Manuela Elsa Martínez Villalobos

Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
951/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Manuela Elsa Martínez Villalobos y Otros.
  • Manuela Elsa Martínez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Manuela Elsa, Susana Antonia y Graciela Guadalupe, todas de apellidos Martínez Villalobos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 951/2022. Análisis de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" De los artículos transcritos se advierte que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no lesionan intereses jurídicos de la parte quejosa; por tanto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. El perjuicio para efectos del amparo, radica en el daño o lesión ocasionado a los gobernados por un acto de autoridad que inciden en sus derechos o intereses; por ello, para que sea procedente el juicio de amparo, se necesita acreditar la afectación que causa el acto reclamado sobre los derechos legalmente tutelados que se invocan. De esta forma, un acto de autoridad causa perjuicio cuando lesiona directamente los intereses jurídicos de los gobernados, sea en su patrimonio en su persona. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 55, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, Séptima Época, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Por tanto, el interés jurídico, supone la existencia de un derecho público subjetivo legítimamente tutelado, que al ser transgredido por la autoridad faculta a su titular para instar la acción constitucional, a fin de anular la violación reclamada. En el caso, las promoventes señalan como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamamos de la autoridad responsable ordenadora, la orden de exequendum dictada en nuestra contra para el efecto de embargar bienes de nuestra propiedad y de las Autoridades Responsables Ejecutoras la ejecución material de dicha orden así como todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de las misma y que se traduce en actos de molestia sobre bienes de mi propiedad y posesión." Esto es, reclaman la orden de embargo de bienes, así como su ejecución; y señalan como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y como ejecutoras a los Actuarios de la Primera y Segunda Secretaría adscritos a cada uno de dichos juzgados. No obstante, del contenido de capítulo de antecedentes del acto reclamado, se observa que a la fecha de la presentación de la demanda no existe orden judicial contra bienes de las promoventes del amparo, pues así se advierte de lo manifestado, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, en donde narran lo siguiente: "...PRIMERO.- El día de hoy se presentaron en nuestro domicilio unas personas quienes dijeron que traían consigo una orden judicial para llevar a cabo una diligencia de embargo sobre bienes de nuestra propiedad, pero resulta ser que los suscritos no nos encontrábamos en esos momentos, por lo que trataron de llevar a cabo la diligencia con el vecino cercano manifestándole que venían de un Juzgado Civil porque una de las personas que los venía acompañando se identificó como Ejecutor, el cual se negó rotundamente a la práctica de dicha diligencia, y que regresarían más tarde para llevar a cabo la enmienda que se les había ordenado..." De lo transcribo se aprecia que, si bien las promoventes refieren que hasta su domicilio se presentaron unas personas quienes dijeron que se había ordenado un embargo en bienes de su propiedad, lo cierto es que no existe un acto del cual se advierta la existencia de una orden judicial emanada de un órgano judicial competente, ni que ésta se haya ejecutado o materializado en sus bienes. Luego, es evidente que la reclamación de las impetrantes de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; no obstante, dicha reclamación es insuficiente pues no existe, aunque sea de manera indiciara, razón o prueba para demostrar que afecta su esfera jurídica de derechos; ya que el simple temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera implica la afectación a sus derechos tutelados por la Constitución Federal, ni le otorga facultad para promover el juicio de amparo. En ese sentido, no se aprecia que el acto reclamado por las quejosas, sea un acto de autoridad que pueda irrogarles algún perjuicio personal y directo, al ser evidente en el caso concreto, que lo que pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, pues como se dijo, no se ha materializado embargo alguno relacionado con los bienes de las promoventes, y por tanto, no se ha afectado de manera directa su esfera jurídica de derechos. A mayor abundamiento, cabe precisar que ha nada práctico conduciría iniciar y tramitar el presente juicio, porque no sería posible desvirtuar la improcedencia del juicio de amparo, relativa a que la orden de embargo que reclaman, al momento de la presentación de la demanda, no había sido ejecutada como quedó evidenciado. Sin que baste la sola afirmación de las promoventes en el sentido que los actos reclamados afectan su esfera jurídica, pues es evidente que no existe lesión alguna a sus intereses, al no haberse ejecutado el embargo controvertido, y en el juicio de garantías debe analizarse la existencia del acto reclamado de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo y no con posterioridad, toda vez que la acción constitucional únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Sirve de apoyo a lo expuesto, por su información, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, de epígrafe y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Huerto Los Olivos número doscientos cuatro (204), interior cinco (5), Fraccionamiento Trinidad de Las Huertas en la Ciudad de Oaxaca, y por autorizado en términos del artículo 12, primero párrafo, de la Ley de Amparo, a Carlos de Jesús Rodríguez Nicolás; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que señala en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se le tiene proporcionando el número telefónico, así como el correo electrónico que indica, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las demás partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Manuela Elsa Martínez Villalobos, sin perjuicio de que sea sustituida por alguna otra, a petición de parte. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en los artículos 21 a 25 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a quince horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Manuela Elsa, Susana Antonia y Graciela Guadalupe, todas de apellidos Martínez Villalobos, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 951/2022. Análisis de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" De los artículos transcritos se advierte que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no lesionan intereses jurídicos de la parte quejosa; por tanto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. El perjuicio para efectos del amparo, radica en el daño o lesión ocasionado a los gobernados por un acto de autoridad que inciden en sus derechos o intereses; por ello, para que sea procedente el juicio de amparo, se necesita acreditar la afectación que causa el acto reclamado sobre los derechos legalmente tutelados que se invocan. De esta forma, un acto de autoridad causa perjuicio cuando lesiona directamente los intereses jurídicos de los gobernados, sea en su patrimonio en su persona. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 55, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, Séptima Época, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Por tanto, el interés jurídico, supone la existencia de un derecho público subjetivo legítimamente tutelado, que al ser transgredido por la autoridad faculta a su titular para instar la acción constitucional, a fin de anular la violación reclamada. En el caso, las promoventes señalan como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamamos de la autoridad responsable ordenadora, la orden de exequendum dictada en nuestra contra para el efecto de embargar bienes de nuestra propiedad y de las Autoridades Responsables Ejecutoras la ejecución material de dicha orden así como todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de las misma y que se traduce en actos de molestia sobre bienes de mi propiedad y posesión." Esto es, reclaman la orden de embargo de bienes, así como su ejecución; y señalan como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y como ejecutoras a los Actuarios de la Primera y Segunda Secretaría adscritos a cada uno de dichos juzgados. No obstante, del contenido de capítulo de antecedentes del acto reclamado, se observa que a la fecha de la presentación de la demanda no existe orden judicial contra bienes de las promoventes del amparo, pues así se advierte de lo manifestado, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, en donde narran lo siguiente: "...PRIMERO.- El día de hoy se presentaron en nuestro domicilio unas personas quienes dijeron que traían consigo una orden judicial para llevar a cabo una diligencia de embargo sobre bienes de nuestra propiedad, pero resulta ser que los suscritos no nos encontrábamos en esos momentos, por lo que trataron de llevar a cabo la diligencia con el vecino cercano manifestándole que venían de un Juzgado Civil porque una de las personas que los venía acompañando se identificó como Ejecutor, el cual se negó rotundamente a la práctica de dicha diligencia, y que regresarían más tarde para llevar a cabo la enmienda que se les había ordenado..." De lo transcribo se aprecia que, si bien las promoventes refieren que hasta su domicilio se presentaron unas personas quienes dijeron que se había ordenado un embargo en bienes de su propiedad, lo cierto es que no existe un acto del cual se advierta la existencia de una orden judicial emanada de un órgano judicial competente, ni que ésta se haya ejecutado o materializado en sus bienes. Luego, es evidente que la reclamación de las impetrantes de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; no obstante, dicha reclamación es insuficiente pues no existe, aunque sea de manera indiciara, razón o prueba para demostrar que afecta su esfera jurídica de derechos; ya que el simple temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera implica la afectación a sus derechos tutelados por la Constitución Federal, ni le otorga facultad para promover el juicio de amparo. En ese sentido, no se aprecia que el acto reclamado por las quejosas, sea un acto de autoridad que pueda irrogarles algún perjuicio personal y directo, al ser evidente en el caso concreto, que lo que pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, pues como se dijo, no se ha materializado embargo alguno relacionado con los bienes de las promoventes, y por tanto, no se ha afectado de manera directa su esfera jurídica de derechos. A mayor abundamiento, cabe precisar que ha nada práctico conduciría iniciar y tramitar el presente juicio, porque no sería posible desvirtuar la improcedencia del juicio de amparo, relativa a que la orden de embargo que reclaman, al momento de la presentación de la demanda, no había sido ejecutada como quedó evidenciado. Sin que baste la sola afirmación de las promoventes en el sentido que los actos reclamados afectan su esfera jurídica, pues es evidente que no existe lesión alguna a sus intereses, al no haberse ejecutado el embargo controvertido, y en el juicio de garantías debe analizarse la existencia del acto reclamado de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo y no con posterioridad, toda vez que la acción constitucional únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Sirve de apoyo a lo expuesto, por su información, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, de epígrafe y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Huerto Los Olivos número doscientos cuatro (204), interior cinco (5), Fraccionamiento Trinidad de Las Huertas en la Ciudad de Oaxaca, y por autorizado en términos del artículo 12, primero párrafo, de la Ley de Amparo, a Carlos de Jesús Rodríguez Nicolás; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que señala en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se le tiene proporcionando el número telefónico, así como el correo electrónico que indica, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las demás partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Manuela Elsa Martínez Villalobos, sin perjuicio de que sea sustituida por alguna otra, a petición de parte. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en los artículos 21 a 25 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a quince horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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