Manuela Beltrán Martínez
Expediente 1070/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 24/06/2022
Partes del expediente
- Manuela Beltrán Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el once de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Josefina Fregoso Amezquita, apoderada de la parte tercero interesada BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, mediante el cual, solicita quede firme la sentencia emitida en el presente asunto. En atención a la solicitud de la promovente y visto el estado de autos de los que se advierte que aún no consta en autos el acuse de recibo del oficio mediante el cual se ordenó notificar la sentencia a la autoridad responsable con residencia foránea; por tanto, dígasele que por el momento no resulta procedente acordar favorable su petición, hasta en tanto, -en su caso-, transcurra a la totalidad de las partes el término de diez días hábiles que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpongan recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por otra parte, toda vez que de las constancias que integra el presente expediente se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 26481/2021, dirigido a la autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, a través del cual se ordenó notificar la sentencia emitida en autos; en consecuencia, reexpídase vía mensajería acelerada "estafeta" el oficio de referencia y requiérasele para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe la fecha en que recibió el oficio respectivo y remita copia certificada del acuse de recibo correspondiente, apercibida de que de no hacerlo o de no informar la imposibilidad legal que le asista para ello, se impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad que la información requerida podrá ser enviada vía electrónica -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la dirección de correo oficial 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cinco minutos del once de junio de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 1070/2019-V, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas consistentes en el oficio -original- 1185/19-C, emitido por el Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad y anexo consistente en copia certificada de la demanda que dio origen al juicio de prescripción positiva 785/2019, de su índice y acuerdo admisorio, entre otros; b) constancias de emplazamientos realizados a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y a la parte tercero interesada; c) informes justificados rendidos por las autoridades responsables y documentales exhibidas por la Juez Trigésimo Quinto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario 1324/2018, de su índice (antes 1296/2011 del índice del Juzgado Quincuagésimo Civil); d) constancias de notificación del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el que se decretó la reanudación del procedimiento; y, e) escrito recibido en este Juzgado el treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual la parte tercero interesada se apersonó al presente juicio, formuló alegatos y ofreció como pruebas de su parte las documentales que anexó a su escrito. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas antes relacionadas, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes por proveer o desahogar se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se tienen por reproducidos los formulados por la parte tercero interesada y sin alegatos pendientes por proveer o desahogar, se declara igualmente cerrado este periodo. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 1070/2019-V, promovido por xxxx, por su propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Quinto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Manuela Beltrán Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez Trigésimo Quinto de lo Civil, con sede en la Ciudad de México (antes Juez Quincuagésimo de lo Civil), Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil, de esta ciudad. Actos reclamados "RECLAMO LA ORDEN DE DESPOSESIÓN al (sic) través del exhorto remitido y solicitado al C. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA en su calidad de ordenadora y al C. ACTUARIO ADSCRITO a éste en su calidad de ejecutora, ambos con domicilio en Av. Vía Rápida Pte. s/n, 20 de Noviembre, 22439 Tijuana, B.C., donde se solicita y ordena 'se requiera a la parte demandada xxxxla entrega del bien inmueble adjudicado en autos consistente en la UNIDAD: A, CONJ. HABITACIONAL: REAL DEL MONTE IV CONDOMINIO 6 CON 4 VIVIENDAS EN EL LOTE 6 DE LA MANZANA 612 DEL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD, CLAVE CATASTRAL EV-612-221, MUNICIPIO DE TIJUANA, DETALLE DE SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO 14.772 M2. INDIVISO 25.014% PRIVATIVA 89.629 M2. INSCRITO BAJO LA ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA PARTIDA 6150285 DE SECCIÓN CIVIL DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2019, EL CUAL NO REPORTA GRAVÁMENES'; siendo que esta persona moral nunca ha tenido la posesión de dicho inmueble ni ha vivido en dicha dirección." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a actuar en ese sentido. Tercero. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 1070/2019-V; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. Cuarto. Mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, se tuvo a la Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México como autoridad sustituta de la Titular del Juzgado Quincuagésimo de lo Civil con la misma residencia, debido a la extinción de esta último órgano jurisdiccional, decretada mediante acuerdo plenario 42-46/2016, de sesión de catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Quinto. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los plazos y términos del presente asunto fueron suspendidos, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte. El diecisiete de agosto de dos mil veinte, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio. Sexto. Con motivo de las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el presente asunto no fue suspendido, al considerarse como de tramitación urgente, pues la ejecución del acto reclamado consistente la orden de desalojo del inmueble en el que, al parecer, habita la quejosa, le impediría cumplir con la medida de contingencia decretada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, consistente en el resguardo domiciliario. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: -De la Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México: La orden de lanzamiento decretada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho respecto del inmueble identificado como vivienda A del régimen 6 del condominio denominado Real del Monte IV del fraccionamiento Real de San Francisco, de esta ciudad. -Del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad: La ejecución de dicha orden de lanzamiento, a través del exhorto 236/2018. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad, consistente en la ejecución de la orden de lanzamiento decretada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho respecto del inmueble identificado como vivienda A del régimen 6 del condominio denominado Real del Monte IV del fraccionamiento Real de San Francisco, de esta ciudad, ya que así se desprende de sus informes justificados, en los que precisaron que el exhorto 236/2018, se devolvió sin diligenciar el mismo día que se radicó, debido a que no se acompañaron los documentos necesarios para llevar a cabo la diligencia encomendada. Circunstancia que quedó corroborada con las documentales exhibidas por la diversa autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario 1324/2018 (antes 1296/2011 del índice del Juzgado Quincuagésimo Civil), a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que lo anterior haya sido desvirtuado por la parte quejosa, ya que ninguna prueba se ofreció para tal efecto, pues la documental que se anexó al escrito inicial de demanda, únicamente tiende a demostrar la existencia del derecho de posesión que aduce sobre el inmueble materia de la controversia de origen; empero, no está encaminada a probar la existencia de los actos de ejecución atribuidos a las autoridades locales. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, consistente en la orden de lanzamiento decretada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho respecto del inmueble identificado como vivienda A del régimen 6 del condominio denominado Real del Monte IV del fraccionamiento Real de San Francisco, de esta ciudad, toda vez que así se desprende de su informe justificado, además que ello quedó comprobado con las documentales exhibidas en este juicio y que fueron previamente valoradas. Quinto. No obstante la existencia de los actos reclamados no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, debido a que la promovente no acreditó su interés jurídico, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos que se establecen en el artículo 5º de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Del citado precepto se observa, en lo que interesa, que quejoso es la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, en lo que al caso atañe, es pertinente destacar que el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En ese sentido, el interés jurídico no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa; así, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. Al respecto, conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión; entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Con lo hasta aquí expuesto, se concluye que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado. En efecto, tomando en consideración que, en términos generales, la acción de amparo tiene sustento en la existencia de un acto de autoridad que vulneró algún derecho fundamental del gobernado, es claro que la acción constitucional sólo puede ser intentada por quien tenía la facultad de exigir el respeto a ese derecho, en el momento en que se desplegó la actuación estatal, pues es -precisamente- esta persona quien habrá resentido la afectación a su esfera jurídica. Dicho de otra manera, para que se acredite el interés jurídico en el juicio de amparo -en lo que interesa-, es necesario que el quejoso además de demostrar la titularidad de un derecho sustantivo (como puede ser la propiedad, posesión, salud, entre otros), pruebe que esa titularidad la detentaba en el momento en que se llevó a cabo acto de autoridad que reclame, pues sólo de esa manera quedará comprobado que el acto de que se duele, en efecto, transgredió su esfera jurídica en forma real, actual y directa (perjuicio) y, por tanto, que tiene la facultad de exigir de la autoridad responsable, a través de un órgano de control constitucional, el cese de dicha transgresión (derecho subjetivo). Consecuentemente, para determinar si el promovente del amparo tiene el derecho para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, no basta con demostrar la titularidad de un derecho sustentado en una norma legal, sino que es indispensable acreditar su existencia al momento en que se desplegó la actuación estatal, circunstancia que no aconteció en la especie, como a continuación se verá. En el caso concreto, la quejosa acude a esta instancia constitucional como tercero extraña en sentido estricto y reclama la orden de lanzamiento decretada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dentro del juicio especial hipotecario 1324/2018, respecto del inmueble identificado como vivienda A del régimen 6 del condominio denominado Real del Monte IV del fraccionamiento Real de San Francisco, de esta ciudad, aduciendo que es de su propiedad y que, actualmente, ella está en posesión de dicho bien; por ende, es claro que para acreditar su interés jurídico debe demostrar que, al momento en que se llevó a cabo el acto de autoridad, era titular de los derechos que aduce en relación con el mencionado bien. Así, para acreditar la titularidad de esos derechos, la promovente ofreció como pruebas de su parte, el oficio -original- 1185/19-C, emitido por el Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad y anexo que contiene -entre otras- copia certificada de la demanda que dio origen al juicio de prescripción positiva 785/2019, de su índice, en el que obra -también- el contrato de compraventa celebrado entre la quejosa (como compradora) y Leslie Meriel Armenta Beltrán (como vendedora), respecto del inmueble antes descrito. Luego, si bien es cierto, tal documento (contrato de compraventa), al tratarse de una copia certificada, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, también cierto es, que únicamente es apto para demostrar que el citado acuerdo de voluntades adquirió fecha cierta el seis de mayo de dos mil diecinueve, cuando fue presentado (anexo al escrito inicial de demanda) ante el Juez Noveno de lo Civil, de esta ciudad. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y ocho, tomo X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 192662, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Contradicción de tesis 52/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Cuarto Circuito. 22 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. Tesis de jurisprudencia 46/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto Román Palacios." Entonces, si de las constancias que obran en autos se obtiene que la orden de desalojo reclamada se decretó el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, esto es, con anterioridad a que la quejosa adquiriera el derecho de propiedad que ostenta sobre el inmueble materia del juicio natural, es inconcuso que al momento en que se desplegó la conducta por parte de la autoridad responsable, no existió perjuicio alguno en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo y, por tanto, carece de la facultad de acudir ante este órgano jurisdiccional de control constitucional demandando el cese de esa actuación. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión que la promovente aduzca que se encuentra en posesión del inmueble de referencia desde el uno de enero de dos mil diez -como también se indicó en la demanda que dio origen al juicio de prescripción positiva-. Ello es así, pues dicha circunstancia, por sí sola, es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico en este juicio, debido a que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio civil (como ocurre en el caso concreto), es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página, cinco, tomo XV, febrero de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, que señala: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos." En ese orden de ideas, si el derecho a poseer el inmueble que aduce la quejosa deriva del contrato de compraventa antes analizado que, como se indicó, adquirió fecha cierta hasta el seis de mayo de dos mil diecinueve, es claro que es, precisamente, a partir de esta fecha que se puede considerar acreditada, fehacientemente -únicamente para efectos del presente juicio de amparo-, la existencia del derecho de posesión a que se alude. En tales condiciones, al no haberse probado que el derecho de propiedad -o posesión- que aduce la quejosa respecto del inmueble materia del juicio natural, lo adquirió con anterioridad a la emisión de la orden de lanzamiento reclamada, es claro que no demostró su interés jurídico, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse el supuesto de improcedencia establecido en la fracción XII del precepto 61 de la legislación invocada. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Manuela Beltrán Martínez, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y quinto, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/Acma
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Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, el día de hoy, se notificó personalmente a la parte tercero interesada BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, por conducto de su autorizada, el auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se dio vista a las partes con las documentales enviadas por la autoridad responsable Juez Trigésimo Quinto de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que aún no transcurre el plazo de ocho días establecido en dicho numeral para que se imponga de su contenido. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cinco minutos del once de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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