Manuela Rivera Márquez
Expediente 2322/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2322/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2022
Partes del expediente
- Manuela Rivera Márquez
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad informa. Téngase por recibida la promoción de cuenta que remite la Juez Tercero de lo Civil de Trigésimo Primer Partido Judicial con residencia en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, informa la pretendida imposibilidad que refiere tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, al respecto, acorde a lo que manifiesta la autoridad en comento, a efecto de facilitar el cumplimiento del fallo protector, remítansele copias autorizadas de la sentencia de amparo, así como de diversas constancias relacionadas al cumplimiento de la sentencia protectora. En tanto, se requiere a la autoridad en mención, para que en el término de tres días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, se pronuncie en torno al fallo protector. Apercibimiento Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, al omiso, multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Se requiere a diversa autoridad. Requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito de Culiacán, Sinaloa, para que en el término de tres días legalmente computados a partir de que se les comunique el presente proveído, informe las gestiones realizadas hasta la fecha en que se actúa, a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, al omiso, multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al cual anexa copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veintitrés de noviembre dos mil veintiuno, dictada en la queja 287/2021. De dicho testimonio se tiene que los puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundado el recurso de queja a que este toca se contrae. SEGUNDO.- Para los efectos aquí precisados se revoca la interlocutoria recurrida". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la ejecutoria aludida, se advierte que el tribunal revisor consideró lo siguiente: "Por consiguiente, se considera que existió una variación en las cantidades declaradas por las autoridades responsables y, para el efecto de cumplir cabalmente con lo ordenado en la sentencia de amparo, se deberá requerir nuevamente a las responsables para que remitan constancia donde se precise claramente la cantidad que el quejoso percibió antes del cese decretado, lo anterior, en la inteligencia de que no se prejuzga sobre los conceptos que efectivamente se hubiesen percibido por parte del quejoso, ya que ello, en todo caso, se debe analizar a la luz de los documentos que para tal efecto se exhiban tanto por el promovente como por las autoridades responsables. En esa medida, el juez de Distrito, previo a resolver sobre el particular, debe recabar de la autoridad correspondiente datos fidedignos sobre a cuánto ascendió la prestación de bono del día del policía para los años de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. De lo hasta aquí expuesto, es claro que procede: 1.- Revocar la interlocutoria recurrida. 2.- Ordenar al juez federal investigue a cuánto ascendió la prestación de bono del día del policía para los años de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. 3.- Hecho lo anterior dicte una nueva determinación en la que: a) considere el aumento que sufrió la prestación determinada "ayuda de transporte" o "transporte" o "pasaje", es decir, que para el dos mil veinte y dos mil veintiuno, el monto es de $... (... 00/100 Moneda Nacional); b) resuelva sobre la prestación de bono del día del policía, y; c) realice el cálculo de los conceptos denominados salario diario integrado, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y remuneración diaria ordinaria, tomando en cuenta lo determinado en los párrafos que anteceden, precisando que el importe de cada una de las prestaciones procedentes debe ser debidamente actualizada a la fecha de la emisión de la interlocutoria y hasta el momento en el que se efectúe materialmente el pago de las mismas, pues de otra forma no se colmarían los efectos de la concesión del amparo, en el entendido que esa actualización resulta procedente únicamente por una sola ocasión, que abarcará desde la emisión de la Interlocutoria que fije los montos a pagar hasta que se realice el pago de las prestaciones liquidadas. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), con registro 2001770, que menciona: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.". 4.- Las autoridades responsables deberán realizar la retención de cuotas de aportaciones de seguridad social del monto que resulte deba pagarse al quejoso, y junto con las patronales, enterarlas al instituto de pensiones, y entregar al quejoso la constancia de entero de cuotas obrero-patronales, lo que además deberán justificar ante el Juzgado de Distrito [.]". Se requiere. En atención a lo resuelto por el Ad Quem, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 75, párrafo tercero, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo; y, 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables competentes para que, dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita fotocopia certificada legible (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de las constancias que acrediten a cuánto ascendió la prestación de bono del día del policía para los años de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización, medida de apremio que equivale a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese.
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