Manuela Luna Mendoza
Expediente 600/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2017
Partes del expediente
- Manuela Luna Mendoza
- Junta Federal Número 49 de Conciliación y Arbitraje del Estado, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta, signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número 49 de la Federación de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se da por enterada del contenido del oficio 2621/2017, remite copias certificadas de la diligencia levantada a las trece horas treinta minutos del dos de agosto del presente año y acuerdo de cuatro de agosto del dos mil diecisiete. Al efecto se acuerda: Agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de siete de agosto del presente año causo ejecutoria y se ordenó el archivo del presente expediente.
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de catorce de julio de dos mil diecisiete. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...SEGUNDO..LA PRESENTE RESOLUCION SERA PUBLICABLE EN TERMINOS DEL CONSIDERANDO ULTIMO DE ESTE FALLO.
- Principal
Visto: El estado de autos de los que se advierte que la Junta Especial número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado no adjuntó la constancia de emplazamiento a la parte demandada por lo que para poder resolver el fondo del presente asunto es necesario remita copia certificada de la misma. Al efecto se acuerda: Requiérase a la misma, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la constancia que se le solicita, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda, de conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no es un hecho que impida la facultad del Juzgador Constitucional de recabar las pruebas que estime pertinentes, apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación a lo acordado la siguiente tesis, cuyo rubro y contenido es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 75 fracción III, de la Ley de amparo, el Juez de distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio a todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto.. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconocer en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas que se haya fundado el propio acto.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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