Manuela Colunga Galicia

Expediente 1349/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1349/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Manuela Colunga Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.

  2. Principal

    Agréguese escrito del autorizado de la tercera interesada, y en atención a su contenido se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa las copias certificadas que indica en su referido escrito, téngase por autorizado a la persona que señala para recibirlas, previo cotejo, compulsa y copia autorizada que de las mismas se deje y razón de su recibo. Lo anterior, en la inteligencia de que ello se podrá realizar una vez que sea materialmente posible atender dicha petición; en razón de que debido al actual estado de contingencia de salud que prevalece en el país, y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus de COVID-19, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con fecha la especifica de la reapertura de dicho centro de copiado. Comuníquese que debido al actual estado de contingencia de salud que prevalece en el país, y al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus de COVID-19, no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con fecha la especifica de la reapertura de dicho centro de copiado. De esta manera, se le hacen saber las opciones que, al momento, se pueden implementar, a fin de satisfacer su solicitud; esto es, proporcione un correo electrónico que designe para su envío vía electrónica, (autorizadas mediante el uso de la firel de la secretaria de este Órgano Jurisdiccional); o bien, exhiba las copias físicas que obtenga del expediente electrónico del presente asunto, para que sean compulsadas y certificadas por parte de este Juzgado. Siendo que si comparece a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a que se le certifiquen las copias referidas, deberá generar cita en el Portal de Servicios en Línea, en términos del el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a fin de obtener un código QR que le permita el acceso al inmueble y le sean entregadas. Hecho lo anterior, remítase el presente expediente al archivo correspondiente.

  3. Principal

    Como está ordenado en el cuaderno principal con dos copias simples del escrito de ampliación de demanda promovido por Santiago Salas Ferrari, por derecho propio y en su carácter de administrador único de la persona moral Fundación para el Desarrollo y Fomento Educativo, sociedad civil, así como por Rita María Antonia Ferrari Marchioni, por propio derecho y en su carácter de rectora de la Universidad Abierta contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, resuélvase sobre la suspensión provisional. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cinco minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. Solicitud de informe previo. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades su informe previo por duplicado, mediante atento oficio que se les gire, enviándoles al efecto copia simple de la ampliación de demanda; que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se encuentre legalmente notificada, apercibida que de no hacerlo así, en el término indicado, se le aplicará una corrección disciplinaria, consistente en una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, en términos de lo estipulado en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la nueva Ley de Amparo, dígase a las responsables que si se negaren a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se les impondrá una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, en términos del numeral citado en segundo término. En el entendido de que el actuario correspondiente, deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que no obstante se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a las autoridades responsables, que en la medida de lo posible las comunicaciones que le sean requeridas en este asunto, deberán enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 4jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se advierte, que la parte quejosa reclama, la determinación de que la parte quejosa no tiene reconocimientos de validez oficial de estudios, así como invalidar los títulos de los egresados de la Universidad Abierta. Asimismo, dar órdenes para no recibir ningún documento de la parte quejosa. Derivado a la aplicación del acuerdo 17/11/11 donde le da facultades a las autoridades responsables para emitir trámites de una Universidad y paralizar a toda una Universidad, sin ningún fundamento legal. Análisis de la Suspensión. Conviene señalar que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 128 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;" "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En efecto, los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación). c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso se estima acreditado el primer elemento, ya que el acto reclamado consistente en una determinación hecha por las autoridades responsables, por ello esa actuación, de acuerdo a su naturaleza, es susceptible de suspenderse. Asimismo, se actualiza el segundo elemento pues la medida cautelar la solicitó la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda. Finalmente, en atención al tercer requisito, se advierte que con el otorgamiento de la referida medida suspensional no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, tomando en consideración que por interés social, se entiende la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico; asimismo, por orden público el sistema de norma de mayor importancia para conservar y encausar el orden de la sociedad. La suspensión en el juicio de amparo exige ciertos requisitos y un presupuesto, fuera de los casos en que procede de oficio. Los primeros se constriñen a: (i) solicitud de parte agraviada; y, (ii) no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El presupuesto consiste en la apariencia del buen derecho. En esa línea, es pertinente indicar que en la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia examinó la naturaleza de los actos reclamados y su trascendencia al momento de decidir respecto de la medida cautelar en los términos siguientes: - En la suspensión del acto reclamado se privilegia la discrecionalidad de las y los jueces, con la única condición de realizar un análisis ponderado entre el interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho. - Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Sobre este último supuesto, precisó que se trata de un amparo provisorio, identificado por la Segunda Sala como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y, (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. - Existen varios tipos de actos reclamados, lo que origina que éstos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. - La naturaleza omisiva de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego dicha naturaleza omisiva, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. - En efecto, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Esto quiere decir que las consecuencias que caso a caso puedan producir ese tipo de actos serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza -omisiva o no- del acto reclamado. - La naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar si la medida suspensiva debe consistir en el mantenimiento de las cosas en su estado actual o si debe restituirse provisionalmente en el goce de un derecho violado, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que: a) La suspensión no coincida exactamente con la eventual sentencia estimatoria. b) Agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Negativa de suspensión. No obstante que se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de amparo, se niega la medida suspensional solicitada respecto a los actos reclamados consistentes en la determinación de que la parte quejosa no tiene reconocimientos de validez oficial de estudios, así como invalidar los títulos de los egresados de la Universidad Abierta, asimismo, dar órdenes para no recibir ningún documento de la parte quejosa. Derivado a la aplicación del acuerdo 17/11/11 donde le da facultades a las autoridades responsables para emitir trámites de una Universidad y paralizar a toda una Universidad, sin ningún fundamento legal. Toda vez que los mismos son materia del fondo que se dicte en el cuaderno principal de donde deriva este juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Notificación de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficios a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia incidental.

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