Manuela Blancarte Galvan
Expediente 772/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuela Blancarte Galvan
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA *** EL ACUERDO DICTADO EL DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SINTESIS DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. - DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como originales y no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos y 21, párrafo primero, incisos b), y, párrafo segundo, del acuerdo en cita. Por lo que hace al documento catalogado como original, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental, que exhibió como prueba en el presente juicio. Ahora, respecto de los documentos exhibidos en el presente juicio catalogados como no originales, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que de no hacerlo, en ambos casos, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx1, respecto de lo que se les informa que el horario de este juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE).
- Principal
...Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA *** EL ACUERDO DICTADO EL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Ayuntamiento del Municipio de Silao, Guanajuato, y otra autoridad, que consideran violatorios de los derechos y garantías contenidas en los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 772/20201; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 3 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Sentado lo anterior se tiene que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El artículo citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio, por el cual se obtenga la modificación, revocación o nulidad de ese acto. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) Que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y, e) Para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 193142 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 115/99 Página: 448 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Tesis de jurisprudencia 115/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve." En ese orden, se precisa que los artículos 132, 249, 251, 255 y 268, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen lo siguiente: Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato LIBRO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES "Artículo 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protección de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios. "Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. (.) Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. (.) Artículo 255. El actor podrá solicitar: I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. [.] Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción". De la interpretación sistemática de las disposiciones referidas se advierte, en lo que interesa, que en los casos en que los actos y resoluciones administrativas emitidas por las dependencias y entidades de la administración pública, afecten intereses de particulares, podrá solicitarse su nulidad mediante su impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; asimismo, en la respectiva demanda también puede pedirse las suspensión de sus efectos en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Por su parte, los artículos 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: [.] I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; [.] ARTÍCULO 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; (.)" Así, se concluye que el juicio correspondiente tiene por objeto anular cualquier clase de actos emitidos por las autoridades de la administración pública municipal y procede, en el caso concreto, respecto de que aquellos que afecten intereses de particulares. En la especie, los actos en estudio consisten en la privación del uso de la licencia y/o concesión 0080, de la que la quejosa aduce ser titular en el Mercado González Ortega de la Ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato y, en vía de consecuencia, el desalojo del espacio físico relativo a la citada concesión. En ese sentido, dentro del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, en particular en el identificado con el numeral seis, así como de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado se materializó a través de los oficios 240 y 247, suscritos por el Encargado Provisional del Departamento de Mercados, del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. Lo anterior es así, toda vez que del primero de los escritos, dicha autoridad le solicitó dar cumplimiento al reglamento de mercados y retirara la mesa y sillas que tenía instaladas sin permiso. Por otra parte, del oficio 247, se advierte que la citada autoridad, le informó a la quejosa, que el dieciocho de noviembre del presente año, se llevaría acabo la reinstalación de diversas locatarias del referido mercado, dentro del espacio que aduce la promovente corresponde al otorgado en su licencia. De lo anterior, se advierte que tales actos constituyen actos administrativos emitidos por una autoridad administrativa, los cuales son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del procedimiento administrativo. Se arriba a tal aserto, puesto que no se actualiza algún caso de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. La quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, pues como lo refiere en la demanda, ella es la titular de la licencia y/o concesión que aduce. 2. La inconforme combate cuestiones de legalidad y no violaciones directas a la Constitución, en tanto que se duele de actos tendentes de privación del uso de la licencia y/o concesión de la cual es titular, así como el desalojo físico relativo a dicha concesión; lo cual puede ser reparado a través del citado medio de defensa. 3. La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la tramitación del procedimiento administrativo, más no un reglamento. 4. En la substanciación del procedimiento administrativo puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y el Capítulo II, denominado "De la suspensión", del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual comprende los artículos 268 al 278, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el procedimiento administrativo como en vía constitucional, resultan ser iguales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la forman, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2011289 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 27/2016 (10a.) Página: 1194 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Contradicción de tesis 222/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Criterios contendientes: El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2015, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 374/2014. Tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el procedimiento administrativo en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte promovente a que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***, *** y ***, se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en la certificación de cuenta. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,6 se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información...
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...Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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