Manuel Valladolid Zuno

Expediente 1420/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1420/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Manuel Valladolid Zuno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite conflicto. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional admitió el conflicto competencial suscitado entre los Juzgados Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Nota de registro del conflicto. Se toma nota que se registró como conflicto competencial 21/2023; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Juzgado informa. Visto el oficio que firma la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se le tiene informando el contenido del auto de diecinueve de septiembre actual, emitido en el juicio de amparo 1396/2022-VI, por el cual dicho órgano remitió el juicio de amparo vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que determine el órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer de dicho asunto; en consecuencia, agréguese a los autos y téngase al homólogo informando lo anterior. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. No ha lugar a decretar acumulación. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, solicita este juzgado se pronuncié sobre si en atención a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional le corresponde conocer del juicio de amparo indirecto 1396/2022 de su índice. Lo anterior, en atención a lo ordenado en el testimonio de la revisión 193/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismo que revocó la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el amparo indirecto 1396/2022, y le ordenó que atendiera lo establecido por el numeral 49 de la Ley de Amparo, en relación, en nuestro caso, del juicio de amparo indirecto en que se actúa (1420/2022). Por lo que en este momento se procede a realizar el pronunciamiento solicitado: En primer término, el artículo 49 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 49. Cuando la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por la misma quejosa o quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio." El precepto antes transcrito se refiere a los casos en los que se promueve un juicio de amparo ante un Juez de Distrito y se advierta que otro órgano conoce un diverso juicio constitucional en donde existe identidad de: i) quejosos, ii) autoridades responsables y iii) actos reclamados; lo anterior, aun cuando los conceptos de violación sean distintos. En este supuesto, el juzgador debe comunicarlo de inmediato por oficio al otro órgano, anexando la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Luego, recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento (comunicando la determinación al oficiante). En caso de que no lo estime así, le remitirá los autos relativos al juez oficiante. En este supuesto, debe tomarse en consideración que el análisis se refiere a dos aspectos: por un lado, si se trata del mismo asunto, y por otro, determinar el órgano que debe resolverlo de acuerdo a la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, del auto dictado como primera actuación en el juicio (si es que éste existe). Cuando no se está de acuerdo con la decisión, se genera el conflicto al que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley de Amparo; así, para este caso se remite a las reglas contempladas en el artículo 48, relativo a los conflictos competenciales, precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Conforme a estas reglas, el órgano al que se denomina requirente, quien envió por primera ocasión el asunto y a quien se le devolvió, si no está conforme con la decisión, debe actuar de la siguiente manera: a).- Si ambos órganos están dentro de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, deberá remitirlo al Tribunal Colegiado de Circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. b).- Cuando los órganos no estén dentro de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente. Finalmente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente resolverá quién debe conocer el asunto y deberá comunicar la decisión a los involucrados, así como remitir los autos al órgano correspondiente para su conocimiento. Hecho lo anterior, es decir, resuelto el conflicto, en términos del último párrafo del artículo 49 de la Ley de Amparo, se debe continuar el juicio ante el juez que haya resultado competente y, como consecuencia, deberá sobreseerse en el otro procedimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 134/2017, determinó: Que el artículo 49 de la Ley de Amparo regulaba un supuesto específico, en donde existía identidad tanto en los quejosos, actos reclamados y autoridades responsables, lo que la doctrina procesal denominaba litispendencia. Que no debía pasar desapercibido que esa figura ya ha sido analizada por el Tribunal Pleno, quien había encontrado su razón ante la ociosidad que suponía tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya había tenido la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitieran sentencias contradictorias. Que de esa manera su actualización requería la existencia de dos o más juicios de amparo, pendientes de resolución, en donde existiera la misma causa; esto es, identidad completa de quejosos, actos reclamados y autoridades responsables. Que así, ante ese presupuesto procesal, el legislador remitía al trámite de los conflictos competenciales, sin que compartieran la misma naturaleza; que lo anterior, ya que la litispendencia se vinculaba con la identidad de la acción intentada por el quejoso, mientras que la competencia, se refería a un punto concreto jurisdiccional, como podía ser de grado, territorio o materia. Que el artículo 49 de la Ley de Amparo, se refería a un supuesto específico: la litispendencia, la cual exigía una identidad completa, pues en caso de actualizarse, generaba el sobreseimiento en el segundo juicio y dejaba subsistente el primero, a fin de que sólo existiera un pronunciamiento sobre el fondo. Que no obstante, existían casos en los que si bien no se actualizaban todos los requisitos para la litispendencia, ni se generaba el sobreseimiento, era necesario vincular al juzgador con el conocimiento de asuntos en donde existieran algunos de estos elementos comunes, esto, para establecer una conexidad con el objeto de que fuera éste quien los resolviera, evitando posibles contradicciones. Que lo anterior había sido reconocido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2015, en donde se había advertido que si bien la Ley de Amparo vigente ya no reconocía el incidente de acumulación de autos, sin embargo, era posible formularse, vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo; y que para ello, debían actualizarse los siguientes supuestos: (i) El mismo quejoso haya promovido diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades; o (ii) Diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos. Que de lo anterior se concluía que el artículo 49 de la Ley de Amparo, regulaba el supuesto específico de la litispendencia para juicios de amparo, que implicaba una identidad absoluta en relación con los quejosos, autoridades responsables y actos reclamados. Que cuando se presentaba un conflicto por litispendencia, debía tramitarse con las reglas aplicables a las cuestiones competenciales -sin que debiera confundirse la litispendencia con la competencia-, referidas en el artículo 48 de la ley de la materia; que surgirá como efecto necesario que subsistiera el primer juicio de amparo y el segundo se sobreseyera en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Que lo anterior, en el entendido que debía sobreseerse en el segundo o ulteriores juicios de amparo, siempre y cuando se definiera el juicio primigenio que debía prevalecer para continuar con su tramitación, como indicaba el tercer párrafo del artículo 49 de la Ley de Amparo; que para llegar a esa determinación, debía resolverse que se trataban de juicios promovidos sobre un mismo asunto y dilucidar cuál era el órgano competente con base en la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en caso de existir, el auto dictado como primera actuación en el juicio. Que no debía perderse de vista que la figura mencionada (litispendencia) tenía una naturaleza y consecuencias distintas a los casos en que se advirtiera la existencia de una conexidad entre juicios de amparo, entendida como aquella en la que: (i) el mismo quejoso reclamara un mismo acto que se atribuía a distintas autoridades; o (ii) diversos quejosos reclamaban el mismo acto violatorio de derechos humanos, por parte de las mismas autoridades. Que al no existir una identidad absoluta, pero sí elementos comunes, era donde daba lugar al conflicto por acumulación y en ese caso debía atenderse a lo previsto en las tesis jurisprudenciales por este Tribunal Pleno P.J.24/2015 y P.J.25/2015, de rubros: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL" y "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES". Que si bien era cierto que existían similitudes, pues en ambos casos se tenía el objeto de que fuera un mismo órgano jurisdiccional quien resolviera los juicios, para evitar posibles contradicciones, en la litispendencia, adicionalmente, se buscaba evitar tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya había tenido la oportunidad de ser escuchado previamente. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia P./J. 9/2019 (10a.), de rubro y texto siguiente: "CONFLICTOS POR LITISPENDENCIA Y ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIAS, TRAMITACIÓN Y CONSECUENCIAS. El artículo 49 de la Ley de Amparo regula el supuesto específico de litispendencia entre juicios de amparo, que implica una identidad completa en relación con los quejosos, las autoridades responsables y los actos reclamados, cuyo caso de conflicto debe tramitarse con las reglas aplicables a las cuestiones competenciales, referidas en el artículo 48 de ese ordenamiento. Por ende, una vez desahogado el conflicto y determinado el juicio primigenio que debe prevalecer, así como el órgano que ha de continuar con su trámite en un segundo momento, ello dará lugar a que en el segundo o ulteriores juicios se sobresea en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene una naturaleza y consecuencias distintas en los casos en que se advierte la existencia de conexidad entre juicios de amparo (entendida como aquella en donde el mismo quejoso reclame un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí elementos comunes. Así, en este supuesto, puede presentarse un conflicto por acumulación, el cual debe resolverse conforme a las jurisprudencias P./J. 24/2015 (10a.) y P./J. 25/2015 (10a.), emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". De lo anterior se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, para que sea procedente el conflicto por litispendencia, debe existir una identidad total en cuanto al quejoso, autoridades responsables y actos reclamados. En ese contexto, en el caso a estudio no existe una identidad total, pues si bien es cierto, ambos juicios de amparo fueron promovidos contra las mismas normas generales y autoridades responsables; sin embargo, no hay identidad en cuanto a la parte quejosa como a continuación se pone de manifiesto: Juicio de Amparo 1420/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Juicio de Amparo 1396/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. QUEJOSO QUEJOSOS ******************** ******************** y * ACTOS RECLAMADOS ACTOS RECLAMADOS a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en particular los artículos 112 a 123, los cuales regulan el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, con motivo de su primer acto de aplicación. b) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, c) La discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto 28579/LXIII/21 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 09 de diciembre de 2021, mediante el cual se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcción del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en particular los artículos 112 a 123, los cuales regulan el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, con motivo de su primer acto de aplicación. b) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, c) La discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto 28579/LXIII/21 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 09 de diciembre de 2021, mediante el cual se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcción del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. AUTORIDADES RESPONSABLES AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado de Jalisco. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco Congreso del Estado de Jalisco. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 05 de julio de 2022 14:11 horas 05 de julio de 2022 14:17 horas De lo anterior se advierte que en el juicio de amparo 1420/2022 del índice de este juzgado, fue promovido por ********************; mientras que en el diverso 1396/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco se promovió por ******************** y Hugo Fernando Lemus Suárez. Por ende, existe diversidad de quejosos, lo que imposibilita a este órgano de conocer del juicio de amparo indirecto 1396/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Pues como se vio del cuadro comparativo, existe la coincidencia necesaria respecto de actos reclamados y autoridades responsables, además la demanda 1420/2022 de nuestro índice fue presentada en primer lugar; empero, las partes no son coincidentes en su totalidad. Entonces, es evidente que en la especie, no se actualiza la figura jurídica de referencia Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    No ha lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico. Visto el escrito del autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual solicita la consulta del expediente electrónico, agréguese a los autos y en su atención dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, lo anterior, al no cumplirse con lo establecido en el artículo 35, párrafos primero y segundo, así como el diverso 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIO´N Y TRA´MITE DE EXPEDIENTE ELECTRO´NICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS O´RGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, que establecen: "Arti´culo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por si´ o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para si´ o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad". "Arti´culo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberán señalarse sus "Nombres de Usuario". La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud". (Lo resaltado es propio). De la interpretación de los artículos transcritos, se obtiene, en lo que interesa, que en los procedimientos jurisdiccionales como en el caso, se puede solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; asimismo, que dicha solicitud esta´ conferida a las partes, por si´ o por conducto de sus representantes legales y a los autorizados en términos amplios con facultades expresamente otorgadas para ello. En el caso, de las constancias del juicio de amparo en que se actúa no se aprecia que la parte quejosa haya otorgado a la promovente facultades para solicitar la consulta del expediente electrónico; por tanto, no ha lugar a proveer favorablemente dicha solicitud, hasta en tanto se cumplan los extremos de los artículos referidos. Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

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