Manuel Vivanco Vera

Expediente 1005/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1005/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Manuel Vivanco Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copa certificada del testimonio de la ejecutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el recurso de queja 213/2019, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, en el que se resolvió: "PRIMERO. Se declara infundado el personaje recurso de queja" "SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. "TERCERO. Se desecha la demanda de amparo." Atento a lo anterior, realícese el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad oficiante y en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal de autos evidencia que el presente juicio se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo que, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa adjuntó documentos originales en su escrito inicial de demanda, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido que deberá dejarse en su lugar copia simple de los mismos, por ser un asunto concluido; por lo que, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Manuel Vivanco Vera, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de siete de agosto del dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia y ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. Por ende, con fundamento en el ordinal mencionado en último término del párrafo precedente, remítase el original del medio de impugnación citado, copia simple de este y copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa, así como los anexos que se acompañaron a la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, a fin de que provea lo conducente en relación al medio de impugnación hecho valer en el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de agosto de dos mil diecinueve. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Vivanco Vera, por propio derecho contra actos del Juez Primero Civil de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1005/2019-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa hace consistir su acto reclamado en la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil diecisiete, así como su ejecución la cual fue dictada en el expediente 325/2014, del índice del Juzgado Primero Civil de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, la notificación y emplazamiento al juicio mencionado, así como todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 325/2014, a partir del auto de radicación de veintinueve de mayo de dos mil dieciséis y demás actuaciones subsecuentes. Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, en el libelo constitucional, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento el cuatro de junio de dos mil dieciocho y bajo protesta de decir verdad refirió lo siguiente: "(.) VII.- FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS: Si bien es cierto, se tuvo conocimiento día Cuatro (04) de Junio de dos mil dieciocho (2018), sin embargo manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en esta fecha se llevó a cabo la audiencia de Formulación de Imputación, en la sala número diez presidida por la Jueza de nombre Janelly Gutiérrez Ruiz, siendo marcada con el número de causa penal: 769/2017, derivada de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN 16010380034314, por el delito de DESPOJO en contra del Sr. IVÁN SUAREZ CARDENAS, carpeta que fue iniciada el día Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), ante la fiscalía General de Justicia Regional del Toluca, carpeta turnada a la Mesa número cuatro de tramite, ce la Unidad de Investigaciones Al, de la Ciudad de Toluca de Lerdo, estado de México y de la que se desprende que el C. MIGUEL ANGEL VIVANCO VAZQUEZ, es el ofendido en mi representación Sr. MANUEL VIVANCO VERA, en términos del Instrumento Notarial, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración de fecha catorce (14) de abril de Dos Mil Catorce (2014), mediante Escritura Pública Número 83,706, libro 554, con fecha de expedición catorce (14) de Abril de dos mil catorce (2014), otorgado por el Ciudadano Carlos Manuel Sada Solana, Cónsul General de México, en la ciudad de los Ángeles California, Estados Unidos de América, y en esa calidad se presentó a la Audiencia para ofrecer medios de prueba, así como el inculpado, teniendo conocimiento hasta ese día en la audiencia ya señala en donde el hoy Tercero Interesado, exhibe copia certificada de la Sentencia que se desprende del Juicio ordinario Civil (usucapión), marcado con el número de expediente 325/2014, radicado ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, siendo esta fecha en que me entero que existía un Juicio Previo y con una Sentencia, la cual había causado ejecutoria desde fecha Trece (13) de Febrero del año Dos Mil Diecisiete (2017). (.)" En ese sentido, se concluye que el promovente del amparo, tuvo conocimiento del acto que en esta vía se reclama desde el cuatro de junio de dos mil dieciocho, dado que en esa fecha se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la causa penal 769/2017, derivada de la carpeta de investigación 16010380034314, por el delito de despojo en contra de Iván Suarez Cárdenas, audiencia en la que el tercero interesado en el presente asunto, exhibió una copia certificada de la sentencia emitida en el expediente 325/2014, relativo al juicio ordinario civil (usucapión) del sumario del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, teniendo en esa fecha conocimiento de los actos reclamados. En atención a lo anterior, se decreta la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional para reclamar la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil diecisiete, así como su ejecución la cual fue dictada en el expediente 325/2014, del índice del Juzgado Primero Civil de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, la notificación y emplazamiento al juicio mencionada, así como todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 325/2014, a partir del auto de radicación de veintinueve de mayo de dos mil dieciséis y demás actuaciones subsecuentes. Asimismo, de la narración de los antecedentes de su escrito inicial de demanda, se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el cuatro de junio de dos mil dieciocho, por así haberlo expresado bajo protesta de decir verdad el ahora quejoso. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el seis de agosto de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo, y si el quejoso tuvo conocimiento por lo menos desde el cuatro de junio de dos mil dieciocho, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del cinco al veinticinco de junio de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles que establece el artículo 19 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; es decir, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de éste (cinco de junio de dos mil dieciocho); el lapso para interponer el juicio de amparo. En esa tesitura, es claro que ésta resulta extemporánea por actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o. C.J/7, página 1035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Heraclio González Ortega; contra actos del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Reforma Agraria Área de Responsabilidades y otra autoridad. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con el artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, toda vez que el señalado en la demanda de amparo se encuentra fuera de la residencia donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Daniel Senties González y de Lázaro Díaz Luna, por tener registrada sus patentes para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y al resto de los personas mencionadas se les tiene por autorizadas para los efectos de la última parte del artículo de referencia. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias ofrecidas por la parte quejosa, se ordena formar anexo para que obren por separado con carátula respectiva para su identificación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

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