Manuel Vargas Valladolid
Expediente 147/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Manuel Vargas Valladolid
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." De una interpretación integral y en sentido contrario de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales anteriormente reproducidos ponen de manifiesto que cuando se impugnen actos dentro de un juicio será procedente el amparo indirecto siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, siendo que en el concepto de irreparabilidad deben atenderse los siguientes lineamientos: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate; y, b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, a los que de acuerdo a la reforma constitucional de junio de dos mil once, se deben incluir aquellos contenidos en tratados internacionales en los que México sea parte, pero en ningún caso cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal -sea cual sea- debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Es ilustrativo al caso, la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, con número de registro electrónico 205651, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los pactos internacionales suscritos por México, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; de esta manera, por ejemplo, se tiene el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas, éstas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitan los derechos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tiene el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados la sentencia definitiva que se dictara a su favor podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170 a 174 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado antes reseñado, debe decirse en el contexto del sistema penal acusatorio, específicamente por cuanto hace a la admisión de medios de prueba en la etapa intermedia, a priori, no constituye un acto de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos, máxime que no se está en presencia de admisión de medios de prueba ilícitos. En efecto, en esas condiciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificó el criterio jurídico que por regla general, tratándose de la admisión de medios de prueba en la etapa intermedia, el juicio de amparo es improcedente, pues de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos humanos. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto que se tilda de inconstitucional por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el acto reclamado que nos ocupa no puede ser considerado como un acto que dentro del juicio tenga una ejecución de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, pues a través del mismo no se justifica la infracción de derechos sustantivos, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, que no causan una violación predominante o de grado superior, pues pueden ser retrotraídos, si al dictarse la sentencia en el juicio oral, la misma es favorable a los intereses de la parte quejosa, en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se hubieren causado con ese fallo, o bien, puede acudir al juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Se afirma lo antes expuesto, toda vez que, será hasta el momento de la celebración de la audiencia de juicio oral, en donde el tribunal de enjuiciamiento podrá valorar las pruebas de que se trata, exponiendo las razones que tenga en cuenta para tal efecto, y en su caso, considerarlas como pruebas probablemente de cargo en contra del ahora quejoso, o bien, en el caso de estimar que no subsisten las circunstancias que en su momento justificaron su admisión, podrá negarles valor probatorio o excluir las mismas como lo hizo en la etapa intermedia. Por consiguiente, el acto que se reclama, en el momento en que se produce, no afecta de manera irremediable algún derecho fundamental del agraviado, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que ello pudiera ocurrir hasta el momento de llevarse a cabo el juicio oral en la medida en que las pruebas desahogadas anticipadamente influyan o sean tomadas en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual es necesario esperar hasta la resolución definitiva que dicte la autoridad del conocimiento (tribunal de enjuiciamiento) para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo, tal y como lo establecen los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es decir, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa intermedia de un juicio de corte acusatorio mediante la cual se ordena trasladar a juicio oral una prueba admitida o desechada en la etapa intermedia, el amparo indirecto resulta improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo; al contrario, esos actos podrían constituir una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, cuando no se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, en cuyo caso podría ser impugnada hasta el juicio de amparo directo que se pudiera promover contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso; de ahí que los vicios que pudieran tener el acto reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso al obtener, en su caso, una resolución favorable. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el convencional que señala en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************** y *****************, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a ********************, por no contar con dicho registro y a la diversa persona que ahí refiere, por así haberlo solicitado expresamente. Sin que pase desapercibida la solicitud de la parte quejosa en el sentido de que se tenga el correo electrónico que refiere como un diverso domicilio procesal; sin embargo, en razón de que también designaron lugar convencional para ese efecto; a fin de dar certeza a la práctica de las notificaciones que se ordenen de manera personal, realícense en dicho domicilio físico; sin perjuicio de tener dicha dirección electrónica como un medio de contacto no procesal en caso de estimarse necesario. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 20 DE FEBRERO DE 2023, QUE REZA: SE DESECHA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Manuel Rodríguez Ayala474/2023
- Manuel Rodríguez González521/2018
- Manuel Rodriguez Martinez1276/2014
- Manuel Romero Valencia1127/2023
- Manuel Ruiz Sánchez560/2018
- Manuel Ulises Medrano Díaz880/2018
- Manuel Vázquez Gutiérrez603/2020
- Manuel Zamora García299/2020
- Manuel Zaragoza Meza372/2017
- Manuela Guerrero Juárez234/2011
- Manuela Rocha Carreon78/2016
- MARCELA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Otros.909/2019