Manuela Pérez Torres

Expediente 154/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
154/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2016

Partes del expediente

  • Yuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.
  • Manuela Pérez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del once al veintidós de abril del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de abril de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra de la sentencia de seis de abril del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 154/2016, estando en audiencia pública la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada MARÍA SOLEDAD TORRES MUGUIRO, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, y se da cuenta con las documentales que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, así como con las que remitió junto con su oficio número 393/2016 registrado con el folio 4292. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que ofreció la autoridad responsable, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, y se tomarán en consideración al momento de dictarse sentencia. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se hace constar que el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción los formuló mediante pedimento número 209/2016, registrado con el folio 4691; por lo que se tienen por hechas sus alegaciones, al no existir más alegatos, se cierra esta etapa. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 154/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el tres de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, MANUELA PÉREZ TORRES, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 670/2013. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como derechos humanos violados, los contemplados en el artículo 17 Constitucional. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó su admisión y registro con el número 154/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 670/2013. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir el laudo dentro del expediente laboral 670/2013 promovido por la quejosa Manuela Pérez Torres; sin embargo, mediante oficio 393/2016 registrado con el folio 4292, adjuntó copia del laudo emitido el veinticuatro de febrero del presente año. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado, el oficio de referencia y anexos, mediante proveídos de veintitrés de febrero y uno de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa MANUELA PÉREZ TORRES reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 670/2013. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad junto con su oficio 393/2016 registrado con el folio 4292, se desprende que el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se emitió el laudo dentro del juicio laboral 670/2013 promovido por la quejosa. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el veinticuatro de febrero del presente año, emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 670/2013 promovido por la quejosa MANUELA PÉREZ TORRES; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el Tribunal responsable no haya remitido junto con su oficio 393/2016 la constancia de notificación de la quejosa del laudo de veinticuatro de febrero del presente año, en razón a que este Juzgado le dio vista con su contenido en auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por MANUELA PÉREZ TORRES. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido MANUELA PÉREZ TORRES, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, secretaria que autoriza. DOY FE. mtm

  3. Principal

    En siete de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un pedimento registrado con el folio 4691. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; luego, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita el fiscal federal de la adscripción, una vez que se emita la resolución en el sumario en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABALES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Rosy

  4. Principal

    CERTIFICACIÓN: LA SUSCRITA LICENCIADA MARÍA SOLEDAD TORRES MUGUIRO, SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE LA COMISIÓN DE ADSCRIPCIÓN EN SESIÓN CELEBRADA EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. LA SECRETARIA. LIC. MARÍA SOLEDAD TORRES MUGUIRO 459 doce de enero de dos mil dieciséis En uno de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con un oficio registrado con el número 4292; con anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada ISAURA ROMERO MENA, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 670/2013; en consecuencia, con fundamento en el artículo 64, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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