Manuela Guzmán Mares
Expediente 1506/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1506/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Manuela Guzmán Mares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número PG-261/2022 suscrito de manera conjunta por el Presidente y Secretario de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en el que dan cumplimiento al requerimiento de fecha uno de marzo del año en curso, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento realizado en dicho proveído. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del anexo certificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que ***, reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del actuario adscrito a la misma, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje el no dar cumplimiento la parte demandada al laudo e fecha 19 de Diciembre de 2016 y muy en especial se requiera a los demandados del pago de la cantidad líquida que se condenó y en caso de incumplimiento se embarguen bienes suficientes a garantizar el adeudo y en su oportunidad se rematen bienes suficientes para que de su producto se pague a la suscrita, dentro del Expediente ***, no obstante lo establecido en el artículo 878 Fracción VII, y 883 de la Ley Federal del Trabajo, al excederse en el término señalado para la continuación de la audiencia correspondiente" En su demanda de amparo señala que en el juicio de origen, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el que se condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones; que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, presentó escrito solicitando se despachara ejecución por la cantidad condenada, sin que haya habido respuesta sobre tal ejecución. Por otro lado, con el oficio de cuenta, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo que dictó en el expediente **el uno de este mes y año, en el que agregó el escrito de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, del licenciado ***, apoderado legal de la actora, en el que solicitó se ejecutara el laudo; en dicho auto, se comisionó al actuario adscrito a la junta para que en compañía de la parte que obtuvo, se constituyera en el domicilio del demandado y cerciorado de que es el domicilio correcto, requiriera el pago del monto de la condena, más diversas cantidades con motivo de salarios caídos; que en caso de que no hiciera el pago, se procediera a trabar formal embargo en bienes suficientes de su propiedad a fin de garantizar el monto de la condena, levantando acta circunstanciada de la diligencia; que en caso de que no fueran suficientes, se acordaría lo conducente. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a las responsables, en virtud de que fue subsanado con el dictado del auto donde se ordena se proceda a ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral de origen. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. AVISO: PARTES TERCERO INTERESADAS. AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número PG-261/2022 suscrito de manera conjunta por el Presidente y Secretario de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en el que dan cumplimiento al requerimiento de fecha uno de marzo del año en curso, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento realizado en dicho proveído. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del anexo certificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, deriva que ***, reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del actuario adscrito a la misma, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje el no dar cumplimiento la parte demandada al laudo e fecha 19 de Diciembre de 2016 y muy en especial se requiera a los demandados del pago de la cantidad líquida que se condenó y en caso de incumplimiento se embarguen bienes suficientes a garantizar el adeudo y en su oportunidad se rematen bienes suficientes para que de su producto se pague a la suscrita, dentro del Expediente ***, no obstante lo establecido en el artículo 878 Fracción VII, y 883 de la Ley Federal del Trabajo, al excederse en el término señalado para la continuación de la audiencia correspondiente" En su demanda de amparo señala que en el juicio de origen, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el que se condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones; que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, presentó escrito solicitando se despachara ejecución por la cantidad condenada, sin que haya habido respuesta sobre tal ejecución. Por otro lado, con el oficio de cuenta, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo que dictó en el expediente **el uno de este mes y año, en el que agregó el escrito de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, del licenciado ***, apoderado legal de la actora, en el que solicitó se ejecutara el laudo; en dicho auto, se comisionó al actuario adscrito a la junta para que en compañía de la parte que obtuvo, se constituyera en el domicilio del demandado y cerciorado de que es el domicilio correcto, requiriera el pago del monto de la condena, más diversas cantidades con motivo de salarios caídos; que en caso de que no hiciera el pago, se procediera a trabar formal embargo en bienes suficientes de su propiedad a fin de garantizar el monto de la condena, levantando acta circunstanciada de la diligencia; que en caso de que no fueran suficientes, se acordaría lo conducente. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de lo atribuido a las responsables, en virtud de que fue subsanado con el dictado del auto donde se ordena se proceda a ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral de origen. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que del escrito inicial de demanda el quejoso en su capítulo antecedentes específicamente en su punto diecinueve menciona que mediante escrito de fecha de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, presento ante la autoridad responsable escrito solicitando se despachara la ejecución por la cantidad condenada en el laudo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis; que asimismo, se autorizara al actuario ejecutor para que se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera del pago de la cantidad condenada, sin que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierta el escrito de referencia. En tales condiciones, requiérase a la autoridad responsable a efecto de que dentro del término de tres días computado de manera legal, remita copia certificada del escrito de referencia y, en su caso, de acuerdo que recayó al mismo; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la ciudad de México, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- Manuela Garcia Sandoval423/2017
- Manuela García Simental y Otros.1082/2021
- Manuela García Simental y Otros.618/2022
- Manuela Garcia Simental y Otros.1445/2019
- Manuela Gonzalez Díaz1512/2017
- Manuela Guillermina Ruiz Ezqueda381/2021
- Manuela Lizeth Valdivia Arrieta1187/2018
- Manuela Meraz Pérez1171/2018
- Manuela Parra Soto610/2018
- Manuela Pérez Murillo664/2021
- Manuela Ramírez García672/2022
- Manuela Soto Aguirre239/2019