Manuela Alejandra Arellanes Sosa

Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1088/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Juez Cuarto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
  • Manuela Alejandra Arellanes Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Verónica Uranga Luviano, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria. Lic. Verónica Uranga Luviano.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/5540/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa Manuela Alejandra Arellanes Sosa, interpuso la demanda contra actos del Juez Cuarto Civil por Audiencias y Jefe de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la que hace consistir el acto reclamado en: "4. ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad señalada como ordenadora Juez Cuarto Civil por Audiencias de esta ciudad, le reclamo la orden consistente en poner en posesión en favor del tercero interesado José Eugenio Pompa Guajardo, respecto al inmueble ubicado en Avenida Hermanos Escobar número 2751 de la colonia Américas, local 6 de esta ciudad, autorizándose el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, según lo ordenado por auto de fecha 01 de diciembre de 2022, dictado en el expediente 168/2021, radicado ante la responsable antes citada, sin que la suscrita sea parte en ese juicio civil y tengo el temor de ser lanzada del citado inmueble, que tengo en posesión desde el mes de octubre de 2022 a la fecha.. . . ." Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que impone sobreseer en el juicio porque la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraña con que se ostenta, numerales los cuales, en lo conducente, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De la redacción del segundo numeral preinserto, se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro o fuera de juicio, pero impone como condición previa, que afecte a personas extrañas al mismo, teniendo este carácter aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Tiene de apoyo a lo anterior, en la jurisprudencia 7/98 que por contradicción de tesis resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Tomo VII, correspondiente al mes de Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora, cabe destacar que Manuela Alejandra Arellanes Sosa, aquí quejosa, se ostenta como tercero extraño al ser poseedora del bien inmueble ubicado en Avenida Hermanos Escobar 2751, de la colonia Américas, local 6, en esta ciudad, en el cual refiere se pretende ejecutar la orden de lanzamiento y/o desalojo y/o desposesión reclamada; posesión que pretende demostrar con el original del contrato privado de comodato celebrado entre ella y Esperanza Castruita Ortiz, el tres de octubre de dos mil veintidós. Empero, dicha documental no es idónea para acreditar el extremo pretendido, pues se advierte que carece de fecha cierta, toda vez que no está inscrita en una oficina registral como lo es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; tampoco se aprecia que haya fallecido alguno de los contratantes; menos aun fue elaborada y/o ratificada ante fedatario público. Circunstancia que imposibilita determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo que sobre el bien afecto realiza el quejoso. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos: Época: Novena Época, Registro: 169963, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 24/2008, Página: 11: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito" Asimismo, por las razones que expone, la jurisprudencia de datos. Época: Novena Época, Registro: 187733, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Civil, Tesis: P./J. 1/2002, Página: 5. "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por tanto, del análisis al anterior medio de prueba, se considera que es insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada (comodatario), ostentada por la quejosa respecto del inmueble ubicado en Avenida Hermanos Escobar 2751, de la colonia Américas, local 6, en esta ciudad, del que aduce se le pretende lanzar y/o desalojar y/o desposeer, en cumplimiento a lo ordenado en el expediente 168/2021 del índice del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias, en esta ciudad. Máxime que la impetrante no debe soslayar que si bien aduce ser poseedora del inmueble ubicado en Avenida Hermanos Escobar 2751, de la colonia Américas, local 6, en esta ciudad, por haber celebrado contrato privado de comodato con Esperanza Castruita Ortiz, el tres de octubre de dos mil veintidós, y con ello tener la posesión derivada del mismo, la legislación civil faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, lo cual se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño. En cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Sin embargo, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. Luego, si la aquí quejosa pretende acreditar que es poseedora en calidad de comodataria del inmueble ubicado en Avenida Hermanos Escobar 2751, de la colonia Américas, local 6, en esta ciudad, aduciendo que ello es así porque celebró contrato privado de comodato con Esperanza Castruita Ortiz, el tres de octubre de dos mil veintidós, mismo que exhibe con su escrito inicial, empero, tal documento es de fecha incierta; resulta incuestionable que aun en el supuesto de que se considerara ejerce un poder de hecho sobre el domicilio relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil. Es aplicable la Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 187733, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002, Página: 5, que es del siguiente contenido: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Precisado lo anterior, es inconcuso que a la impetrante de garantías no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio, ni siquiera por equiparación, con el cual se ostenta en el presente juicio constitucional y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Tiene poyo lo anterior en la jurisprudencia que por contradicción de tesis resolvió el Pleno del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 93, del Tomo XIII, correspondiente al mes de Abril de 2001, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". Consecuentemente, es claro que no se puede reconocer a la hoy quejosa Manuela Alejandra Arellanes Sosa, el carácter de tercero extraño, propiamente dicho, ni por equiparación, por ende, es inconcuso que la acción que intenta en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Manuela Alejandra Arellanes Sosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el desechamiento que se plantea guarde relación con la falta de interés jurídico de la quejosa, porque desde este momento se desprende claramente que la accionante del amparo deriva el mismo de un contrato de comodato, mismo que como ya se estableció, es de fecha incierta; por tanto, el resultado aquí planteado, será el mismo al cual se llegaría aun cuando se admitiera la demanda que se atiende y se siguiera el juicio por sus cauces legales hasta el dictado de la sentencia, ello es así, ya que para el hipotético caso de que se admitiera a trámite la demanda de mérito, la posesión jurídica de la quejosa respecto del inmueble del que aduce tener la posesión, únicamente podría quedar justificada a la luz del contrato de comodato que acompaña a su escrito de demanda, mismo que como ya se vio no es suficiente para tal extremo. Aunado a lo anterior, debe decirse que es obligación de quien aquí resuelve velar porque el juicio de amparo no sea utilizado con fines desleales; esto es, el obtener la suspensión del acto reclamado con el fin de retardar la ejecución en el juicio de origen. Además, no se pierde de vista que, si bien el interés jurídico se puede acreditar hasta la audiencia constitucional, lo cierto es que la calidad de posesionario con la que se ostenta la quejosa la hace valer del contrato privado de comodato que adjunta, el cual carece de fecha cierta, por tanto, se reitera que el contrato mencionado es insuficiente para acreditar la posesión jurídica que pretende. Con fundamento en el artículo 27, fracción l, de la Ley de Amparo se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Fernando Montes de Oca número 831, colonia El papalote, en esta ciudad. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado Carlos Loredo Chavarría por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, mientras que a Raúl Hernández Chairez, se autoriza en términos restringidos, por no encontrarse registrado en dicho Sistema. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto concluido, una vea que dicha determinación quede firme. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano