Manuela Gomes Ríos o Manuela Gomez Ríos
Expediente 439/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuela Gomes Ríos o Manuela Gomez Ríos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído en el que se desechó su demanda de amparo.-Por tanto, se declara que dicho proveído ha causado estado para los efectos legales correspondientes.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido.-Con fundamento en el artículo que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-Por otro lado, en autos obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dichos documentos, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, serán destruidos.-En la inteligencia de que, deberá generar el código QR correspondiente, a fin de comparecer debidamente identificado a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Manuela Gomes Ríos, en contra de actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Pénjamo, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 439/2021-VI. En principio, es preciso establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo citado impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Principio que reproduce el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En el análisis íntegro de su escrito se aprecia que no obra la firma autógrafa del promovente pues la plasmada en la demanda es una copia fotostática, de las copias exhibidas no se aprecia que en alguna obre firma autógrafa; por tanto, dicha demanda es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad del quejoso. En efecto, la firma para que tenga validez en cualquier escrito, debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. En el caso, la demanda fue recibida sin la firma autógrafa, pues esta es una copia tal como se aprecia en la boleta de turno, asimismo, se advierte que la firma que obra en el resto de las copias de traslado está en copia. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Además, no se pone de manifiesto el inconveniente que tenga Manuela Gomes Ríos, para estampar su firma, ni se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, no se encuentra imposibilitado para firmar la demanda de amparo que se provee. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, ante tal motivo notorio e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el volumen 175-180 Sexta Parte, página 96, Séptima época del Semanario Judicial de la Federación de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Asimismo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 71, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, en materia Común, cuyo rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Sin que haya lugar a requerir al citado promovente para que comparezca a este órgano jurisdiccional para subsanar tal omisión, ya que el artículo 114 de la Ley de Amparo sólo faculta a este juzgado, a prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, mas no para tal prevención. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 213, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, VII, Enero de 1991, en materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Dado que la quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado y en atención a que ningún precepto de la Ley de Amparo ni de la que es supletoria contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, las subsecuentes notificaciones hágansele por lista de acuerdos. Téngase como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Angélica Rosales Cruz y Juan Francisco Ramírez Morales, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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