo de una confesional en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dentro del indicado juicio ordinario mercantil." < Lo relativo a la falta de legitimación del agente de seguros -lo que estableció en el mismo apartado que el análisis de la legitimación activa- fojas 40-43 de la sentencia que se revisa: "(.) Igualmente, conforme lo ordenó el Tribunal Colegiado de Circuito, por cuestión de técnica, en este apartado se procede a reiterar lo relativo a la falta de legitimación activa del agente de seguros. - Falta de legitimación pasiva del agente de seguros. La falta de legitimación de alguna de las partes contendientes constituye un elemento o condición de la acción que, como tal, debe ser examinada aun de oficio por el juzgador. Ilustra lo anterior, la tesis aislada I.3o.C.101 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: (transcribe) La legitimación pasiva en la causa o relación jurídica sustancial, se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada contra la persona obligada por la ley para satisfacer el derecho cuya titularidad aduce el enjuiciante. Ahora bien, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en lo que interesa, establece: (transcribe) De los preceptos transcritos se desprende que la calidad de agentes de seguro puede recaer tanto en un persona física como en una persona moral; y que éstos tendrán la función de intermediarios en la contratación de seguros mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones y en el asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los contratantes. Así, un agente de seguros, vinculado a una institución de seguros por una relación laboral, puede celebrar contratos a nombre y por cuenta de esa institución. Por lo que, si hacen entrega de recibos o documentos oficiales para la solicitud o contratación de seguros, obligará a la institución en los términos que se hayan establecido en dichos documentos. Entonces, cuando la acción intentada en un juicio, tenga como sustento factico la actividad realizada por un agente de seguros vinculado a una institución de seguros y la pretensión sea expresamente el cumplimiento del contrato de seguro, la legitimación pasiva en la causa recaerá en la Institución de seguros y no en el agente de seguros, pues este sólo actuó en representación de la institución a la que se encuentra vinculada y no a título personal. Luego, si de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, en las conversiones mercantiles las partes se obligan en los términos que aparezca quisieron hacerlo; por tanto, si en el caso la póliza se contrató por conducto de un agente asegurador y la empresa aceptó las estipulaciones contenidas en la póliza, entonces se encuentra obligada al cumplimiento del contrato. Estimar lo contrario implicaría dejar la observancia de los contratos al arbitrio de una de las partes, lo que transgrede el principio de seguridad jurídica de las operaciones comerciales. Apoya lo anterior la tesis I.4o.C.88 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de título y texto siguientes: (transcribe) En las relatadas circunstancias, el demandado ********************, en su carácter de agente de seguros de ****************************************, carece de legitimación pasiva." Con lo anterior, la autoridad responsable dio cabal cumplimiento al lineamiento estipulado en el inciso "2.", de la ejecutoria del caso que nos ocupa. C. Finalmente, atento a lo expuesto en la ejecutoria de amparo, indicó que no existía prueba válida que demostrara la legitimación activa de la actora, pues con base en lo dispuesto en la ejecutoria de amparo, excluyó de la valoración probatoria la documental relativa al Registro Federal de Contribuyentes y la confesional a cargo de ********************, para lo cual transcribió e hizo suyas las consideraciones de la ejecutoria que cumplimentaba. Así, concluyó que al no haber elemento convictivo alguno que apoyara la legitimación activa de la empresa actora, confirmó la resolución primaria apelada, en la que se declaró la falta de ésta y absolvió a ********************, ********************, de las prestaciones reclamadas, páginas 43-50 y 53 del fallo en examen (cumplimiento del lineamiento "3."). Para hacer patente lo anterior, se reproduce la parte conducente: "Lo anterior es así, pues contrario a lo alegado por la actora recurrente no existe prueba válida que demuestre su legitimación activa, pues -con base en lo determinado en la ejecutoria de amparo- deben excluirse de la valoración el Registro Federal de Contribuyentes de la actora y la confesional del agente de seguros ********************. De modo que, como lo ordenó el Tribunal de Amparo, al no haber elemento convictivo alguno que apoye la legitimación activa de la empresa actora, lo procedente es confirmar la resolución recurrida en la que se declaró la falta de legitimación activa y se absolvió a la demandada. A fin de sustentar tales conclusiones, se traen a cuenta los razonamientos de la ejecutoria, que este Tribunal Unitario hace suyos y se transcriben a la literalidad. (transcribe) En esas condiciones, se declaran ineficaces todos los agravios planteados; pues, a diferencia de lo alegado por el recurrente principal, la actora ********************, no demostró ser la titular de los derechos consignados en la póliza ********************, es decir, no acreditó su legitimación activa en la causa, por lo que procede confirmar la sentencia de primera instancia en que se absolvió a la parte demandada. Lo anterior, en estricto cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo 816/2021 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. (.) QUINTO. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo se CONFIRMA la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, pronunciada por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de la referida controversia mercantil y se absuelve a la demandada de las prestaciones reclamadas." Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió cabalmente los lineamientos establecidos en el fallo protector del presente juicio constitucional, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada de la sentencia de diecisiete del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Como lo solicita la autoridad remitente, acúsese recibo, por vía electrónica. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y electrónicamente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes
- Manuel Zahuantitla Estrada301/2014
- Manuel Zainos Hernández167/2022
- Manuela García Jiménez1402/2016
- Manuela Mondragon Martínez485/2022
- Manuela Salamanca Reyes590/2014
- Mao Rivera Sánchez Armas572/2014
- Marcela Flores Rodríguez1573/2016
- Marcela Flores Y Flores20/2012
- Marcela Flores Y Flores84/2012
- Marcela Juarez Sanchez582/2014
- Marcela Matamoros Robles1647/2016
- Marcela Valencia Cervantes541/2019