Manuela Beatriz Cervantes Barrasa
Expediente 267/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2021
Partes del expediente
- Manuela Beatriz Cervantes Barrasa
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos, de ellos se advierte que en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se archivó el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que no obran documentos originales exhibidos por las partes; que se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda; además, que por sus particularidades no se considera de aquellos que tengan relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos, de ellos se advierte que no se encuentra actuación alguna pendiente de diligenciar; en consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, se advierte que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de siete de mayo del presente año, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo que le fuera notificado por personalmente el doce siguiente, al diligenciarse el despacho electrónico 20/2021; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo; las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele por lista de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 319 firmado electrónicamente con evidencia criptográfica por el secretario en funciones de juez y secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, el cual fue recibido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al que acompaña diligenciado el despacho electrónico 20/2021, de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Por último, se autoriza que el oficio dirigido al titular del referido juzgado de distrito, sea firmado únicamente con el uso de la firma electrónica (FIREL) del actuario adscrito a este órgano colegiado, cuya evidencia criptográfica sea agregada a este expediente, para los efectos legales procedentes.
- Juicio de Amparo Directo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia propuesta por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Agua Prieta, declinada mediante sentencia de siete de abril del año en curso, dictada en el amparo indirecto *****, promovido por *******, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil del Distrito judicial de Agua Prieta, Sonora, y el secretario adscrito a dicho juzgado, consistentes en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por el primero de ellos y su ejecución atribuida al segundo, dentro del expediente ******. Ahora bien, de la lectura de las constancias recibidas se desprende que el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, dado que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, debe desecharse con fundamento en el artículo 179 del mismo ordenamiento legal. En efecto, la citada resolución reclamada dice lo siguiente: (se transcribe).-Respecto a diversa petición, esto es, que se remitan los autos originales a la Notaría referida en el escrito que se atiende, dígaseles que una vez que dicha solicitud sea realizada en el cuadernillo respectivo, se acordará lo que en derecho proceda, ello para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con fundamento en los artículos 3, 5, 7, 140, 151, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 824 y 85 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.". Por su parte, los artículos 61, fracción XVIII, 170, fracción I y 179, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.". "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Asimismo, el artículo 826, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, dispone lo siguiente: "Art. 826.- La sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en el efecto suspensivo, cuando el monto del caudal exceda de doscientas Unidades de Medida y Actualización el día en que se emita la resolución de que se trate." Ahora bien, la Juez de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, dictó la resolución el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la Sección IV "DE PARTICIÓN" en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del señor Rodrigo Castro Muñoz, en la que se aprobó la propuesta del proyecto de partición del único bien inmueble que conforma el caudal hereditario. En el caso, de las constancias remitidas por el secretario en funciones de juez de Distrito se advierte que de las fojas 153 a la 160 y 170 obra el avalúo del referido bien inmueble y su ratificación, a cargo del perito valuador arquitecto ******, cuyo valor comercial asciende a la cantidad de $233,000.00 (doscientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) y valor físico $233,340.00 (doscientos treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, a la fecha de la resolución reclamada en esta instancia constitucional, es decir, al cinco de noviembre de dos mil veinte, el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación, asciende a la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional); por tanto, si se multiplica la cantidad mencionada por 200 (doscientas) veces, como lo dispone el numeral 826, arroja una cantidad de $17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). En relación a lo anterior, para la procedencia del presente juicio de amparo, era necesario que se agotara el medio de defensa ordinario que otorga la ley; es decir, el recurso de apelación previsto en el citado precepto 826 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, a fin de estar en condiciones de controvertir la resolución emitida en primera instancia. Es así, pues como ya se mencionó, la cantidad a que asciende el caudal hereditario en el sumario de origen tiene un valor comercial de $233,000.00 (doscientos treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) y como valor físico $233,340.00 (doscientos treinta y tres mil trescientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), cantidades que, evidentemente, superan el monto que resulta de multiplicar el valor diario de las de doscientas unidades de medida y actualización establecidos como requisito en el precepto citado; de ahí que, dicho recurso debió interponerse previo acudir al presente juicio de amparo directo y al no haber acontecido de esta manera, no se satisface un presupuesto procesal para la procedencia del juicio uniinstancial; por tanto, debe desecharse por improcedente la demanda de amparo. En esa tesitura, es inconcuso, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues antes de ejercer la acción constitucional, la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación establecido en el citado artículo 826, pese a que, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se encontraba obligada a interponerlo, dado que constituye el medio legal de defensa idóneo para revocar, modificar o nulificar la resolución de primera instancia reclamada en esta vía de control constitucional. Apoya a lo anterior la tesis jurisprudencial cuatrocientos siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo VI, parte SCJN, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 del tomo I, abril de 2015, novena época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Además, cabe precisar, que la demanda de amparo que nos ocupa, a su vez, fue presentada después del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que también resulta improcedente con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, y 179 de la ley en comento. En efecto, la referida resolución reclamada de cinco de noviembre de dos mil veinte, se notificó a la quejosa por lista el viernes seis siguiente, según se advierte en la foja ciento noventa y siete, de la copia certificada del juicio de amparo 18/2021, remitida por el juez de Distrito, que sirve como antecedente para resolver este asunto; por lo que de acuerdo con lo previsto por el artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, dicha notificación surtió efectos el mismo día; por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia, empezó a correr el lunes nueve del citado mes y año y concluyó el lunes treinta de noviembre de la misma anualidad; descontándose por inhábiles los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre de la citada anualidad, por corresponder a sábados y domingos, por ser inhábil, según disponen los artículos 19 de la ley reglamentaria en consulta y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, por ser inhábil para la responsable según se advierte de la circular OM/DGRH/012-2019 de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve que remitió el director general de recursos humanos y materiales, oficialía mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Ahora bien, como la demanda de amparo fue presentada hasta el lunes ocho de febrero de dos mil veintiuno ante el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, es evidente que transcurrieron más de quince días desde la notificación hasta su presentación, por lo que su interposición se hizo fuera del término de ley. En consecuencia, con fundamento en el citado precepto legal, en relación con el 179 de la misma ley de la materia, también se desecha por extemporánea la demanda de amparo de que se trata. Ahora bien, en términos del artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º y 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho electrónico con el uso de la firma electrónica (Firel) del magistrado presidente y de la secretaria de acuerdos de este tribunal, al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise), para que en el auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por su conducto, comisione a quien corresponda, a fin de notificar el presente acuerdo a la quejosa *****, en el domicilio ubicado en ******; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal colegiado. En el entendido que el documento que se genere con la firma del magistrado presidente y de la secretaria de acuerdos, deberá expedirse la evidencia criptográfica de cada uno, las que se deberán anexar a este expediente y al documento electrónico que se envíe. Realizado lo anterior, se solicita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, remita por vía electrónica a este órgano colegiado (con la firma electrónica del titular y del secretario del órgano jurisdiccional que respalde el documento), las constancias respectivas para acordar lo que en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de autorizada a Elodia Acuña Acuña, dado que se encuentra registrada con el número 17872, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva ante los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por último, se autoriza que el oficio con el que se haga el acuse respectivo al juez de Distrito, sea firmado únicamente con el uso de la firma electrónica (Firel) del actuario adscrito a este órgano colegiado, cuya evidencia criptográfica sea agregada a este expediente, para los efectos legales procedentes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito · 3,259 expedientes
- Manuel Salvador Canchola Castillo680/2021
- Manuel Sergio Cadena Acuña743/2019
- Manuel Sergio Cadena Acuña523/2021
- Manuel Sergio Cadena Acuña555/2023
- Manuel Valenzuela Vásquez411/2022
- Manuel Vázquez Jaime628/2017
- Manuela Escárrega Orozco420/2022
- Manuela Espinoza Martínez1159/2023
- Manuela Lara Jiménez301/2021
- Manuela Zatarain Chávez815/2023
- Mara Edith Ramos Cervantes838/2017
- Mara Lizbeth Jiménez Estrada371/2017